El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuestionó al Estado mexicano por las consecuencias de la violencia del crimen organizado en el acceso a la salud, la educación y la vivienda; la situación de las familias de personas desaparecidas; las restricciones al juicio de amparo y las garantías de consulta a comunidades indígenas ante proyectos de infraestructura y explotación de recursos naturales.
Durante la revisión del séptimo informe periódico de México, realizada este 4 de noviembre en Ginebra, el relator del país, Ludovic Hennebel, reconoció avances registrados desde 2018 en materia de reducción de la pobreza, recuperación del salario mínimo y ratificación de convenios laborales, pero advirtió que también existen motivos de preocupación y que las reformas aprobadas desde la presentación de las respuestas escritas del Gobierno, a finales de 2024, requieren una evaluación sobre sus efectos en los derechos humanos.
Uno de los principales cuestionamientos se refirió a la violencia vinculada con organizaciones criminales. Hennebel señaló que, de acuerdo con información recibida por el Comité, en algunas regiones la inseguridad ha provocado que personal médico tenga temor de acudir a trabajar, que se interrumpan servicios de salud y vacunación, y que familias abandonen sus hogares.
El relator pidió al gobierno explicar cómo evalúa las consecuencias de la violencia en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, qué medidas adopta para garantizar la continuidad de servicios esenciales y si ha investigado posibles vínculos o actos de connivencia entre grupos criminales y autoridades federales, estatales o municipales.
César Villanueva Esquivel, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que el gobierno mantiene una política de tolerancia cero frente a las desapariciones y afirmó que los homicidios disminuyeron 52% y los delitos de alto impacto 36% durante los dos años anteriores.
Los expertos también pidieron explicaciones sobre los efectos de la reforma a la Ley de Amparo de 2025, ante señalamientos de que habría limitado la posibilidad de que comunidades defiendan sus derechos colectivos y el medio ambiente frente a megaproyectos y actividades extractivas.
La representación mexicana defendió la reforma judicial bajo el argumento de que se abrió el acceso a los cargos judiciales y se establecieron mecanismos de evaluación y disciplina. Además que la nueva integración de los tribunales ha favorecido la paridad de género y la incorporación de sectores que anteriormente tenían menos oportunidades de acceder a esos puestos.
