A pesar de ser uno de los funcionarios acusados por Estados Unidos de narcotráfico, tráfico de armas y vínculos con el Cártel de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra se mantendrá como vicefiscal general, confirmó la Fiscalía estatal.
Por estas denuncias, Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitaron licencias para separarse de sus cargos como gobernador y como alcalde de Culiacán, respectivamente, de manera temporal mientras enfrentan las acusaciones.
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Por medio de un comunicado, la dependencia informó que el funcionario atenderá cualquier citación que emitan las autoridades, incluida la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con el artículo 135 de la Constitución Política de Sinaloa, hay casos en los que es necesaria una declaratoria de procedencia por parte del Congreso para iniciar acciones legales contra ciertos servidores públicos, pero el cargo de vicefiscal general no se encuentra contemplado dentro.
La estructura interna de la FGE define a las vicefiscalías como órganos de integración administrativa que no gozan de un régimen especial de inmunidad procesal, por lo que la continuidad de Castro Saavedra en la estructura no resulta un obstáculo legal para que se investigue por las autoridades federales.
Las acusaciones de Estados Unidos contra él provienen de un dictamen presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en el que se le señala de presuntamente haber recibido sobornos mensuales de la facción del fragmentado Cártel de Sinaloa, Los Chapitos.
Por estos pagos habría brindado protección a integrantes del grupo para evitar detenciones, al filtrar información sobre operativos de seguridad y permitir la alteración o destrucción de evidencia antes de cateos.
Hasta el momento, ninguna autoridad del país ha informado sobre una investigación en su contra.
Foto: Especial / Edición 24 Horas
De jurídico a político
Para el especialista en inteligencia y fuerzas armadas, Ramón Celaya Gamboa, no ve que las acusaciones contra el exgobernador y los otros nueve funcionarios prosperen en una posible extradición, pues el caso se ha pervertido y pasó de ser jurídico a político.
“Estos funcionarios (Rocha Moya y otros nueve) han sido señalados por diversos medios de comunicación desde hace, al menos tres o cuatro años, por corrupción y colusión con la delincuencia organizada”, señaló.
Indicó que la administración Trump “ya fijó sus objetivos, ya fijó sus baterías en estos funcionarios y está dispuesto a llevarlos ante la justicia”.
“El Gobierno estadounidense ya viene armando todo una investigación en contra de varias personas, evidentemente el caso de Rocha Moya es el primero”, explicó.
