Parece ya un lugar común hablar de la injerencia del crimen organizado en la política y en las elecciones.
Pero la cuestión es preguntarnos cómo y cuándo llegamos hasta acá, a este nivel de complicidades que alteran la vida de la sociedad toda, desde su viabilidad económica hasta los códigos éticos de la convivencia social, pasando por la garantía más elemental que cualquier gobierno está obligado a ofrecer a la ciudadanía, la seguridad.
Bien cabe el calificativo de crimen organizado para describir a este otro “poder fáctico” que ha penetrado las más diversas esferas de las decisiones públicas, ya que para ello requiere un alto nivel de organización para coaligarse con grupos políticos, incrementar su nivel de influencia y blindaje para actividades ilícitas.
Desde mi experiencia en organización de elecciones del 2008 al 2023 pude observar cambios muy importantes en la injerencia de grupos criminales en la vida política, que pasó de la cooptación de autoridades electas en zonas muy específicas del país a la imposición o inhibición de candidaturas y al financiamiento de campañas.
Inicialmente se trataba de fenómenos aislados y focalizados en los que este tipo de actividades salían a la luz después de los comicios, ya que durante los procesos electorales tendían a ocultarse.
La “luz mediática” propia de las elecciones resultaba incompatible con la lógica de clandestinidad del crimen organizado, que evita la exposición excesiva.
Sin embargo, el patrón fue evolucionando. Se pasó de hechos focalizados a escenarios en los que el crimen organizado influía directamente en la imposición de candidaturas dentro de distintos partidos políticos.
Esta situación derivó en denuncias públicas y en la cancelación de algunos registros, pocos, por cierto.
El cambio se volvió más evidente en 2021, cuando estuvieron en juego 15 gubernaturas y de las cuales, Morena obtuvo 11 triunfos, 12 si se incluye San Luis Potosí, donde sus aliados, el PVEM y el PT, obtuvieron la mayoría.
Ese año, el mapa político nacional se transformó de manera significativa a favor de Morena, que pasó a gobernar más de la mitad de las entidades federativas.
Este fenómeno se observó con particular claridad en el corredor del Pacífico —Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Guerrero y Michoacán—, aunque también alcanzó a estados como Zacatecas y San Luis Potosí, que no escaparon a esta dinámica.
No se pueden entender algunos de esos resultados electorales únicamente a partir de la conducta de los electores, más bien, se observan patrones “extra electorales” que incidieron para inclinar los resultados a favor o en contra de algún partido político.
Ahora bien, si uno revisa los expedientes de las elecciones que llevaron a la calificación de las mismas prácticamente no se encuentran denuncias sobre la presencia del crimen organizado en los procesos electorales.
Son muy pocos los casos en los que esos relatos se tradujeron en denuncias formales. En las elecciones del 2021, el único caso fue la elección de gubernatura en Michoacán, en donde sí hubo evidencia que llevó a la Sala Superior del TEPJF a anular la elección en cuatro municipios de aquella entidad.
La sentencia señala expresamente que la presencia del crimen organizado alteró las condiciones electorales en esas localidades, sin embargo, la Sala Superior concluyó que no se trató de un hecho generalizado que pudiera llevar a la anulación de la elección de la gubernatura.
Estamos ante un proceso que fue de la presencia del crimen organizado en regiones muy específicas del país y para blindajes de sus actividades a la imposición de candidaturas y al financiamiento de campañas.
Este proceso se acentuó a partir de 2018 y encuentra en 2021 un punto de quiebre en donde el crimen organizado da un paso decisivo, no solamente para blindarse en su quehacer, sino para influir en la vida pública en alianza con grupos políticos.
Sin duda la colusión de las autoridades responsables de garantizar la seguridad de la ciudadanía es un elemento que está presente y que ahora en el caso de Sinaloa queda al descubierto.
El patrón es claro, y lamentablemente permea otras entidades como Tamaulipas en donde el actual gobernador fue jefe de campaña de Rocha Moya.
Todo lo que hoy es de conocimiento público pone en jaque al gobierno y a Morena. El hecho de que Rocha Moya haya solicitado licencia probablemente constituya un intento por contener la avalancha de denuncias en contra de otros funcionarios públicos, tanto federales como locales.
Pero también resulta significativo, y en política no hay casualidades, que este fin de semana Claudia Sheinbaum haya visitado Chiapas y en particular Palenque.
Independientemente de si se reunió o no con su antecesor, el solo hecho de su presencia en esa entidad, y específicamente en esa localidad, envía una señal clara: la presidenta de la República respaldará a quien tiene una responsabilidad relevante en este estado de cosas y en el deterioro del Estado mexicano.