Abogados que representan a víctimas en investigaciones penales se manifestaron este viernes frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte para denunciar presuntos actos de corrupción, cobro de dádivas y protección a personas investigadas que, aseguraron, mantienen estancadas decenas de carpetas de investigación o que terminan en el no ejercicio de la acción penal.
Los litigantes exigieron a Gilberto Loya Chávez, encargado del despacho de la FGE, investigar los señalamientos y destituir a Carlos Manuel Salas, fiscal de Distrito Zona Norte, así como a personal de la Unidad de Investigación de Fraudes.
Durante la protesta, recabaron firmas de abogados y víctimas para respaldar un escrito dirigido a las autoridades estatales y federales.
Según el abogado Martín Aguilar, ya habían expuesto la situación a Loya, quien se comprometió a atender sus demandas.
Aguilar aseguró que tiene más de 10 carpetas de investigación, principalmente por delitos patrimoniales, en las que se determinó el no ejercicio de la acción penal, pese a que, afirmó, existían pruebas.
También denunció que una carpeta por daños a un vehículo desapareció de los registros.
Entre los delitos que no son judicializados o terminan en el ejercicio de la no acción penal, se encuentran presuntos fraudes inmobiliarios mediante contratos y convenios simulados para facilitar la venta de viviendas anunciadas en Facebook, con operaciones que pueden alcanzar uno o dos millones de pesos.
Como ejemplo del presunto cobro de dádivas, relató que uno de sus clientes recibió una llamada en la que le recomendaron aceptar 10 mil pesos para resolver un asunto en el que, según el abogado, le adeudaban 130 mil pesos. La persona habría sido advertida de que, de no aceptar, el procedimiento podría tardar cinco años.
“Si tú no le das la dádiva, tu asunto no se atiende”, sostuvo.
El litigante afirmó que las carpetas con presuntas irregularidades fueron reportadas ante Asuntos Internos y que también presentaron una denuncia ante el Comité de Ética desde el 22 de septiembre.
Los señalamientos, dijo, no se limitan a los delitos patrimoniales, pues también existen investigaciones por delitos sexuales contra menores que, según afirmó, permanecen sin avances.
Los abogados pidieron que se investigue a los servidores públicos señalados y se realicen cambios en la Fiscalía Zona Norte.
Aclararon que su inconformidad responde a lo que consideran prácticas que dejan a las víctimas sin acceso efectivo a la justicia.
