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El Clan Taddei sigue sumando irregularidades e indagatorias, luego que el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente, revelara el pasado viernes que entre 2014 y 2025, cinco empresas “con vínculos entre sí, es decir, comparten representantes legales y socios” obtuvieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos.

Se trata de las empresas Cajas Graf, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales y Seriplast de México, la cuales son señaladas de simular competencia; sin embargo, esta última empresa “justamente fue de las principales proveedoras de la anterior administración del INE”, y al mismo tiempo, los consorcios colaboraron con 20 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).

Carvente aclaró que algunas de las empresas comparten apoderados legales, siendo este José Alfredo Hernández Casillas, el proveedor de la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y Raymundo Francisco Hernández Casillas, hermano del empresario señalado, quienes aparecen en Cajas Graf y Seriplast, respectivamente.

”Es decir, estamos en un escenario de colusión o, bueno, de simulación en el que existen empresas únicas, pero en realidad están diseminadas en este grupo de cinco empresas”, aseveró el titular del OIC ante la Cámara de Diputados.

Además, informó que cinco servidores públicos, sin mencionar sus nombres, enfrenta procedimientos de responsabilidad administrativa por presuntas faltas graves, junto a la presentación de hallazgos de compras para la elección judicial, posibles conflictos de interés y reducciones injustificadas de penalizaciones a proveedores.

ESQUEMA DEL CLAN TADDEI EN EL INE

El titular explicó que el mecanismo consistía en presentar cotizaciones elevadas para incrementar artificialmente los precios de referencia, así como provocar la eliminación de propuestas más económicas y favorecer a una empresa que pertenece en el mismo grupo. Es decir, “nos ponemos de acuerdo, dos inflamos el precio, elevamos la mediana, descalifican a la más baja y resulta ganadora la que tuvo la propuesta más alta. Ese es el modo de operar de estas empresas”.

Esta revisión corresponde a 106 contrataciones de material electoral en organismos públicos locales electorales y 53 procedimientos de licitación pública con un monto correspondiente de 2 mil 461 millones de pesos en contratos identificados en las cinco empresas y no como un daño patrimonial al instituto.

De acuerdo con el desglose, Cajas Graf (vinculada a José Alfredo) concentró contratos por mil 72.88 millones de pesos (mdp); Formas Finas y Materiales, por 815.96 mdp; Corporativo ZEG, con 278.72 mdp; Comercializadora JVLY, por 208.40 mdp; y, por último, Seriplast de México, con 85.12 millones de pesos.

No obstante, informó ante las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción, que existen 18 expedientes relacionados con los hechos, de los cuales 13 continúan en investigación y cinco están en procedimiento de deslindar responsabilidades.

“¿NO NOS PUDIERON ADVERTIR DE ESTE CHOCHINERO?”

Ante las revelaciones del Órgano Interno de Control, diputados parte de las comisiones participantes reaccionaron ante el esquema de competencia simulada, en la cual exigieron que Taddei Zavala debería ir a prisión.

Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado, vicecoordinar de Morena y cercano a la Presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó que la exconsejera presidenta del INE debería ir a prisión por las irregularidades y corrupción en el órgano electoral.

“La señora Guadalupe Taddei debe ir a la cárcel. Deben de fincársele responsabilidades administrativas y responsabilidades penales. La Fiscalía General de la República debe abrir una investigación de oficio y debe intervenir de manera inmediata y directa en el aseguramiento de los bienes y de las cuentas, de los grupos y de las empresa que aquí hemos conocido como proveedoras de material y de insumos de carácter electoral”, comentó Ramírez Cuéllar durante la comparecencia de Víctor Hugo Carvente.

