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Vanguardia 05 Nov, 2026 10:55 (4 min de lectura)
Observatorio Neutral

SCJN valida reforma electoral de San Luis Potosí; evaluaciones de confianza serán voluntarias

Por Redacción Vanguardia En Politica México, San Luis Potosí
SCJN valida reforma electoral de San Luis Potosí; evaluaciones de confianza serán voluntarias
PUNTOS CLAVE DEL ANALISIS (IA SCOPE)
• SCJN valida constitucionalidad de la reforma electoral en San Luis Potosí.
• Se reduce el número de sindicaturas y se establecen evaluaciones voluntarias.

SCJN valida reforma electoral de San Luis Potosí; evaluaciones de confianza serán voluntarias

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/ 5 noviembre 2026 10:55
    SCJN valida reforma electoral de San Luis Potosí; evaluaciones de confianza serán voluntarias
    La Corte declaró constitucional el decreto que modifica la integración de ayuntamientos y establece controles de confianza voluntarios para aspirantes a cargos públicos. Cuartoscuro

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La SCJN validó la reforma electoral de San Luis Potosí, que reduce sindicaturas y establece evaluaciones voluntarias de confianza

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la constitucionalidad de la reforma electoral de San Luis Potosí, que contempla cambios en la integración de los ayuntamientos, entre ellos la disminución del número de sindicaturas, así como evaluaciones voluntarias de control de confianza para las personas que aspiren a cargos de elección popular.

Durante una sesión del Pleno, el Máximo Tribunal validó el procedimiento legislativo que dio origen al Decreto 0571, mediante el cual se reformaron la Constitución Política local, la Ley Electoral, la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley de Control de Confianza, todas del estado de San Luis Potosí.

La resolución también determinó que el decreto cumplió con el plazo mínimo de 90 días establecido en el artículo 105, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la entrada en vigor de modificaciones en materia electoral.

La reforma fue publicada el 29 de junio de 2026, mientras que el inicio del proceso electoral local está previsto para el 15 de noviembre del mismo año.

SCJN DESCARTA OBLIGACIÓN DE CONSULTA PREVIA

En cuanto a la consulta previa, la Suprema Corte concluyó que las disposiciones de la reforma regulan aspectos generales de las instituciones y los procedimientos electorales, sin generar una afectación directa y diferenciada en los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, ni de las personas con discapacidad.

Por esta razón, determinó que no existía la obligación de realizar una consulta previa a estos sectores antes de aprobar las modificaciones.

VALIDA CAMBIOS EN LA INTEGRACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS

El Pleno también avaló las disposiciones que modifican la integración de los ayuntamientos, al considerar que responden al deber de armonizar la legislación estatal con la reforma al artículo 115 de la Constitución federal.

La SCJN señaló que, al tratarse de adecuaciones derivadas de un mandato constitucional, el Congreso de San Luis Potosí podía recurrir a un procedimiento legislativo de carácter sumario.

Entre los cambios contemplados se encuentra la disminución del número de sindicaturas en los gobiernos municipales.

EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA NO SERÁN REQUISITO PARA CANDIDATURAS

Respecto a las evaluaciones y certificaciones de control de confianza, la Suprema Corte validó las normas que modifican su régimen jurídico, al establecer que participar en estos mecanismos es una decisión libre, expresa y estrictamente voluntaria.

En consecuencia, la negativa de una persona aspirante a someterse a la evaluación no puede impedir el registro de su candidatura ni generar consecuencias jurídicas desfavorables.

El Tribunal precisó que la autoridad electoral únicamente recibe la certificación correspondiente, sin tener acceso al contenido de la evaluación ni facultades para utilizar sus resultados al momento de determinar la elegibilidad de las candidaturas.

Además, aclaró que este mecanismo no convierte a las personas candidatas en sujetos obligados del régimen de evaluación previsto para las instituciones de seguridad pública.

La legislación también garantiza la confidencialidad de la información obtenida durante las evaluaciones y prohíbe divulgar su contenido.

La decisión corresponde a la acción de inconstitucionalidad 94 y su acumulada 98, ambas de 2026, resueltas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la sesión del 3 de noviembre de 2026.

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