• Santiago Peña confirmará su asistencia al juicio político en el Congreso paraguayo.
• El mandatario promete defender la entrega de ahorros a familias afectadas por la crisis bancaria.
• Apoya las investigaciones judiciales y pide calma política durante el proceso legislativo.
Santiago Peña comparecerá ante juicio político y promete defender ahorros en Paraguay
El mandatario afirmó que colaborará con la Justicia tras el colapso bancario y pidió mantener la calma durante el proceso.
Santiago Peña se presentará a defenderse en el juicio político en su contra. El presidente de Paraguay confirmó mediante un comunicado a través de su cuenta oficial de X, que asistirá al Congreso para presentar pruebas y responder a las acusaciones de los legisladores.
La devolución del dinero a las familias afectadas no se debe detener. Peña remarcó en un mensaje público que la entrega de los ahorros no puede congelarse por los problemas políticos ni depender de su permanencia en el Gobierno.
Los diputados aprobaron investigar al mandatario por el caso bancario. La decisión de llevarlo a juicio ocurrió tras la quiebra de una entidad financiera con la que el presidente tuvo relación en el pasado.
PROMETE COLABORAR CON LA JUSTICIA Y PIDE CALMA
El mandatario prometió colaborar con las autoridades para aclarar la situación. Aseguró que apoyará las investigaciones para que se identifique a los responsables del problema financiero y se aplique la ley.
Un llamado a la tranquilidad de la ciudadanía marca su posición. Peña pidió a los políticos y a la población actuar con madurez durante todo el proceso y afirmó que respetará la decisión final que tome el Senado.
El caso es considerado una de las mayores crisis financieras y políticas de la historia reciente en Paraguay. La gravedad radica en una combinación de un colapso bancario masivo y un escándalo de corrupción en los más altos niveles del estado.
Ueno Bank agrupaba a cerca de 2.9 millones de clientes, lo que sería un aproximado del 60% del adultos en el país, cuando de un día para otro el banco fue intervenido al registrar una solvencia inferior al 50% de lo exigido por la ley, dejando cuentas congeladas y sin acceso a cajeros o plataformas digitales a millones personas.
El banco custodiaba los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), lo que comprometió el dinero destinado al pago de pensiones y jubilaciones de los trabajadores.
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