En diciembre de 2022, la librería Sándor Márai, que acababa de abrir sus puertas en la ciudad de Chihuahua, fue clausurada con el pretexto de que faltaba una placa que indicara el aforo. “En México es mucho más seguro poner un antro o un table dance que una librería”, comentó el escritor Enrique Serna, que estaba ahí para presentar su libro Lealtad al fantasma.
La verdadera causa del atropello parecía ser política. La gobernadora María Eugenia Campos tenía en la mira a su antecesor, Javier Corral, dueño de la librería. Curiosamente, la clave podía ser hallada en los relatos de Serna, que tratan de los oscuros impulsos que llevan a hacer actos insólitos.
En ocasiones, alguien no puede desprenderse del fantasma que impulsa su conducta y a la gobernadora se le atribuía uno especial, César Duarte, que gobernó el estado de 2010 a 2016 y fue acusado de desviar fondos de la Tesorería del Estado por mil millones de pesos.
En solo dos años, Duarte hizo 163 vuelos a Estados Unidos en aviones oficiales con fines turísticos. Cuando dejó el poder, su “nómina secreta”, con la que sobornó a cerca de cien funcionarios, fue encontrada en una caja fuerte.
Duarte llegó a tener veinte órdenes de captura y el PRI los expulsó de sus filas en 2016. Estuvo prófugo de 2017 a 2020, fue detenido en Florida y extraditado a México en junio de 2022, donde purgó dos años de prisión preventiva. Al dejar la gubernatura, era dueño de “El Saucito”, rancho que a pesar del diminutivo consta de seis kilómetros cuadrados. Además, se le atribuían otras seis propiedades rurales.
En buena medida, esto se supo por las investigaciones de su sucesor, Javier Corral, quien no terminó su mandato coleccionando ranchos, sino dispuesto a abrir un centro cultural: la librería Sándor Márai.
El cierre de ese espacio tenía un tinte de venganza. ¿Qué motivación podía impulsar a la gobernadora? Se estima que fue una de las personas beneficiadas con la “nómina secreta” de César Duarte. Como en México es difícil consultar autoridades judiciales, me dirigí a la inteligencia artificial, que ofrece la siguiente información: “Investigaciones de la Fiscalía General de la República señalan que Campos recibió de 9-10 millones de pesos cuando era diputada para garantizar apoyo político”.
María Eugenia Campos ha vuelto a ser noticia por la muerte de dos miembros de la CIA en Chihuahua en un accidente de carretera, después de que participaran en el desmantelamiento de un laboratorio clandestino.
El gobierno federal ignoraba esa acción de la CIA en el país. Claudia Sheinbaum ha pedido información tanto a Campos como a la Agencia Central de Inteligencia y advirtió que puede tratarse de una violación a la Ley de Seguridad Nacional.
Una fuerte opacidad rodea el caso. Por lo que se sabe, cuarenta elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) participaron en el operativo contra el laboratorio, junto con cuatro personas no identificadas (dos de ellas resultaron ser espías extranjeros, identidad que se reveló con su muerte). El fiscal del estado, César Jáuregui, renunció sin aclarar la función del personal de la CIA en territorio mexicano.
En el accidente también murió Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la AEI. No es descabellado suponer que la responsabilidad de los hechos se le atribuya a quien ya no puede hablar.
Por el momento, la fiscal designada para investigar el caso, Wendy Chávez, perfecciona la confusión. De acuerdo con ella, no hay indicios de que “las personas de origen extranjero se presentaron, ostentaron o actuaron como integrantes o agentes de alguna institución o agencia de seguridad nacional o extranjera”. En otras palabras: los agentes secretos estuvieron ahí, pero no demostraron ser agentes secretos (lo cual, por supuesto, confirma su profesión). La explicación rinde tributo a Cantinflas y recuerda su definición de la palabra “cohecho”: “Un hecho contra hecho al que no hay derecho”.
CNN ofreció datos que contradicen a Wendy Chávez. A pesar de que siempre tuvieron cubierto el rostro, los agentes fueron identificados en fotos en las que llevan el uniforme de la Fiscalía General del Estado.
Parece difícil que la verdad sobre el caso provenga del gobierno de Chihuahua. Cerrar una librería y ejercer la impunidad pertenecen a la misma lógica. Enrique Serna tiene razón: ciertos actos sólo se entienden por el fantasma que los provoca.