También consideró que es necesaria la información sobre el “cártel” o “sistema de coyotaje electoral” sean claras, en un contexto donde el próximo año se realizarán elecciones intermedias en México y el INE asegura que esta se llevará a cabo sin contratiempos: “Faltan 220 días (al 30 de octubre), todos vamos a ir a las urnas el próximo 6 de junio de 2027, con lo que nos ha dicho el día de hoy el titular del OIC y con lo que ha manifestado la ASF, nos muestran un panorama suficientemente claro para actuar con contundencia, con mucha profundidad y es el momento de que la Cámara de Diputados radicalice las acciones contra la corrupción y suprima los altos niveles de impunidad”, puntualizó.

A esta moción también se unieron diputados de partidos de oposición, quienes reclamaron a Carvente no haber alertado antes sobre la presunta red de corrupción en el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

“¿No nos pudo advertir de este cochinero? Lo vimos a usted en septiembre, dio un informe de 789 renglones y el cochinero solo lo referenció en seis (...) Mejor contrate a periodistas, ellos sí evidenciaron el tiradero, de los contratistas que se sienten dueños del INE”, le dijo Kenia López Rabadán del Partido Acción Nacional (PAN).

No obstante, las bancadas del PAN, Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) insistieron en que Morena debe asumir responsabilidad política ante el caso del Clan Taddei; al señalar que la crisis actual fue detonada por la reforma que otorgó a la entonces presidenta del INE la facultad de realizar nombramientos directos de los integrantes de la Junta General Ejecutiva del organismo.

El PRI, en específico, puntualizó que existe “una colonización de Morena en el INE”, señalando que simpatizantes del partido fueron incorporados a puestos clave en oficinas centrales del órgano electoral.

ASF REVELA ESQUEMA TADDEI

Mientras Carvente era duramente criticado y cuestionado por la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a cargo de Aureliano Hernández Palacios Cardel, reveló que dos compañías identificadas con las siglas “GC” y “GHC” acumularon contratos y operaciones por 8 mil 870 millones de pesos con diferentes entidades públicas, de forma principal en el ámbito electoral como el INE y los OPLEs de distintas entidades de México entre 2014 y 2026.

La ASF detalló que gracias a labores de inteligencia se detectó que de este monto 3 mil 790 millones de pesos corresponden a organismos electorales locales; mientras que al INE le corresponderían contratos con estas dos empresas por 430 millones de pesos, representando el 11.3% del total de contratos y operaciones.

“En los análisis de inteligencia que dan motivo a nuestra investigación, identificamos redes de vínculos entre ambos grupos y funcionarios, así como conexiones entre personas, servidoras públicas y distintas empresas. Quiero ser enfático. Estas investigaciones se desarrollarán con absoluta independencia, objetividad, rigor técnico y pleno respeto al debido proceso”.

Reafirmó que se ha comenzado una investigación de oficio respecto de irregularidades en el INE, por lo que esta investigación comprende también a todos los Organismos Públicos Locales Electorales, así como a las empresas, proveedores y personas, servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con los hechos.

Y se identificó que proveedores de una empresa analizada trabajaron con empresas dedicadas al timbrado de facturas, cuyas certificaciones fueron revocadas por trabajar con factureras, esto por 21.3 millones de pesos y otra de estas empresas se encuentra suspendida del padrón de proveedores

También se observaron elementos importantes acerca de la estructura y operación de las empresas, como operaciones entre sociedades de los mismos grupos, es decil que la empresa ganadora subcontrata a una de las que participan en los procesos de licitación y forman parte de los grupos señalados. Mientras que también se detectaron registros laborales reducidos o nulos, ya que “a pesar de facturar cientos de millones cuentan con menos de cinco trabajadores y en algunos casos ninguno”.

Siendo así que otra línea de investigación gira en torno a las posibles barreras que establecen una competencia desleal con el fin de garantizar la adjudicación de los contratos e incidiendo en los precios y en las condiciones en menoscabo del patrimonio público.

De acuerdo con el informe, los OPLEs que han signado contratos con estas empresas son:

- Veracruz con 484.4 millones de pesos;
- Oaxaca 370.3 mdp;
- Coahuila 306.3 millones de pesos;
- Puebla 286.6 mdp;
- Nuevo León 253.9 millones de pesos;
- Baja California 223.3 mdp;
- Aguascalientes 211 millones de pesos;
- Estado de México 163.7 millones;
- Jalisco 159.5 mdp;
- Yucatán 151.1 millones de pesos.

