La desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la transferencia de sus funciones a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) representan hasta ahora uno de los cambios más significativos en la estructura regulatoria de los países miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desde 2023.
En su informe Perspectivas de la Economía y la Sociedad Digital 2026, publicado este 5 de noviembre, el organismo identifica la reforma mexicana como parte de una transformación internacional de las autoridades de telecomunicaciones, que enfrentan nuevas exigencias de conectividad, competencia e inversión.
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La OCDE recordó que una reforma constitucional eliminó al regulador autónomo establecido en 2013 y trasladó sus atribuciones a un regulador adscrito al Ejecutivo federal, cuyos integrantes son designados por la Presidencia y ratificados por mayoría simple en el Senado.
El organismo señaló que la creación del IFT formó parte de una reforma que incorporó 28 de sus 31 recomendaciones para fortalecer la competencia en el mercado mexicano de telecomunicaciones, equivalentes a 90.3% del total.
También recordó que la independencia de las autoridades regulatorias respecto de las instancias responsables de formular políticas públicas constituye una de las buenas prácticas incluidas en su Recomendación sobre Conectividad de Banda Ancha de 2021.
La observación adquiere relevancia porque el nuevo modelo institucional mexicano en telecomunicaciones modifica la separación entre las funciones regulatorias y la conducción de la política pública que caracterizó al sistema anterior.
El informe no presenta todavía una evaluación de los resultados de la CRT ni determina que la nueva estructura haya reducido la competencia o la inversión en el sector.
La regulación cambia junto con el mercado
La transformación mexicana ocurre también en un contexto de reorganización internacional de las autoridades encargadas de supervisar los mercados de comunicaciones.
De acuerdo con la OCDE, alrededor de dos terceras partes de los países miembros y candidatos a incorporarse a la organización reportaron modificaciones en las responsabilidades de sus reguladores desde 2023.
Los cambios responden a la expansión de servicios digitales, plataformas de Internet, inteligencia artificial, computación en la nube y nuevas tecnologías satelitales, que están modificando los modelos de negocio y las necesidades de infraestructura.
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En Dinamarca, las responsabilidades sobre comunicaciones fueron incorporadas a la Agencia de Gobierno Digital, mientras que Alemania estableció un ministerio especializado en transformación digital y modernización gubernamental.
Suecia, por su parte, contempla hoy fusionar sus autoridades de telecomunicaciones y gobierno digital hacia finales de 2027.
La OCDE identifica entre los desafíos regulatorios para los próximos tres a cinco años la adaptación de los esquemas de licenciamiento, la administración del espectro radioeléctrico, la promoción de inversiones y la protección de los usuarios.
Conectividad e inversión mantienen desafíos
El informe también mostró que las necesidades de infraestructura continúan creciendo entre las economías de la organización.
Así, la fibra óptica representó 51% de las suscripciones de banda ancha fija al cierre de 2025, frente a 31% registrado en 2020.
Entre el segundo trimestre de 2020 y el mismo periodo de 2026, la velocidad mediana de descarga de Internet fijo entre los países de la OCDE pasó de 54.4 a 207.5 Mbps, casi cuatro veces más.
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Sin embargo, las diferencias territoriales persisten. Durante el segundo trimestre de 2026, los usuarios de zonas urbanas registraron velocidades de descarga 42% superiores, en promedio, a las observadas en regiones rurales alejadas de las áreas metropolitanas.
La OCDE considera que los marcos regulatorios deben adaptarse a estas necesidades mediante instrumentos que favorezcan el despliegue de redes, la resiliencia de la infraestructura y la competencia.
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