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La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el modelo de contratación del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), al señalar la existencia de un grupo reducido de empresas proveedoras que habría concentrado contratos por más de 2 mil millones de pesos, mediante intermediarios y posibles sobreprecios.

Durante su conferencia matutina de este viernes 6 de noviembre, la mandataria retomó las declaraciones del expresidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, quien reconoció en entrevistas recientes que conocía la existencia de un duopolio u oligopolio de compañías que proporcionaban servicios e insumos a los organismos electorales.

Sheinbaum cuestionó que, pese a conocer ese esquema de contratación, durante los nueve años de gestión de Córdova no se hubieran tomado medidas para impedir la concentración de proveedores o revisar los precios de los servicios contratados.

«Él reconoce. Estuvo nueve años sabiendo que los organismos estatales que organizaban elecciones contrataban solamente a unas cuantas empresas y él también las contrató», señaló.

La Presidenta sostuvo que las posibles irregularidades deben ser investigadas por las autoridades fiscalizadoras y ministeriales, al tiempo que planteó revisar los mecanismos de adquisición de materiales y servicios electorales para garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos.

LORENZO CÓRDOVA HABRÍA CONOCIDO EL DUOPOLIO DE PROVEEDORES, ACUSA SHEINBAUM

Uno de los principales señalamientos de Sheinbaum se centró en el conocimiento que, según dijo, tenía Lorenzo Córdova sobre la concentración de contratos electorales en un número limitado de empresas.

La mandataria retomó dos declaraciones atribuidas al exconsejero en entrevistas recientes. En la primera, Córdova reconoció que durante su gestión se nombró a Guadalupe Taddei como presidenta del organismo electoral de Sonora. En la segunda, admitió conocer la existencia de un grupo reducido de compañías que prestaban servicios a los OPLEs.

«Él dice: “Sí sabía de la existencia de estas empresas”. Es un monopolio, dice, o oligopolio, no sé qué palabra, que se contrataba con los OPLEs estatales», expuso Sheinbaum.

A partir de ese reconocimiento, la Presidenta cuestionó por qué el entonces titular del INE no intervino para revisar las contrataciones, particularmente porque el organismo nacional tenía facultades para designar a los integrantes de los consejos generales de las autoridades electorales locales.

Sheinbaum aseguró que algunas de las empresas involucradas no fabricaban directamente los materiales electorales, sino que actuaban como intermediarias entre los organismos públicos y los proveedores.

«Contrataban al doble, al triple de precio y que muchos de ellos eran intermediarios, que ni siquiera eran empresas que fabricaban papelería, sino que eran coyotes», afirmó.

La mandataria también mencionó a los empresarios José Alfredo Hernández Casillas y otros personajes que, según su exposición, habrían participado en este esquema de negocios con las instituciones electorales.

No obstante, durante la conferencia no presentó contratos específicos, expedientes de adquisiciones ni comparativos de precios que permitieran establecer cuáles operaciones registraron sobrecostos o qué empresas habrían obtenido beneficios indebidos.

CONTRATOS POR MÁS DE 2 MIL MILLONES DE PESOS Y PRESUNTOS SOBREPRECIOS

Otro de los puntos abordados por Sheinbaum fue el volumen económico de las contrataciones que, según sus señalamientos, se realizaron mediante este grupo de proveedores.

La Presidenta cuestionó que se hubieran destinado más de 2 mil millones de pesos a contrataciones con las empresas señaladas y planteó que parte de los recursos pudo haberse utilizado para pagar materiales y servicios a precios superiores a los del mercado.

También puso en duda los montos generales destinados a la organización de los procesos electorales, al considerar que los mecanismos de intermediación y concentración de proveedores pudieron elevar los costos de operación de los organismos locales.

“¿Y por qué contrataron más de 2 mil millones de pesos?”, cuestionó.

Sheinbaum sostuvo que la revisión debe abarcar tanto las adquisiciones realizadas por el INE como las de los OPLEs, debido a que estos últimos también reciben presupuestos de los gobiernos estatales.

En ese sentido, advirtió que los recursos destinados a la organización de elecciones deben distinguirse de aquellos que pudieran estar relacionados con prácticas irregulares de contratación.

La mandataria no detalló en la conferencia el periodo al que corresponden los más de 2 mil millones de pesos, el desglose por institución ni el monto que habría sido pagado en exceso. Por ello, la cifra y los señalamientos sobre sobreprecios deberán contrastarse con los registros de contratación y las auditorías correspondientes.

