El informe elaborado por la comisión de expertos sitúa en 1.281 euros brutos mensuales la referencia para 2027, frente a los 1.221 euros actuales. La propuesta supone un aumento del 4,9%, equivalente a 840 euros brutos más al año para quienes cobran el salario mínimo durante catorce pagas.
La cifra no es casual. Los especialistas consideran que limitar la actualización salarial al porcentaje necesario para alcanzar el 60% del salario medio podría dejar a los trabajadores por detrás de la evolución de los precios. De hecho, sus cálculos apuntan a que bastaría con elevar el SMI hasta aproximadamente 1.254 euros para cumplir ese objetivo de referencia.
El problema es que una mejora porcentual del salario no garantiza necesariamente una mayor capacidad de compra. Si la alimentación, la vivienda, los suministros y el transporte se encarecen a un ritmo similar o superior, el incremento puede terminar absorbiéndose en los gastos cotidianos.
Por eso, la recomendación del 4,9% pretende preservar el valor real de las nóminas, siempre que se mantenga el escenario fiscal planteado por los expertos.
Los sindicatos reclaman más dinero y ponen el foco en los complementos
La propuesta técnica no ha cerrado la discusión. CCOO y UGT mantienen su intención de reclamar un incremento del 7%, una diferencia importante respecto al porcentaje recomendado por los especialistas.
Pero la negociación no gira exclusivamente alrededor de cuánto debe subir el salario mínimo. Los sindicatos también quieren impedir que las empresas utilicen determinados complementos salariales para neutralizar el efecto de la actualización.
Esta cuestión tiene consecuencias directas para las nóminas. Si una subida del SMI puede compensarse mediante la absorción de determinados pluses, algunos trabajadores podrían comprobar que su salario total apenas mejora, pese al aumento del mínimo legal.
La patronal, por su parte, ha cuestionado el calendario de la medida y ha expresado sus reservas ante una posible aprobación coincidente con la campaña electoral.
Quién puede beneficiarse y qué falta para que entre en vigor
La actualización afectaría especialmente a quienes perciben el salario mínimo o tienen retribuciones vinculadas a él. También podría repercutir en determinados convenios colectivos y escalas salariales, aunque no todos los trabajadores recibirían automáticamente 60 euros adicionales.
Hay otro elemento relevante: el tratamiento fiscal. El Gobierno contempla mantener una fórmula para evitar que el SMI tribute en el IRPF, una cuestión que ha generado diferencias entre Trabajo y Hacienda en anteriores ejercicios.
La subida tampoco necesita una votación de convalidación en el Congreso. Su aprobación corresponde al Consejo de Ministros mediante un real decreto, previa consulta a sindicatos y empresarios. Esto significa que el Ejecutivo puede sacarla adelante incluso sin una mayoría parlamentaria que respalde expresamente la medida.
La cuestión de fondo es si el nuevo salario mínimo permitirá mejorar realmente la economía doméstica o si buena parte del incremento terminará absorbida por el encarecimiento de los gastos esenciales. Para los trabajadores, el debate no debería limitarse a celebrar una cifra más elevada: también importa que el dinero llegue efectivamente a sus bolsillos y se traduzca en una mejora de sus condiciones de vida. @mundiario