ASF afirmó que se encuentra realizando un estudio pormenorizado para identificar los orígenes de estas conductas desde los primeros años en que se establecen las operaciones relacionadas con los organismos electorales y estos grupos empresariales, esto con el fin de “combatir la corrupción enquistada en menoscabo de los recursos asignados a estas importantes funciones”.

COAHUILA, ¿EL INICIO DEL FIN DE TADDEI?

Coahuila se marca como un bastión importante en la ruptura entre Taddei y Hernández, las diferencias que surgieron por intereses comerciales en la entidad, así como la asignación de empresas ligadas al esquema en el estado con 306.3 millones de pesos.

Recientemente, se filtró otra grabación de José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de Cajas Graf y proveedor de instituciones electorales, que exhibe el rompimiento de la relación con Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, y las diferencias que, según él, surgieron por intereses comerciales en Coahuila.

Aunque solo se escucha al proveedor ‘favorito’ de Taddei, este acusa a la exconsejera del órgano electoral de intentar perjudicar sus negocios y de buscar terminar tanto la relación personal como los compromisos que, asegura, habían establecido: “Lo que quería ella era cortar la relación y el compromiso que había hecho”, afirma al inicio de la grabación filtrada al medio de comunicación La Saga.

El empresario reclama que durante tres años colaboró en la integración de la estructura del INE y en el desarrollo de proyectos, pero que Taddei habría buscado quedarse con el control de esos acuerdos: “Pasaste tres años jodiendo y formando toda la primera plana del INE como lo hice yo, además de la visión y la ubicación de proyectos que muchos se dieron y muchos se están dando ahora. Nada más que la señora quería todo para ella”, señaló en su conversación.

Advirtió que la exfuncionaria intentó perjudicarlo en Coahuila, por lo que en ese entonces no permitirá que intervenga en sus negocios; “los acuerdos deben ser que no se mete en mi negocio, porque quería chi%$&me en Coahuila”, apuntó el empresario.

También menciona posibles diferencias en Veracruz, por lo que llegó a creer que entre ambos existía una relación sentimental, pero que después interpretó sus acciones como parte de una estrategia para obtener ventajas comerciales; el estado en la costa del Golfo

de México es señalado por la ASF como el principal OPLE en tener contratos con las empresas relacionadas a los Hernández Casillas.

VANGUARDIA en su edición del 1 de noviembre reveló que el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) dio entre 2018 y 2024 cinco contratos por 192 millones de pesos a tres empresas ligadas a José Alfredo Hernández Casillas, de acuerdo a una revisión en el sistema de contratos del órgano electoral estatal.

Según la investigación de VANGUARDIA, existe el registro de tres contratos con la empresa Formas Finas y Materiales S.A de C.V., en 2018, 2020 y 2021 que en total sumaron 121 millones 870 mil 213 pesos por concepto de proveeduría de material electoral. Además de un contrato en 2024 a Cajas Graf S.A de C.V por 10 millones 685 mil 180 pesos también para la adquisición de material electoral, así como otro más con Corporativo Zeg S.A de C.V de 2023 por 59 millones 888 mil 248 pesos por el mismo fin.

En 2020, VANGUARDIA publicó que el IEC había adquirido material electoral a través de una licitación con “candados” que no se consideraban por la ley. En su momento, el “candado” se consideró como que el proveedor tenía que haber sido contratado por lo menos seis veces por organismos públicos que hayan celebrado procesos electorales en los últimos tres años. Así fue que en esa ocasión la licitación la ganó Formas Finas y Materiales S.A de C.V. Sin embargo, en la misma licitación participó Cajas Graf S.A de C.V. empresa ligada a José Alfredo Hernández Casillas, el ‘proveedor favorito’ de Guadalupe Taddei.

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