EL MODELO DE LOS 11 CONSEJEROS Y EL NOMBRAMIENTO DE AUTORIDADES ELECTORALES ESTATALES

Sheinbaum también cuestionó el modelo de organización electoral establecido a partir de la reforma político-electoral de 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y lo relacionó con los acuerdos políticos del llamado Pacto por México.

La mandataria señaló que, con los cambios constitucionales de ese periodo, el INE concentró facultades para designar a los consejeros electorales de las 32 entidades federativas, atribución que anteriormente correspondía a los congresos estatales.

“Once personas deciden los consejeros estatales de todo el país”, expresó.

La reforma de 2014 estableció que el Consejo General del INE estaría integrado por 11 integrantes: una consejería presidencial y 10 consejerías electorales. Además, otorgó al organismo la facultad de designar y remover a los integrantes de los órganos superiores de dirección de los OPLEs.

De acuerdo con el marco legal, los nombramientos de los consejeros estatales debían realizarse mediante el voto de al menos ocho integrantes del Consejo General del INE, a partir de procedimientos de selección y evaluación.

La Presidenta consideró que este modelo permitió concentrar las decisiones sobre la integración de las autoridades electorales locales y cuestionó que, pese a esas atribuciones, no se hubieran establecido controles suficientes para evitar posibles irregularidades en las contrataciones.

También sostuvo que la responsabilidad de revisar el funcionamiento de los organismos electorales no debe limitarse a los consejeros que encabezaron el INE, sino que debe alcanzar a los funcionarios que participaron en su estructura administrativa.

EDMUNDO JACOBO Y SUS 15 AÑOS AL FRENTE DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INE

Otro de los nombres mencionados durante la conferencia fue el de Edmundo Jacobo Molina, quien se desempeñó como secretario ejecutivo del INE durante aproximadamente 15 años, desde su etapa como secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral (IFE).

Sheinbaum cuestionó su permanencia en el cargo y señaló que desde esa posición tenía relación con áreas administrativas encargadas de gestionar los recursos y las contrataciones del organismo.

“De él depende la dirección de administración, básicamente la que reparte los contratos. Quince años, quince años. Y no me digan que él tampoco sabía que había un duopolio”, manifestó.

Jacobo fue ratificado en febrero de 2020 por un nuevo periodo de seis años, durante la presidencia de Lorenzo Córdova. Posteriormente, presentó su renuncia irrevocable en marzo de 2023, con efectos a partir del 3 de abril de ese año.

La mandataria consideró que su permanencia durante distintos periodos de integración del organismo electoral hace necesario revisar qué información tenía sobre las empresas proveedoras y los procedimientos de contratación.

Sin embargo, no presentó pruebas que acreditaran la participación de Jacobo en irregularidades específicas ni señaló que existiera una resolución administrativa o penal que determinara su responsabilidad.

SHEINBAUM PIDE TRANSPARENTAR LAS CONTRATACIONES DEL INE Y LOS OPLES

Como parte de las medidas que planteó para revisar el funcionamiento de las instituciones electorales, Sheinbaum pidió a los 10 consejeros que actualmente integran el INE establecer mecanismos de transparencia en las adquisiciones y contrataciones.

La Presidenta señaló que los organismos electorales estatales también deben adoptar estos lineamientos para evitar la concentración de proveedores y revisar los costos de los materiales utilizados durante los comicios.

“Lo que nos corresponde a nosotros y al INE actual, los 10 consejeros que están hoy en el INE, es sanear, limpiar, garantizar que las contrataciones sean totalmente transparentes”, afirmó.

Asimismo, adelantó que el Gobierno federal prepara un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México, con el propósito de ampliar su participación en la producción de boletas y otros materiales electorales.

Explicó que el proyecto contempla transparentar los procedimientos de fabricación y contratación, además de buscar la participación de universidades.

Sheinbaum indicó que la presentación del decreto estaba prevista para los primeros días de la próxima semana, aunque todavía no se había definido la fecha exacta.

Finalmente, sostuvo que la revisión de las contrataciones debe realizarse sin modificar las reglas electorales durante el desarrollo de los procesos comiciales, pues la Constitución establece restricciones para realizar cambios legales y constitucionales relacionados con las elecciones una vez iniciado el proceso electoral.

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