México todavía está a 59 días del inicio de las precampañas federales de 2027, pero al menos cuatro actores políticos han sido asesinados desde que comenzó el proceso electoral, el pasado 10 de septiembre.
Entre las víctimas se encuentran un aspirante a una presidencia municipal, dos regidores y un exalcalde, cuyos homicidios ocurrieron en Veracruz, Guerrero, Michoacán y Morelos, de acuerdo con un recuento preliminar de casos documentados.
Aunque las autoridades no han establecido que todos los crímenes tengan motivaciones electorales, los asesinatos ocurren cuando apenas han transcurrido 57 días del proceso y México se prepara para renovar más de 19 mil cargos locales y las 500 diputaciones federales.
El panorama recupera las advertencias de organizaciones nacionales e internacionales sobre la violencia contra funcionarios y aspirantes, particularmente en los municipios, donde se concentra buena parte de las agresiones documentadas en elecciones anteriores.
Cuatro asesinatos antes de las precampañas
El caso más reciente ocurrió el 4 de noviembre en Cuernavaca, Morelos, donde Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena y reconocido activista social, fue asesinado a balazos cuando circulaba por el poblado de Acapantzingo.
El funcionario había cuestionado públicamente decisiones del gobierno municipal, entre ellas las relacionadas con el desarrollo inmobiliario La Cazahuatera. Sin embargo, hasta ahora no existe información oficial que vincule esas controversias con su homicidio.
Semanas antes, el 11 de octubre, Jorge Guerrero García, exalcalde priista de Otatitlán, Veracruz, fue asesinado en ese municipio. El político había gobernado entre 2014 y 2017 y buscó nuevamente la presidencia municipal durante las elecciones de 2025.
En Guerrero, Arturo Marín Acevedo, aspirante de Morena a la alcaldía de Cuajinicuilapa, fue asesinado el 17 de octubre. Había manifestado públicamente su intención de participar en el proceso interno de selección del partido. Su esposa resultó herida durante el ataque.
El 28 de octubre, Adán Rodríguez Ávalos, regidor del PRI en Indaparapeo, Michoacán, fue asesinado junto con su esposa, Martha Reyes Salinas, cuando viajaban en una camioneta. Su hijo también resultó lesionado.
Estos cuatro casos no representan necesariamente la totalidad de la violencia política registrada desde septiembre. Tampoco existe evidencia pública suficiente para clasificarlos a todos como homicidios de motivación electoral.
La violencia que dejaron las elecciones anteriores
El antecedente es preocupante. De acuerdo con el reporte final de Integralia Consultores, durante el proceso electoral de 2020–2021 se registraron 299 víctimas de violencia política, mientras que en 2023–2024 la cifra aumentó a 889.
Esto representó un incremento de 197.3%, aunque las cifras incluyen distintas agresiones, como asesinatos, amenazas y atentados, además de víctimas colaterales y familiares de actores políticos.
Tan solo en el proceso de 2024, Integralia contabilizó 268 víctimas de asesinato dentro de ese universo amplio. Entre ellas identificó a 39 aspirantes o candidatos asesinados.
El mismo estudio encontró que 75% de los ataques contra candidaturas se concentraron en el ámbito municipal, mientras que 92% de las candidaturas asesinadas buscaban puestos de elección en ese nivel de gobierno.
Por su parte, el proyecto Votar entre Balas, de Data Cívica, documentó 3 mil 81 eventos de violencia político-criminal entre 2019 y el 29 de septiembre de 2026.
El registro incluye amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros contra personas vinculadas con la política y el gobierno, así como ataques a instalaciones públicas o partidistas.
Según sus resultados históricos, 78.2% de las personas e instalaciones atacadas correspondían al ámbito municipal, lo que refuerza la necesidad de analizar los riesgos que enfrentan los gobiernos locales.
Partidos exigen justicia por los asesinatos
Los crímenes recientes también provocaron exigencias de esclarecimiento por parte de las dirigencias partidistas.
Tras el asesinato de Gabriel Rivas Ríos, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena exigió a las autoridades de Morelos una investigación exhaustiva para identificar a los responsables y evitar que el caso quede impune.
Por su parte, el PRI condenó el asesinato del regidor Adán Rodríguez Ávalos y de su esposa en Michoacán. Su dirigente nacional, Alejandro Moreno, cuestionó la situación de inseguridad y reclamó justicia para las víctimas.
Las exigencias ocurren mientras los partidos avanzan hacia la definición de sus candidaturas, en un proceso que incluirá elecciones de 17 gubernaturas y la renovación de numerosos ayuntamientos y congresos locales.
INE aplaza convenio contra la infiltración criminal
En este contexto, el Instituto Nacional Electoral anunció que se pospone la firma de un convenio con cinco instituciones federales para evaluar posibles riesgos de infiltración criminal entre las personas aspirantes a candidaturas.
El acto estaba previsto para el 6 de noviembre, pero fue cancelado por modificaciones de última hora en las agendas de funcionarios de alto nivel, sin que se anunciara una nueva fecha.
El acuerdo contempla la participación de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Mediante este mecanismo, los partidos y aspirantes independientes podrán solicitar voluntariamente la revisión de perfiles, con consentimiento de las personas interesadas, para identificar posibles riesgos relacionados con la delincuencia.
El INE aseguró que su Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas continuará trabajando. No obstante, este procedimiento no equivale a un mecanismo de protección física para funcionarios, aspirantes o candidatos amenazados.
Las advertencias internacionales que siguen vigentes
Después de las elecciones de 2024, la Organización de los Estados Americanos (OEA) recomendó a México activar los protocolos de seguridad para candidaturas desde el inicio de cada proceso electoral, sin esperar a que comenzaran las campañas.
En su informe de observación, también propuso elaborar mapas de riesgo, establecer sistemas de alerta temprana y fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió, durante aquel proceso, sobre las agresiones contra candidaturas y pidió investigar tanto a los responsables materiales como a quienes pudieran haber ordenado los ataques.
Estas advertencias adquieren relevancia nuevamente cuando faltan 59 días para las precampañas federales y 149 para el inicio de las campañas, previstas para el 4 de abril de 2027.
