El cambio de gobernadoras en Texas y Nuevo México puede reducir la presión estatal sobre los migrantes, pero no modificará por sí mismo las condiciones para entrar a Estados Unidos ni resolverá los retrasos del comercio fronterizo, señalaron Miguel Orta, director general de El Colegio de Chihuahua (El Colech), y Manuel Sotelo, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez.
En entrevistas realizadas ayer, Orta consideró que los posibles cambios deberán buscarse en la actuación de las policías estatales y el apoyo a albergues, mientras que Sotelo advirtió sobre el riesgo de que las diferencias políticas entre Texas y Washington vuelvan a repercutir en los cruces de mercancías.
La demócrata Gina Hinojosa derrotó a Greg Abbott en la elección del martes y será la primera gobernadora latina de Texas, informó The Texas Tribune el 3 de noviembre. En Nuevo México, Deb Haaland ganó frente al republicano Gregg Hull y sucederá a Michelle Lujan Grisham, también demócrata, de acuerdo con Source New Mexico.
Para Orta, el relevo en Texas despierta expectativas por la posibilidad de revisar la línea que Abbott mantuvo hacia las personas en movilidad, particularmente mediante la Operación Estrella Solitaria. Sin embargo, el académico anticipó que Hinojosa enfrentará contrapesos para modificar acciones que se sostuvieron durante años.
“Creo que para Hinojosa sí está más complicado, que irónicamente yo creo que es de la que la sociedad espera más”, expresó. “Mucho me temo que las expectativas no se van a cumplir de manera inmediata”.
Comunicación Juárez, Las Cruces y El Paso
Orta explicó que una gobernadora puede modificar la colaboración de las dependencias estatales con las autoridades migratorias federales, así como el destino de recursos para albergues y asociaciones de defensa legal. Es en esas decisiones, sostuvo, donde podrían comenzar a observarse diferencias para las comunidades fronterizas.
El director de El Colech consideró que recuperar apoyos permitiría fortalecer a organizaciones que atienden a personas en movilidad y reactivar la comunicación entre Juárez, El Paso y Las Cruces. También planteó que una relación más fluida ayudaría a coordinar la atención a quienes son devueltos a México.
El margen de acción estatal no equivale a un cambio en las visas, los requisitos de ingreso o las deportaciones, aclaró Orta. El investigador señaló que esas decisiones seguirán bajo responsabilidad federal y pidió cautela frente a la idea de que el triunfo de candidatas demócratas traerá una apertura inmediata.
“El hecho de que entre un gobierno demócrata, aun y cuando fuera el Gobierno federal, no necesariamente garantiza una flexibilidad migratoria”, afirmó Orta, quien insistió en distinguir entre un cambio de discurso y las medidas que finalmente se apliquen.
Los discursos
Hinojosa cuestionó el gasto de Abbott en procesos contra migrantes y destacó la coordinación con México durante una entrevista publicada por KSAT ayer jueves. No obstante, el medio precisó que la gobernadora electa no presentó recortes específicos ni un presupuesto alternativo de seguridad fronteriza.
En Nuevo México, Haaland propuso terminar acuerdos de cooperación con ICE y restringir sus operativos cerca de escuelas, centros de salud, espacios religiosos y otros lugares comunitarios, reportó Source New Mexico el 5 de marzo. Las medidas formaron parte del plan de seguridad que presentó durante su campaña.
Orta anticipó que en ese estado podría fortalecerse el respaldo a las personas migrantes, mientras que en Texas la transición sería más lenta. Consideró que abandonar un discurso que presenta la movilidad como una amenaza puede contribuir a disminuir la tensión, aunque reconstruir la confianza entre las familias requerirá tiempo.
Intercambio comercial
Para Sotelo, la preocupación está en que los desacuerdos políticos vuelvan a convertirse en obstáculos para el transporte. Recordó que, en su momento, la confrontación entre Abbott y el entonces presidente Joe Biden tuvo repercusiones en las revisiones y en el paso de mercancías entre Juárez y El Paso.
“La preocupación es que la gobernadora de Texas y el presidente de Estados Unidos, que son de diferentes colores, puedan causarnos problemas por sus cuestiones políticas”, expresó el dirigente. El efecto que teme, precisó, es que cruzar las cargas resulte más tardado.
“El intercambio comercial está por encima de cualquier situación ideológica política”, sostuvo Sotelo. A su juicio, la dependencia económica entre ambos países obliga a preservar el flujo de mercancías y a destinar más recursos a las aduanas, cuya operación corresponde a autoridades federales.
La petición del sector es contar con más personal y más líneas abiertas para la revisión de cargas, explicó Sotelo. Consideró que la insuficiencia de recursos afecta a dependencias mexicanas y estadounidenses, por lo que pidió que ambos lados de la frontera inviertan en mejorar su capacidad de atención.
En Santa Teresa hacen falta patios, andenes, casetas de revisión y sistemas de comunicación más eficientes para los despachos, señaló el transportista. Indicó que esas necesidades adquieren mayor relevancia ante la eliminación prevista de las operaciones de carga en el puente Córdova-Américas, que atribuyó a una decisión del Gobierno federal estadounidense.
Sotelo advirtió que retirar infraestructura sin compensarla en los demás cruces puede restar competitividad a la región. Expresó temor de que algunas empresas busquen rutas o ubicaciones con mayor capacidad para mover sus productos, con una eventual pérdida de empleos y de derrama económica en Juárez y El Paso.
Sobre la agenda económica de Haaland, el Albuquerque Journal publicó el 2 de octubre que la entonces candidata propuso preparar infraestructura para empresas y crear una oficina para pequeños negocios que facilite permisos y acceso a capital. En el ámbito local, Sotelo sostuvo que cualquier esfuerzo por fortalecer la actividad comercial requiere capacidad suficiente para recibir mercancías.
El presidente de la asociación informó que no ha tenido acercamiento con las gobernadoras electas y reiteró que sus gestiones se concentran en las dependencias federales responsables de las aduanas. La prioridad, señaló, es que el relevo estatal no añada dificultades a una región que necesita ampliar su infraestructura comercial.
Las consecuencias de una menor capacidad para cruzar mercancías alcanzarían a las familias de ambos lados de la frontera, advirtió Sotelo: una eventual salida de empresas reduciría empleos y consumo, además de obligar a trabajadores a buscar oportunidades en otros lugares. Por ello, sostuvo que las diferencias entre gobiernos deben quedar subordinadas a la continuidad del intercambio del que depende parte de la economía de Juárez y El Paso.
