El expresidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, recibió una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado que contempla 15 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos municipales y una multa de 15 millones de pesos, determinación que calificó como un ataque político rumbo a las elecciones de 2027.
El panista aseguró que la resolución no es definitiva y adelantó que presentará los recursos legales correspondientes para impugnarla. Además, rechazó haber incurrido en abuso de funciones durante su administración y sostuvo que no existe una acción que pueda atribuirse directamente a su persona.
A través de un posicionamiento público, Rivera Pérez cuestionó el momento en que se dio a conocer la determinación, al considerar que coincide con el inicio de la preparación del proceso electoral de 2027.
“Resulta preocupante la coincidencia de que esta determinación llegue precisamente al inicio del proceso electoral de 2027, por lo que considero legítimo cuestionar sus implicaciones políticas”, expresó.
El exalcalde afirmó que su administración se condujo con apego a la legalidad y señaló que el procedimiento no está relacionado con un supuesto mal manejo de recursos públicos.
También sostuvo que la resolución forma parte de un “ataque sistemático” en su contra, al sumarse a las actuaciones de la Contraloría Municipal registradas en mayo.
“Defenderé mi nombre, mi honor y mis derechos hasta las últimas consecuencias”, manifestó.
LA VERDAD ES LA MEJOR DEFENSA
— Eduardo Rivera Pérez (@eduardorivera01) November 4, 2026
He recibido una resolución NO definitiva del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla.
Quiero ser muy puntual: la administración que encabecé siempre se condujo con estricto apego a la legalidad.
En esta resolución, se me señala…
Sancionan también a exsecretario de Administración
La resolución también contempla sanciones contra Bernardo Arrubarrena García, quien se desempeñó como secretario de Administración y Tecnologías de la Información durante el gobierno de Rivera Pérez.
Al exfuncionario le fueron impuestas 10 años de inhabilitación y una multa de 10 millones 500 mil pesos.
Los señalamientos están relacionados con las revisiones de las cuentas públicas municipales correspondientes a 2022 y 2023, ejercicios en los que la Auditoría Superior del Estado (ASE) formuló observaciones por más de 306 millones de pesos.
De acuerdo con información difundida por el periodista Alejandro Mondragón, durante la revisión de la Cuenta Pública 2022 se emitieron nueve pliegos de observaciones por 45 millones 609 mil 595 pesos, además de 16 solicitudes de aclaración.
Entre los contratos cuestionados se encuentra uno por 20 millones de pesos otorgado a Remedios Producciones y Asociados para el arrendamiento de arcos de bienvenida, equipos de audio y sanitarios portátiles.
La documentación presentada para justificar estos servicios no especificaba las fechas ni los lugares donde habrían sido utilizados, según los señalamientos difundidos.
Observaciones por más de 261 millones de pesos en 2023
Para la Cuenta Pública 2023, las observaciones ascendieron a 261 millones 290 mil 675 pesos, distribuidos en 15 pliegos.
Entre los rubros que concentraron mayores cuestionamientos se encuentran 67 contratos por servicios profesionales, difusión en radio y televisión, así como producción de contenidos para internet, cuyo monto conjunto alcanzó 101 millones 739 mil 240 pesos.
Según la información difundida, de las 58 observaciones formuladas, 13 fueron aclaradas, seis derivaron en recomendaciones y otras 26 en solicitudes de aclaración.
En conjunto, las cuentas públicas de 2022 y 2023 acumularon observaciones por aproximadamente 306 millones 900 mil pesos, correspondientes a recursos cuya comprobación fue cuestionada durante los procesos de fiscalización.
Estos montos no deben confundirse con las multas impuestas a Rivera Pérez y Arrubarrena García, pues corresponden a conceptos distintos: las observaciones de las cuentas públicas y las sanciones individuales determinadas por el Tribunal de Justicia Administrativa.
Rivera Pérez aseguró que enfrentará el procedimiento mediante los recursos legales correspondientes y exigió que se garantice un proceso justo, imparcial y apegado a derecho.
