Hay territorios que adquieren una importancia especial en determinadas citas electorales. La Comunidad Valenciana es uno de ellos. Sus 33 diputados pueden resultar decisivos en un Congreso donde las mayorías se construyen voto a voto, pero su verdadero valor político reside en algo más profundo: representa un escenario donde confluyen algunas de las contradicciones que atraviesan actualmente la política española.
El próximo 29 de noviembre, Valencia, Alicante y Castellón ofrecerán algo más que una fotografía de la correlación de fuerzas. Pondrán a prueba la fortaleza de los bloques, la capacidad de movilización de sus electorados y, especialmente, el desgaste que determinadas decisiones políticas pueden provocar en las urnas.
La dimisión de Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Urda introduce un elemento incómodo para el Partido Popular. Los socialistas pretenden convertir su salida del Ministerio en una demostración de responsabilidad institucional y establecer un contraste con Carlos Mazón, que continuó en su escaño después de la tragedia de la dana de octubre de 2024.
La comparación tiene potencial electoral porque conecta con una cuestión que trasciende las siglas: qué deben hacer los responsables públicos cuando una tragedia pone en cuestión su gestión. Sin embargo, el PSOE tampoco puede confiar únicamente en ese argumento. La ciudadanía no vota solo por los gestos de dimisión, sino por la capacidad de los gobiernos para prevenir, responder y ofrecer explicaciones convincentes.
Para los populares, la permanencia de Mazón seguirá siendo una carga política difícil de neutralizar. Para los socialistas, transformar esa contradicción en una recuperación de apoyos dependerá de que su discurso resulte creíble más allá de la confrontación partidista.
PP y Vox, una competencia que puede cambiar las mayorías
La derecha afronta otro desafío: evitar que su crecimiento conjunto termine beneficiando indirectamente al adversario. En 2023, el PP obtuvo 13 diputados valencianos y Vox cinco, una representación que permitió al bloque conservador superar al progresista.
Ahora, el partido de Alberto Núñez Feijóo necesita consolidar su liderazgo, mientras Santiago Abascal aspira a ampliar su influencia. La cuestión no es menor: cuanto mayor sea la capacidad de Vox para atraer votantes, más difícil puede resultar para el PP presentarse como una alternativa suficientemente amplia para gobernar sin depender de sus socios.
Además, Valencia, Alicante y Castellón presentan dinámicas electorales propias. En circunscripciones donde se reparten menos escaños, unos pocos miles de votos pueden alterar considerablemente el resultado.
La izquierda se juega algo más que resistir
El otro gran interrogante está en la capacidad de las fuerzas progresistas para evitar la dispersión. El acuerdo valenciano entre las organizaciones del espacio alternativo supone una oportunidad para demostrar que la cooperación electoral puede ofrecer mejores resultados que la competencia entre partidos.
El PSOE, con Pilar Bernabé al frente de su apuesta valenciana, buscará recuperar terreno y aprovechar el debate sobre la responsabilidad institucional. Pero necesitará algo más que críticas al adversario: deberá convencer de que tiene un proyecto capaz de responder a los problemas cotidianos de la comunidad.
La participación será determinante. Una abstención elevada podría castigar especialmente a las formaciones que necesitan movilizar electorados diversos.
Así las cosas, el 29-N puede convertirse en un examen de credibilidad para todos. La derecha tendrá que demostrar que su crecimiento puede traducirse en una mayoría estable; la izquierda, que todavía dispone de capacidad para disputar el poder. Y, entre ambas, permanecerá una pregunta incómoda: hasta qué punto los ciudadanos están dispuestos a convertir la gestión de las tragedias en un criterio decisivo para elegir a sus representantes.
Valencia no decidirá por sí sola quién llega a Moncloa, pero puede anticipar qué discursos convencen y cuáles empiezan a agotarse. @mundario
