La crisis ferroviaria provocada por el accidente de Urda, que dejó 69 muertos, ha coincidido con una nueva sacudida judicial en el Ministerio de Transportes. Apenas unas horas después de la dimisión del presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y de la salida de Óscar Puente del departamento, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto en marcha una operación sobre presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública durante la etapa de José Luis Ábalos.
El despliegue, desarrollado bajo secreto judicial, ha tenido tres escenarios principales: la sede de Adif Alta Velocidad en Madrid, el domicilio de Ábalos en Valencia y la provincia de Córdoba, donde los agentes han detenido al empresario Cristian Abel Corvillo. La nueva actuación abre una pieza separada dentro de la investigación del caso Koldo y apunta a contratos que hasta ahora no habían ocupado el primer plano de las pesquisas.
La operación parte de un informe de la UCO remitido el pasado 3 de noviembre al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor de la causa. Tras recibirlo, el magistrado ordenó abrir una nueva pieza separada dentro de las diligencias previas 65/2023, en concreto en la investigación dedicada a los contratos de obra pública. La Fiscalía Anticorrupción respalda esta decisión. La providencia judicial, de carácter escueto, acredita la recepción del informe número 168/26, elaborado por el área de Delincuencia Económica de la Guardia Civil, y dispone la apertura de la nueva línea de investigación. El secreto de las actuaciones impide conocer por ahora el contenido íntegro del documento, aunque fuentes de la investigación apuntan a que recoge indicios sobre nuevos posibles amaños de adjudicaciones.
La presencia de los agentes en Adif Alta Velocidad vuelve a situar al administrador ferroviario en el centro de las pesquisas. No es la primera vez que la UCO acude a sus instalaciones: en junio de 2025 recabó documentación sobre expedientes de contratación y, el pasado septiembre, el juez volvió a reclamar información sobre contratos bajo sospecha.
La investigación examina el supuesto favorecimiento de constructoras mediante adjudicaciones públicas a cambio de comisiones ilegales. Entre las empresas que aparecen en las resoluciones judiciales figuran Acciona Construcción, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR). En un auto del 22 de julio, el juez Moreno situó parte de los contratos investigados en Adif y en la Dirección General de Carreteras, y atribuyó indiciariamente un papel facilitador a la expresidenta del gestor ferroviario Isabel Pardo de Vera y al antiguo director general de Carreteras Javier Herrero.
Registro en la vivienda de Ábalos y detención en Córdoba
Otro de los focos del operativo ha sido el domicilio de Ábalos en la avenida de la Constitución, en el barrio valenciano de La Zaidía. Los agentes acudieron a la vivienda e interrogaron, en presencia de su abogado, a Andrea de la Torre, pareja del exministro, que se encontraba en el inmueble cuando llegaron los investigadores.
Ábalos, que permanece en prisión preventiva desde hace casi un año y ya ha sido condenado por el Tribunal Supremo, vuelve así a aparecer en una actuación policial vinculada a la etapa en la que dirigió Transportes. La nueva pieza se incorpora a una investigación que afecta también a su antiguo asesor Koldo García y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
La detención de Corvillo supone otro de los elementos relevantes de la jornada. El empresario, antiguo militante socialista, fue conductor de Pedro Sánchez durante la campaña de las primarias de 2017 y ya había aparecido en informes de la UCO por sus conexiones con Víctor de Aldama, considerado uno de los principales comisionistas investigados en el caso Koldo.
Su nombre adquirió relevancia cuando los investigadores analizaron las gestiones para adquirir un chalé en La Alcaidesa (Cádiz), valorado en más de medio millón de euros y que, según las sospechas policiales, podría haber estado destinado a Ábalos. Un informe de la Guardia Civil situó a Corvillo “a las órdenes” de Aldama en aquella operación inmobiliaria.
Del equipo de Sánchez en las primarias a la órbita de Aldama
Las comunicaciones intervenidas por los investigadores aportaron nuevos detalles sobre esa relación. El 24 de enero de 2021, Aldama remitió a Corvillo el anuncio del inmueble de La Alcaidesa y este dio su aprobación. La UCO también localizó mensajes sobre una reunión que ambos habían concertado con el entonces ministro de Transportes el 8 de enero de ese año.
Los agentes sospecharon además que Corvillo pudo actuar como supuesto “testaferro” de Aldama en otra operación inmobiliaria, relacionada con la adquisición de una vivienda en La Moraleja, en Alcobendas. Las pesquisas se extendieron a su hermano Rubén, vinculado a sociedades mercantiles relacionadas con el entorno empresarial del comisionista. Entre ellas figura Corvillo Energy, compañía que adquirió participaciones en otra mercantil utilizada por Aldama para recibir fondos relacionados con las adjudicaciones de mascarillas investigadas por la Guardia Civil.
La trayectoria de Cristian Corvillo también reviste de un cariz político a la operación, que se ejecuta en plena precampaña de las elecciones generales del 29-N. Durante las primarias socialistas de 2017, en las que Sánchez recuperó la Secretaría General del PSOE frente a Susana Díaz y Patxi López, ejerció como conductor del entonces candidato en sus desplazamientos por Andalucía. Aquella campaña le permitió entrar en contacto con dirigentes del entorno de Sánchez, entre ellos Ábalos, que desempeñó un papel destacado en el regreso del actual presidente del Gobierno al liderazgo del partido.
Corvillo compareció en marzo de 2025 ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde se negó a responder a las preguntas de los parlamentarios. En septiembre también declaró como testigo ante el juez Santiago Pedraz en la investigación sobre el presunto fraude de hidrocarburos vinculado a Aldama. Su hermano Rubén compareció igualmente en esa causa.
Adif y Servinabar, bajo el foco de la investigación
La nueva operación se suma a las distintas líneas abiertas sobre el supuesto funcionamiento de una red de adjudicaciones irregulares durante la etapa de Ábalos en Transportes. Una de las principales gira alrededor de Servinabar, sociedad vinculada al empresario Antxón Alonso y cuya relación comercial con Acciona está siendo examinada por la Guardia Civil.
Los investigadores sospechan que Cerdán y personas de su entorno familiar pudieron beneficiarse de fondos procedentes de esa empresa. Se trata de una de las conexiones que han ampliado el alcance político y empresarial del caso hasta los gobiernos de Navarra y Euskadi, inicialmente centrado en los contratos de material sanitario durante la pandemia. @mundiario
