Funcionarios de alto nivel en Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, figuran entre los 10 señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Foto: Especial
El Departamento de Justicia de Estados Unidos destapó un expediente que coloca a diez figuras del poder en Sinaloa bajo sospecha de colaborar con el crimen organizado. Entre los señalados aparece el gobernador Rubén Rocha Moya, junto a funcionarios en activo y exservidores públicos.
La acusación, presentada en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, describe una presunta red de protección institucional que habría facilitado el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
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Las acusaciones: drogas, armas y protección criminal
De acuerdo con el documento oficial, los implicados habrían trabajado con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la fracción conocida como Los Chapitos.
Las imputaciones incluyen tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, así como delitos relacionados con armas. Las autoridades estadounidenses sostienen que existía una estructura de colaboración que permitía el traslado de drogas, a cambio de sobornos y respaldo político.
El caso escala aún más por la inclusión de delitos violentos: uno de los acusados enfrenta cargos por secuestro y homicidio de un informante vinculado a la DEA.
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Los nombres bajo la lupa
El expediente menciona a diez personas con cargos clave en la administración pública y fuerzas de seguridad de Sinaloa:
- Rubén Rocha Moya, gobernador
- Enrique Inzunza Cázarez, senador
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas
- Dámaso Castro Saavedra, fiscal adjunto
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe policial
- Alberto Jorge Contreras Núñez, exmando policial
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad
- José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector policial
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
- Juan Valenzuela Millán, excomandante municipal
Según la acusación, sus posiciones habrían sido clave para garantizar operaciones ilícitas, desde la logística territorial hasta la protección institucional.
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Sin detenidos y con penas severas en juego
Pese a la magnitud del caso, ninguno de los acusados ha sido detenido hasta ahora. Sin embargo, los cargos en Estados Unidos por narcotráfico y armas contemplan sanciones que pueden alcanzar la cadena perpetua, dependiendo del grado de implicación.
EL DATO
El señalamiento no solo golpea a figuras individuales, sino que abre un nuevo frente en la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. Las acusaciones colocan bajo escrutinio el funcionamiento de instituciones locales frente al avance del crimen organizado.
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