• Abogados denuncian a Miguel Mery Ayup ante la FGR por reorganización judicial.
• Critican pérdida de autonomía al transferir control de expedientes y recursos.
Denuncian abogados a Miguel Mery Ayup, presidente del PJ de Coahuila, por reorganización judicial
Denunciantes consideran que el nuevo modelo reduce la autonomía de los jueces al transferir el control de expedientes, personal y recursos a órganos administrativos.ANTONIO SANTOS
Los litigantes presentaron la denuncia ante la FGR y advierten que la nueva estructura judicial reduce las facultades de los juzgadores, lo que consideran una amenaza para la independencia e imparcialidad de la justicia
El abogado Apolinar Rodríguez Rocha, acompañado de un grupo de litigantes inconformes con la reorganización del Poder Judicial de Coahuila, ingresó la tarde de este jueves una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Presidente del TSJ de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, por la creación de los juzgados únicos y la implementación del nuevo sistema informático judicial.
La principal inconformidad de los abogados radica en que el nuevo modelo, según denuncian, resta autonomía a los jueces al transferir el control de expedientes, personal y recursos materiales a órganos administrativos, además de limitar la comunicación directa entre litigantes y funcionarios judiciales.
“No estamos en contra propiamente del cambio físico, sino del cambio de sistema, donde nos anulan la intervención... el contacto directo con los jueces, la comunicación con los jueces, con los actuarios, con los secretarios”, expresó Rodríguez Rocha al explicar los motivos de su oposición.
Con la denuncia presentada, los inconformes trasladaron sus señalamientos al ámbito federal para solicitar que se investiguen posibles conductas ilegales relacionadas con la reorganización judicial.
Otro de los cuestionamientos se refiere a la separación de funciones dentro de los juzgados, pues el abogado considera que el nuevo esquema deja a los jueces sin control directo sobre los expedientes físicos y digitales, así como sobre el personal encargado de tramitar los asuntos.
“Le quitan el expediente físico al juez, le quitan el expediente virtual porque hacen también un órgano autónomo del sistema de informática y digitalización. También le quitan el personal”, sostuvo el litigante.
Rodríguez Rocha también acusó que el sistema informático permitiría supervisar las demandas y promociones antes de que lleguen a los juzgadores, lo que, a su juicio, podría comprometer la imparcialidad judicial.
“Tienen vigilada cada promoción, cada demanda que es presentada al Poder Judicial, de una forma de una aduana política en la cual ellos revisan antes de que llegue al juez cualquier promoción, cualquier demanda”, denunció.
Finalmente, aseguró que la reorganización transforma el funcionamiento de los tribunales al subordinar, según su interpretación, la actividad judicial a decisiones administrativas.
“Convierten los procedimientos jurisdiccionales en procedimientos administrativos”, concluyó Rodríguez Rocha.
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