Cuando en 1984, el periodista Alan Riding publicó su famoso libro Vecinos Distantes, la esperanza era que Estados Unidos y México abandonaran su indiferencia mutua y se enfrascaran, en su lugar, en una relación mutuamente benéfica.
Una década después, los dos países decidieron que sus destinos estaban imbricados y que la cooperación en materia de comercio, inversión, migración, energía, medio ambiente, seguridad nacional y narcotráfico era clave para el desarrollo de ambas naciones.
Con las tensiones del caso, así fue. De Clinton a Bush Jr, de Obama a Biden pasando incluso por la primera administración Trump, las relaciones bilaterales subieron de nivel a tal grado que México llegó a convertirse en el principal socio comercial de Estados Unidos sobre la faz de la tierra. Algo que en 1984 habría parecido imposible.
Una de las características de este nuevo arreglo fue que, aún tomando en cuenta las divergencias de poder, la relación fue entre países soberanos en plan de igualdad.
Ahora bien, hay varios signos que hacen pensar que el arribo al poder de Trump en 2024 podría cambiar la ecuación. Ya lo estamos viendo en la negociación del T-MEC. La presión contra el gobierno mexicano para que este se acople a los intereses económicos de Washington es cada vez más visible.
Así debemos entender la reciente acusación formal por parte de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya de tener vínculos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa. En efecto, el Departamento de Justicia de nuestro vecino del norte ha solicitado a México la detención del mandatario y de otros nueve funcionarios o exfuncionarios estatales.
Al gobernador se le acusa de colaborar con organizaciones criminales para el envío de drogas a Estados Unidos y delitos relacionados con armas y, de ser hallado culpable, la pena mínima que podría enfrentar es de 50 años de prisión.
Hay que decir que esta acción no ocurre en el vacío. Nadie que no esté poniendo atención ignora la existencia de acusaciones creíbles contra el gobernador por su posible involucramiento en el tráfico de estupefacientes y delitos conexos. A la luz de esto no parece que haya sido buena idea por parte del oficialismo tolerar las conductas del mandatario sinaloense.
Al tiempo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) cuestionó la falta de pruebas en la acusación, la Fiscalía General de la República (FGR) evalúa las solicitudes de detención enviadas por Washington.
Como resultado de todo esto, el Presidente estadounidense parece tener la mano en el juego de póker. La Presidenta se encuentra en una especie de callejón sin salida. Si no coopera con Washington, la administración Trump inculpará a más miembros de la clase política en el gobierno, lo que debilitaría su imagen adentro, aún si se envuelve en la bandera mexicana. Por otro lado, si coopera con Washington extraditando a Rocha Moya este podría revelar información que comprometa mucho más al oficialismo. No sería exagerado argumentar que todo esto debilita la posición mexicana en la negociación del T-MEC. Muchos advertimos en su momento de este riesgo. Larga es la mano del destino.