Las empresas españolas quieren cambiar las reglas de las bajas laborales. Su principal reivindicación pasa por trasladar a la Seguridad Social el coste de las prestaciones económicas durante la incapacidad temporal y conceder más competencias a las mutuas para supervisar los procesos médicos. Sin embargo, existe una contradicción en el planteamiento empresarial: mientras reclama una legislación más estricta para los trabajadores, la mayoría de las compañías reconoce que apenas ha desarrollado mecanismos propios para prevenir las ausencias.
El último Estudio sobre Clima Empresarial de la Cámara de Comercio de España, publicado este jueves, pone cifras a esta postura. Ocho de cada diez empresas consideran que endurecer la normativa es una de las principales herramientas para combatir el absentismo. La propuesta refleja el creciente malestar de las organizaciones por el incremento de las bajas, pero también abre un debate sobre quién debe asumir la responsabilidad de un problema que no depende exclusivamente de los empleados.
Entre las medidas que defienden los empresarios destaca ampliar la intervención de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Algo más de la mitad de las compañías encuestadas respalda esta posibilidad. Asimismo, cuatro de cada diez quieren mejorar la coordinación entre empresas, mutuas y servicios públicos de salud, mientras que un porcentaje similar considera que los empleadores deberían dejar de abonar la prestación económica durante las bajas.
La reivindicación coincide con las posiciones que ha defendido la CEOE y con las propuestas del Partido Popular, que plantea revisar el funcionamiento del sistema para reducir la carga económica que soportan las empresas.
Sin embargo, el estudio revela que las organizaciones no están poniendo el mismo empeño en mejorar sus propias condiciones laborales. Cerca del 85% reconoce que no ha implantado protocolos internos específicos para reducir el absentismo. La diferencia entre las exigencias dirigidas al legislador y las actuaciones dentro de las compañías constituye uno de los aspectos más significativos del informe.
Las empresas reclaman más control, pero invierten poco en prevención
La encuesta de la Cámara de Comercio también permite observar qué soluciones despiertan menos interés entre los directivos. Menos del 18% de quienes reclaman cambios normativos menciona alternativas como el teletrabajo, la flexibilidad horaria o las medidas de conciliación. Los programas de salud laboral, prevención de riesgos y mejora del ambiente de trabajo apenas aparecen en una de cada diez respuestas.
Este desequilibrio resulta especialmente relevante porque el absentismo no responde a una única causa. Las enfermedades, las condiciones de trabajo, la organización de las jornadas, la carga laboral y las dificultades para acceder a la atención sanitaria pueden influir en la duración y frecuencia de las ausencias.
Por tanto, trasladar los costes de las prestaciones o ampliar las competencias de las mutuas no resuelve necesariamente los factores que originan las bajas. El debate empresarial se concentra en quién controla los procesos y quién paga, mientras la prevención queda relegada a un segundo plano.
Las bajas laborales aumentan, aunque no todas las empresas las consideran un problema grave
Las cifras de la Seguridad Social confirman que la incapacidad temporal continúa creciendo en España. Durante el primer semestre del año, la prevalencia media de las bajas por contingencias comunes alcanzó los 55,18 procesos por cada 1.000 trabajadores asalariados. La proporción supera los 54,13 casos registrados en el mismo periodo del año anterior y los 50,46 de 2024.
Pese a esta evolución, la percepción empresarial no es uniforme. Menos del 30% de los directivos consultados afirma que las bajas han aumentado en su propia compañía durante el último año. Además, menos del 40% considera que el absentismo representa un problema grave para su organización.
La diferencia entre la preocupación general y la experiencia particular de las compañías sugiere que el fenómeno tiene una distribución desigual. No todas las plantillas presentan las mismas dificultades ni todos los sectores soportan el mismo impacto económico y organizativo.
De hecho, el tamaño de la empresa marca una diferencia importante. Cerca del 74% de las organizaciones con al menos 100 trabajadores considera que el absentismo constituye un problema grave. Entre las pequeñas y medianas empresas, en cambio, el porcentaje no alcanza el 30%.
Esta brecha también se refleja en las actuaciones internas: el 51% de las grandes compañías ha puesto en marcha alguna iniciativa para reducir las ausencias, frente a solo el 12% de las empresas con menos de 50 empleados.
El absentismo pierde peso frente a otros problemas empresariales
Aunque las organizaciones reclaman cambios legislativos, el absentismo no encabeza la lista de dificultades que condicionan su actividad. Solo el 18% de las compañías lo sitúa entre sus tres principales preocupaciones.
El encarecimiento de los insumos y los suministros ocupa el primer puesto, con un 42% de las respuestas. También preocupan la falta de profesionales cualificados, el aumento de los costes laborales y la presión fiscal.
La comparación permite entender mejor las prioridades del tejido empresarial. Ante el incremento de los costes de producción, alrededor del 70% de las compañías prevé subir sus precios de venta en 2027 para proteger sus márgenes. En cambio, frente al absentismo, la solución que más respaldo recibe consiste en modificar la legislación y reforzar los mecanismos de supervisión.
Feijóo y la CEOE llevan el absentismo al debate político
La discusión sobre las bajas laborales también ha adquirido protagonismo en la campaña electoral. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha convertido el absentismo en uno de sus argumentos para cuestionar la situación económica y la gestión de la incapacidad temporal.
En sus intervenciones ante distintos foros empresariales, Feijóo ha llamado la atención sobre la concentración de partes médicos los lunes y ha planteado reforzar las competencias de las mutuas colaboradoras. Entre sus propuestas figura permitir que estas entidades puedan emitir altas médicas en los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes.
La iniciativa coincide con las demandas de la CEOE, que ha insistido en la necesidad de revisar el sistema y reducir las cargas que soportan las empresas durante las bajas de sus trabajadores.
El problema es que cualquier modificación de este modelo afecta directamente al equilibrio entre los derechos de los empleados, la sostenibilidad del sistema público y las necesidades de las compañías. Ampliar las competencias de las mutuas o modificar quién paga las prestaciones puede aliviar determinadas obligaciones empresariales, pero también obliga a examinar las garantías médicas y laborales de quienes necesitan una baja.
El informe de la Cámara de Comercio deja así una cuestión sobre la mesa: si las empresas consideran que el absentismo es un problema estructural, ¿por qué la mayoría todavía no ha desarrollado medidas suficientes para prevenirlo desde dentro? La respuesta legislativa puede modificar las reglas del juego, pero difícilmente resolverá por sí sola las causas que llevan a un trabajador a ausentarse. @mundiario
