Francia ha vivido su jornada de protesta más masiva en lo que va de año, con cerca de 700.000 personas en las calles según estimaciones del Ministerio del Interior. Las más de 200 marchas convocadas en todo el territorio nacional reflejan una profunda fractura social espoleada por la caída del poder adquisitivo, los bajos salarios y el deterioro percibido de los servicios públicos. Esta movilización se desarrolla en un clima de alta tensión, obligando al Gobierno a desplegar un dispositivo de seguridad sin precedentes para contener los disturbios y el vandalismo que han caracterizado a esta ola de descontento desde el pasado mes de septiembre.
La disparidad en las métricas de participación suele ser habitual en el contexto francés, pero tanto los datos oficiales como los sindicales confirman la envergadura del paro. El sector de la enseñanza ha sido uno de los motores de la huelga, registrando cifras de seguimiento encontradas. Mientras el Ministerio de Educación reportó un paro de casi el 20 % en educación infantil y primaria y del 13,53 % en secundaria, el sindicato SNES-FSU elevó la tasa de descontento al 52 % al incluir al personal asistencial y psicólogos.
En el ámbito estudiantil, la Union Syndicale Lycéenne afirmó que cerca de un millar de institutos se vieron afectados por bloqueos o cierres administrativos, en contraste con los 80 centros que reconoció el Ejecutivo. Por su parte, el Ministerio de Enseñanza Superior cifró en un 30 % los campus universitarios afectados, mientras que la Unión Estudiantil duplicó el impacto al asegurar que la mitad de las universidades sufrieron alteraciones. La parálisis alcanzó también la actividad cultural y turística de París, obligando al cierre de la Torre Eiffel, la clausura de varias salas del Museo del Louvre y el adelanto del cierre en el Museo de Orsay.
El núcleo de la reclamación se centra en una subida extraordinaria del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Los principales sindicatos franceses, la CFDT y la CGT, liderados por Marylise Léon y Sophie Binet respectivamente, exigen incrementos salariales que superen el índice de inflación. Desde la dirigencia sindical se sostiene que el salario mínimo de Francia ha registrado una de las evoluciones más discretas de Europa durante la última década, argumentando que la presión de la calle es la única vía para forzar una negociación real con la administración.
A estas demandas laborales se suman las reivindicaciones de colectivos estudiantiles y funcionarios de la sanidad, quienes reclaman una inyección presupuestaria de 10.000 millones de euros para la educación pública.
Por el contrario, el Ejecutivo liderado por el primer ministro Sébastien Lecornu dispone de un margen de maniobra sumamente estrecho. Sostenido por una débil mayoría relativa en la Asamblea Nacional, el Gobierno está comprometido con un estricto plan de consolidación fiscal para reducir el déficit público con vistas al año 2027. La necesidad de sanear las arcas públicas choca directamente con las demandas de incremento del gasto social, limitando la capacidad de concesión económica del gabinete ante un malestar social que se ve agravado por factores estructurales como los precios de la energía y los combustibles.
El gran temor del Ministerio del Interior era la reedición de los graves disturbios ocurridos el pasado 17 de octubre, una jornada enmarcada en el movimiento estudiantil que se saldó con fuertes enfrentamientos en diversos puntos del país y denuncias por el uso de la fuerza policial. Para mitigar este riesgo de cara a la huelga general de este jueves 5 de noviembre, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, coordinó el despliegue masivo de 70.000 agentes de la Policía Nacional y la Gendarmería en todo el territorio francés.
La extrema vigilancia responde a que los servicios de seguridad detectaron de forma previa el riesgo de que grupos radicales de ultraizquierda e individuos del "black bloc" intentaran infiltrarse en las manifestaciones sindicales pacíficas para atacar comercios y mobiliario urbano. Ante esta amenaza, el Gobierno ordenó una respuesta firme y aplicó estrictas restricciones perimetrales y de vigilancia en zonas consideradas de alta sensibilidad para proteger el desarrollo de las marchas autorizadas.
Las medidas preventivas originales contemplaban la prohibición absoluta de marchar por el centro de París, forzando un trazado periférico entre la Puerta de Bagnolet y la Puerta de Charenton. Sin embargo, tras un recurso de amparo sindical, el Consejo de Estado francés invalidó el veto del Gobierno y autorizó de forma excepcional el eje alternativo Plaza de la Bastilla - Plaza de la Nación. Esta vía impidió de todas formas que los bloques de manifestantes o sectores radicales discurrieran cerca de las áreas de exclusión total decretadas por la Prefectura de Policía, como los perímetros blindados de la Plaza de la Concordia, el Palacio del Elíseo y la Asamblea Nacional.
Asimismo, el dispositivo de seguridad activado en los nodos de transporte blindó la capital desde las primeras horas del jueves 5 de noviembre. El balance oficial publicado por la Prefectura de Policía de París en sus redes sociales confirmó la realización de 1.404 controles preventivos en los accesos de las principales estaciones ferroviarias y líneas de suburbano (RER) de la periferia parisina. Durante estas inspecciones tácticas, los agentes confiscaron decenas de botellas con productos inflamables, acelerantes y herramientas de protección destinadas a choques tácticos con el orden público, saldándose el operativo con la detención inmediata de 18 individuos antes del inicio de la manifestación principal.
Pese al inédito blindaje policial, las primeras horas de la jornada del jueves 5 de noviembre registraron el estallido de protestas espontáneas y barricadas con contenedores incendiados en arterias neurálgicas del centro de París, incluyendo tramos comerciales de la calle de Rivoli y los accesos peatonales al Jardín de las Tullerías.
Estos focos radicales buscaron romper el cordón logístico tras el dictamen del Tribunal Administrativo de París, que la víspera de la marcha rechazó los recursos de amparo del frente intersindical (CGT, CFDT, FO, Unsa y FSU), ratificando así el trazado forzoso y alejado del centro histórico impuesto por la Prefectura de Policía desde la Plaza de la República hasta la Plaza de la Nación por el bulevar Voltaire.
El masivo volumen de movilización alcanzado en las calles devuelve de inmediato la presión extrema al terreno político de la Asamblea Nacional. En este escenario, la capacidad del Ejecutivo para contener el descontento social sin recurrir a concesiones económicas definirá el devenir de la legislatura, justo cuando el Gobierno se juega su supervivencia en el debate del Proyecto de Ley de Finanzas (PLF), cuyo estricto plan de ajuste presupuestario busca embridar el déficit público hacia el 5% mediante polémicas reducciones del gasto social y de la inversión en servicios públicos. @mundiario
