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Mundiario 01 May, 2026 17:52

Constitución, democracia, confusión, fascismo

La presidenta de la Comunidad Autónoma de Extremadura ha alcanzado su cargo gracias al apoyo de Vox. Para ello hubo de aceptar parte de los presupuestos políticos de ese partido. Ante las críticas de la oposición ha dicho algo que suena a salida fácil, pero que en realidad tiene su enjundia. Sus palabras, más o menos (no en todos los sitios la frase es idéntica), fueron las siguientes: “no es fascismo, señoría” … “es mayoría parlamentaria”…  es “democracia”. Es decir, la aritmética como argumento justificativo.

De entrada, ¿piensa sinceramente que la mayoría parlamentaria tiene capacidad para sanarlo todo? En Alemania, en 1933, el apoyo del centro (Zentrum) permitió que el nacionalsocialismo accediera al gobierno gracias a ese mecanismo de mayoría parlamentaria. No estamos en la misma situación, pero más didáctico hubiera sido explicar qué no es fascismo, añadiendo por qué el PP regional podía apoyar lo que el PP nacional ha rechazado.

Todo esto demuestra que, entre otras cosas, los ámbitos nacionales y regionales no deberían solaparse o confundirse, mezclando sus competencias. Lo clarificador sería que se ajustaran a sus respectivos ámbitos territoriales: lo que afecta exclusivamente a Extremadura, para Extremadura; lo que afecta al ámbito nacional, para el gobierno central, en exclusiva. Y el asunto de la emigración no es un asunto regional. Cuidado con que el regionalismo rompa, o corrompa, un principio fundamental, el de la igualdad entre las Comunidades Autónomas. El PP no es un partido federalista.

Se responderá que la jerarquía normativa lo resuelve, pero la realidad es que ni los mejores administrativistas se aclaran ante una política que se judicializa y una justicia que se politiza en un océano de normas contradictorias (más las de la UE y su apetito competencial, por el cual intenta regionalizar el espacio europeo para debilitar a los Estados que lo integran. Ni Soros lo hubiera pensado tan admirablemente bien).

Otras argumentaciones suyas son las siguientes: que el acuerdo responde a la voluntad expresada por los ciudadanos en las elecciones y que "las urnas han hablado". Es decir que, si mañana una mayoría electoral o parlamentaria se decidiera por el anarquismo, no cabría otra opción que disolver el Estado. Imposible que ella crea en esta lógica, a no ser que desconozca la Constitución.

Que sólo a través del acuerdo se pueden realizar políticas útiles para la ciudadanía extremeña. Extraordinario si no valiera sólo para lo que está a su derecha y en su región. Tal generosidad es necesaria, sobre todo frente a Trump, la UE, Marruecos, lo que ocurre en Gaza, frente al bloqueo en el Senado a mociones que denuncian la lesión del derecho internacional …

Que no puede haber una doble vara de medir por la que se critique en otros lo que se acepta para uno mismo. Cierto, pero aquí se produce la acostumbrada trasposición de fechas: fue el PP el primero en criticar tales bloques de gobierno.

La cuestión es que se está jugando con el lenguaje, con los conceptos, con los programas, de forma que se puede ser todo y nada a la vez; verdadero ataque a la médula de la democracia, es decir, a la buena fe en beneficio del ciudadano. La utilización indiscriminada de la palabra fascismo está degradando su peligroso contenido, a la vez que desvía la mirada de otro peligro más actual, el de un neoliberalismo sin reglas (liberal en el mar ajeno, intervencionista en el propio, etc.) que está devastando todo lo obtenido hasta ahora.

Por ejemplo, ¿es Milei fascista? El debate académico, el lenguaje equívoco, impiden ver cuál es el peligro real. Los fines pueden concurrir, pero los métodos son desiguales. Mussolini proclamaba que "Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado" lo que en cierto sentido contradecía la realidad. En Italia, bajo el maquillaje del control corporativista, se llevó a cabo una gran operación privatista. En Alemania, más. Los supuestamente estatistas privatizaron los servicios públicos nacionalizados durante la República de Weimar (ferrocarriles, bancos, siderurgias…). Pero, insistimos, los medios, importantes, son distintos.

