MORELIA, Mich., 18 de marzo de 2026.- Las tres principales cabezas del Congreso de Michoacán, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Fabiola Alanís Sámano; el presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García, y el presidente del Comité de Administración y Control, Juan Pablo Celis, todos de la 4T, exhibieron coincidencias en el respaldo al Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también diferencias de fondo sobre cómo enfrentar el recorte presupuestal que implicaría un posible despido masivo.
En sesión pública, este miércoles, el respaldo se escenificó con una imagen cuidadosamente montada por Morena: cartones colocados en sus curules con leyendas de apoyo al Plan B y con la fotografía de la mandataria federal. Ni el PT ni el PVEM replicaron el gesto. Desde ahí, la sesión dejó ver lo que después se confirmaría en tribuna: unidad discursiva hacia afuera, pero tensiones internas sobre cómo absorber el ajuste.
La también coordinadora de Morena, Fabiola Alanís, fijó la postura central: respaldo total al Plan B y compromiso de respetar los derechos laborales. “Las y los trabajadores del Congreso de Michoacán deben tener la certeza de que sus derechos van a ser respetados”, sostuvo.
Añadió que “se va a respetar la antigüedad…, los derechos ganados por años de servicio”, al tiempo que reconoció que debe hacerse “un análisis del funcionamiento del Congreso, pero no a costa de los derechos de los trabajadores”.
Sin embargo, el planteamiento dejó un vacío clave. La defensa se formuló en términos generales, sin precisar el alcance para personal de contrato, no basificado o no sindicalizado. El compromiso político fue no transgredir derechos laborales, pero no se tradujo en una garantía explícita de no despidos.
“Quisiera saber cómo le van a hacer”: Presidente del Congreso
La grieta apareció en voz del presidente del Congreso, Baltazar Gaona García. Aunque confirmó que el PT votará a favor del Plan B, colocó el problema en términos financieros concretos. “El Congreso del Estado tiene un presupuesto de mil 200 millones de pesos y… tendríamos que reducir un promedio de 420 millones”, advirtió.
Gaona desmenuzó el tamaño del ajuste y sus límites operativos: “¿Esto qué implica? Número uno, que los diputados si no cobraran un solo peso, no alcanza para tapar ese hueco”.
Añadió: “pudiéramos dejar de contratar a los medios de comunicación y tampoco alcanzaría para cubrir ese hueco de 420 millones de pesos”. Incluso planteó que “podríamos dejar de tener sesiones solemnes, condecoraciones, pues ni así alcanzaría el dinero”.
Luego llevó el argumento al terreno más sensible: la nómina. “Hoy en día aquí en el Congreso hay mil 50 empleados y es donde es el mayor costo del presupuesto”, expuso. Y remató: “sí se tendría que reducir la nómina por lo menos en unos 300 empleados”.
El mensaje fue directo hacia Morena: “tendrán que resolver los problemas que hay en el Congreso”. Incluso fue más allá al señalar que si la presidenta habla de excesos, “eso quiere decir que hay lujos y excesos en Morena porque es quien administra el recurso”. Y lanzó: “arriba el Plan B… pero quisiera saber cómo le van a hacer”.
Juan Pablo Celis: “no se puede vivir con privilegios eternos”
En respuesta, el presidente del Comité de Administración y Control, Juan Pablo Celis, asumió el costo político del ajuste. “Llegó el momento de ajustarse el cinturón para nosotros”, dijo, en alusión directa a diputadas y diputados.
Reforzó la línea de defensa laboral: “no podemos tocar los derechos ganados ya de los trabajadores”, pero al mismo tiempo reconoció excesos en la estructura legislativa. “No se puede vivir con privilegios eternos”, sostuvo.
Incluso retomó el discurso del propio bloque para marcar postura frente al PT: “como dice el eslogan, todo el poder al pueblo”, al insistir en que el ajuste debe recaer en la clase política y no en la base trabajadora.
Celis dejó ver que el ajuste no será menor y que aún no hay ruta definida. Adelantó que desde el Comité de Administración “estamos trabajando” y anunció que “seguramente tendremos pronto una reunión con la Junta de Coordinación Política” para revisar escenarios y decisiones.
Desde la representación parlamentaria de Morena, la diputada Eréndira Isauro reforzó la necesidad de revisión interna. “Es necesario que se rindan cuentas claras… revisemos cuánto personal tenemos”, planteó, al advertir que no se puede simular austeridad sin transparencia.
Así, entre carteles de respaldo y mensajes cruzados entre quienes encabezan el Congreso, el debate dejó al descubierto una contradicción central: la 4T empuja el Plan B, pero no tiene aún una ruta clara para absorber el recorte sin impactar la nómina.
El tema sigue en el aire. El presupuesto del Congreso depende en gran medida de recursos federales y el ajuste proyectado obliga a decisiones estructurales.
Por ahora, el compromiso político se limita a respetar derechos adquiridos, mientras permanece sin respuesta el destino de los mil 50 trabajadores del Legislativo, particularmente aquellos sin base o sin protección sindical.
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