• México y EE.UU. pactan remediación en Corporación de Occidente tras queja del MLRR.
• La empresa reinstalará a 12 trabajadores despedidos con pago de salarios vencidos.
• Se implementará capacitación en neutralidad sindical y mecanismos de denuncia anónima.
Para dar cumplimiento al derecho de libertad sindical y negociación colectiva de los trabajadores, la empresa Corporación de Occidente, S.A. de C.V. acordó implementar una serie de medidas de reparación en su planta de El Salto, Jalisco; entre las acciones fijadas destacan la reinstalación de 12 trabajadores despedidos con el pago de salarios vencidos y prestaciones o su liquidación según su elección, la capacitación de personal en una política de neutralidad respecto a la vida sindical y la instalación de mecanismos internos de denuncia anónima.
El plan de remediación anunciado por los gobiernos de México y Estados Unidos atiende la controversia generada tras la queja presentada en octubre de 2025 por dos empleados despedidos. Los promoventes denunciaron represalias y acuerdos entre la directiva y la dirigencia del sindicato titular para remover a quienes solicitaban transparencia y representatividad democrática en la fábrica de neumáticos automotrices y de especialidad.
El caso representa la 14 ocasión en que ambas naciones acuerdan un curso formal de remediación mediante el Mecanismo Rápido de Respuesta Laboral (MLRR) del T-MEC. Aunque el Gobierno mexicano concluyó en enero de 2026 que no existió una denegación de derechos en sus investigaciones, la compañía optó por asumir de forma voluntaria los compromisos de reparación para resolver el conflicto de forma concertada.
Además de los despidos y las capacitaciones, la empresa deberá hacer accesible en sus plataformas internas el contrato colectivo, la declaración de neutralidad y la información sobre las herramientas de queja gubernamentales. De igual forma, implementará un sistema de seguimiento para la distribución de insumos de trabajo y notificará los reportes de desempeño e incidentes a los empleados.
Por su parte, las autoridades mexicanas supervisarán las instalaciones en Jalisco para monitorear el cumplimiento de la legislación y realizarán cursos sobre derechos laborales colectivos dirigidos tanto a la plantilla general como a personal directivo y de recursos humanos.
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