¿Acaso Milei, autodefinido para el largo plazo como anarcocapitalista y minarquista para el corto, quiere todo para el Estado, o, por el contrario, lo quiere para la empresa privada, incluyendo servicios esenciales como sanidad, educación, vivienda (sin regulación, en un gran mercado libre), pensiones, cultura? El autoexcluido economista de Vox, Rubén Manso, que sostenía, o sostiene, que salvo justicia, policía y ejército, todo ha de entregarse a la iniciativa privada, ¿está en realidad tan lejos de su antiguo partido? Lo que hay que entender sobre todo es que estamos en una pronunciada pendiente que quiere acabar con el estado del bienestar, no en la construcción de un régimen estatista. Al gran poder le sobran los estados en cuanto limitan su ambición universalista. De ellos, con mentalidad decimonónica, sólo quiere su capacidad coactiva en beneficio propio.

En esta confusión de ideas, en esta falta de concreción (¿qué hace un multimillonario financiando una reunión progresista en Barcelona, ciudad en la que parte de ella guarda buena memoria de él por el referéndum de 2017 ?), donde derechas e izquierdas en muchas cosas se contradicen a sí mismas, igualándose paradójicamente (por ejemplo, guerras, derechos humanos, acceso a la vivienda, silencio ante enemigos próximos, reformas de la Constitución, o por el contrario, reconocimiento de la nacionalidad española para los saharauis, donde PP dice sí, junto a Sumar, y PSOE dice no) sólo nos queda el valladar de la Constitución, bien interpretada y extensamente aplicada. Lamentable que se haya dejado de estudiar como materia específica y diferenciada. Incluso sorprendería cómo se estudia en muchas facultades de Derecho.

La reforma del artículo 135 de la Constitución fue una decisión lamentable que tendrá efectos negativos durante mucho tiempo. Fue precarizarla por el fondo y por la forma en que se hizo; fue la desoberanización del país. Se nos impuso que los bancos extranjeros tuvieran prioridad sobre las necesidades sociales de los nacionales. Frente a la ambigüedad de los criterios políticos, programáticos, lo único que nos queda es convertir en realidad eso que tanto se proclama: ser escrupulosamente constitucionalistas. Los propios derechos sociales, su gasto, puede ser un eficaz límite a aventuras bélicas. Sería bueno que el ciudadano estuviera atento a las discusiones de los presupuestos del Estado.

Los artículos de la Constitución que van del 39 al 52 no son de aplicación directa. Contienen los principios rectores de la política social y económica (que casualidad). Pues ya es hora de que se desarrollen amplia y convenientemente, como no sucede con el caso de la vivienda digna proclamada (47), la sanidad, las pensiones, etc. Se dirá que se han desarrollado: sí, pero la sanidad de hoy es peor que la de ayer y mejor que la de mañana. Sí, pero se han vendido viviendas sociales a fondos buitres, lo que no se ha erradicado de una vez por todas a pesar de las sentencias judiciales. Ese debe ser el fondo contante del debate y no escaramuzas político-doctrinales que encima no son precisas. La pregunta que los españoles hemos de formularnos es ¿podría venir alguien con una política semejante a la de Milei y ponerla en práctica? ¿Podría la Constitución frenar esa política?

En este ambiente, la Constitución puede, debe utilizarse no sólo como una ley, sino como un canon cultural (a falta de otros más profundos y amplios), como una barrera de seguridad, de contención, frente a los que anteponen los intereses partidarios e incluso extranjeros a los de la nación. Una poderosa corriente neoliberal en el mundo ha anulado en la práctica el carácter de Estado social y democrático del que deberíamos gozar plenamente.

Junto a esto es necesario que se depure el lenguaje, de forma que no se pueda jugar demagógica y engañosamente con los términos. A muchas mentiras, consolidadas en estas últimas décadas, se les están cayendo las máscaras, pero de una forma intuitiva. La labor de que se conviertan en convicciones sin retorno es otra de las formas de sanar nuestra democracia, tan atascada en el cruce de dobles verdades, de dobles versiones, de dobles tratos, de dobles y a la vez iguales identidades. @mundiario

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