El Gobierno de Bélgica ha dado un paso que marca un punto de inflexión en la política energética europea: negociar la compra de todo su parque nuclear para mantenerlo operativo. La decisión, impulsada por el primer ministro Bart De Wever, no solo revierte años de planificación hacia el cierre progresivo de reactores, sino que sitúa a la energía nuclear en el centro del debate estratégico del continente.
“Se ha alcanzado un acuerdo con Engie para definir las condiciones e iniciar los estudios necesarios con vistas a una adquisición completa del parque nuclear belga. Mientras tanto, se suspenden de inmediato todas las actividades de desmantelamiento”, afirmó el jefe del Ejecutivo. La operación, aún en fase de negociación con la francesa Engie y su filial Electrabel, aspira a culminarse antes de octubre, con el objetivo de garantizar el suministro y reducir la dependencia exterior.
Durante años, Bélgica había apostado por el abandono progresivo de la energía nuclear. Cinco de sus siete reactores estaban en proceso de cierre entre 2022 y 2025, mientras que solo dos unidades —con licencia extendida hasta 2035— seguían operativas. Ahora, ese calendario queda en suspenso.
El nuevo plan no solo busca prolongar la vida útil de los reactores activos hasta 2045, sino incluso revertir el desmantelamiento de las instalaciones ya cerradas. En términos prácticos, supone una renacionalización parcial del sector nuclear, aunque el Gobierno evita emplear ese término.
La razón de fondo es clara: el modelo anterior ha quedado desbordado por la realidad geopolítica. La crisis energética iniciada tras la guerra en Ucrania y agravada por la inestabilidad en Oriente Próximo—especialmente en el Estrecho de Ormuz— ha disparado los precios y ha puesto en evidencia la vulnerabilidad europea frente a las importaciones de combustibles fósiles.
Seguridad energética frente a mercado: el choque con Engie
El giro belga también refleja un conflicto estructural entre intereses públicos y privados. Engie ha apostado por abandonar la energía nuclear para centrarse en renovables, baterías y gas. El Gobierno, en cambio, considera incompatible esa estrategia con sus objetivos de seguridad energética.
“Engie tomó la decisión de abandonar la energía nuclear. Respetamos esa decisión, pero un país con ambiciones nucleares y un operador que quiere abandonarlas no es una buena combinación”, resumió De Wever.
El desacuerdo no es solo estratégico, sino también financiero. El coste del desmantelamiento del parque nuclear —que supera los 8.000 millones de euros— es uno de los puntos más sensibles de la negociación. Bélgica pretende asumir el control de los activos, pero también deberá gestionar los pasivos asociados, lo que convierte la operación en una de las más complejas del sector energético europeo.
La decisión belga no se produce en el vacío. La Comisión Europea lleva meses enviando señales de cambio. Su presidenta, Ursula von der Leyen, ha defendido evitar el cierre prematuro de centrales que generan electricidad a bajo coste y sin emisiones directas de carbono.
Este reposicionamiento responde a una tensión estructural: la transición energética exige reducir emisiones, pero también garantizar estabilidad y precios competitivos. En ese equilibrio, la nuclear vuelve a aparecer como una tecnología puente.
El caso de Bélgica recuerda, además, precedentes recientes como el de Polonia o Francia, donde la energía atómica se mantiene o incluso se refuerza como pilar del sistema eléctrico. La diferencia es que Bruselas —capital política de la UE— se convierte ahora también en símbolo de ese giro.
Más que energía: autonomía estratégica
El movimiento belga tiene una dimensión que trasciende el sector eléctrico. Controlar las centrales nucleares implica reducir la exposición a shocks externos, reforzar la resiliencia industrial y ganar margen político en un contexto de creciente fragmentación global.
El propio Gobierno lo sintetiza así: busca una energía “segura, asequible y sostenible”, con “menor dependencia de las importaciones de combustibles fósiles y mayor control sobre nuestro propio suministro”.
Sin embargo, el camino no está despejado. La operación requiere aprobaciones regulatorias, acuerdos financieros complejos y la gestión de una industria con elevados riesgos técnicos y sociales. Además, el debate sobre la nuclear sigue siendo controvertido en amplios sectores de la sociedad europea.
Lo que está en juego en Bélgica no es solo el futuro de siete reactores, sino la dirección de la política energética europea. En un momento marcado por la volatilidad del mercado y la presión geopolítica, la apuesta por la nuclear refleja un cambio de prioridades: de la descarbonización acelerada a una transición más pragmática. @mundiario