La investigación sobre las joyas halladas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero acaba de encontrar un límite jurídico que cambia el escenario para el expresidente. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción para atribuirle un nuevo delito de malversación, al entender que no existía una norma que obligase a los altos cargos a entregar automáticamente a la Administración los regalos recibidos durante el ejercicio de sus funciones.
La decisión supone un revés para la estrategia de la Fiscalía, que pretendía incorporar una nueva responsabilidad penal a la situación procesal del antiguo jefe del Ejecutivo. Sin embargo, no significa que la investigación sobre las alhajas haya terminado ni que la Justicia haya dado por buena la explicación ofrecida por Zapatero sobre su procedencia.
El origen de la controversia está en varias piezas de joyería que el expresidente conservaba en su despacho. Zapatero sostiene que fueron un regalo personal del fallecido rey de Arabia Saudí, Abdalá Bin Abdulaziz Al-Saud, durante su visita oficial a España en 2007. La Fiscalía, por el contrario, considera que, si los objetos fueron entregados por razón de su cargo institucional, deberían haber pasado a formar parte del patrimonio público.
La discrepancia no es menor: determinar si las joyas pertenecían al expresidente o a la Administración resulta fundamental para establecer si pudo existir un delito de malversación.
La legislación de la época, el argumento que cambia el escenario
En su resolución, Calama distingue entre las obligaciones éticas de los responsables públicos y aquellas conductas que pueden castigarse penalmente. El magistrado considera que la interpretación defendida por la fiscal Elena Lorente se apoya en una obligación construida después de los hechos, sin que existiese entonces una disposición legal que estableciera de forma automática que todos los regalos recibidos por los altos cargos debían incorporarse al patrimonio estatal.
El juez sitúa un punto de inflexión en 2013, cuando la legislación comenzó a establecer expresamente límites a la aceptación de obsequios por parte de los altos cargos y la obligación de incorporar determinados regalos de relevancia institucional al patrimonio de la Administración correspondiente.
Tampoco considera que el Código de Buen Gobierno aprobado en 2005, durante el propio mandato de Zapatero, pueda utilizarse como fundamento para ampliar una imputación penal. Aunque aquel documento recogía principios de comportamiento y pautas éticas para los miembros del Gobierno, Calama sostiene que no tenía fuerza normativa suficiente para convertir su incumplimiento en un delito de malversación.
La diferencia es especialmente relevante porque el derecho penal no permite castigar una conducta basándose únicamente en criterios morales o políticos. Para que exista malversación debe acreditarse que los bienes afectados tenían naturaleza pública y que concurren los elementos exigidos por la ley.
Las joyas siguen bajo sospecha pese al rechazo del juez
La resolución tampoco supone una validación de la versión del expresidente. De hecho, el instructor reconoce que la explicación de Zapatero sobre el supuesto regalo saudí introduce un elemento nuevo que debe examinarse dentro de la causa. Incluso deja constancia de las dudas que le genera la falta de verosimilitud de ese relato.
En las últimas semanas, la investigación había acumulado varios elementos desfavorables para el antiguo dirigente socialista. Calama rechazó solicitar información a Arabia Saudí para comprobar la versión sobre la entrega de las joyas y un nuevo informe pericial cuestionó que las piezas de mayor valor pudieran haberse fabricado en 2007, como sostiene Zapatero.
Este último aspecto resulta determinante para reconstruir la procedencia de los objetos. Si su fabricación fuese posterior a la visita del monarca saudí, la explicación ofrecida por el expresidente quedaría todavía más cuestionada.
Por tanto, el rechazo a la malversación no despeja las incógnitas sobre quién entregó las joyas, cuándo fueron adquiridas o cuál fue su verdadera naturaleza.
Hacienda también tendrá que detener sus actuaciones
El magistrado ha adoptado otra decisión favorable a Zapatero al ordenar la paralización de los procedimientos inspectores que Hacienda había abierto sobre el expresidente, su esposa, sus hijas, el empresario Julio Martínez Martínez y varias sociedades relacionadas con ellos.
La medida afecta a una línea de investigación que había ampliado el foco sobre el entorno personal y empresarial del antiguo jefe del Gobierno. Su paralización introduce un nuevo cambio en el desarrollo de las pesquisas y limita, al menos por ahora, las actuaciones inspectoras relacionadas con estas personas y entidades.
No obstante, ambas decisiones deben interpretarse dentro de sus respectivos ámbitos: el rechazo de la malversación responde a una cuestión de tipificación penal, mientras que la suspensión de las inspecciones tributarias afecta a los procedimientos administrativos abiertos.
Zapatero evita una nueva imputación, pero mantiene causas pendientes
El expresidente continúa investigado por otros posibles delitos relacionados con las joyas, entre ellos contrabando y fraude fiscal. Además, permanece señalado en la parte principal del caso Plus Ultra, centrada en una presunta trama de tráfico de influencias.
El alcance de la resolución de Calama es, por tanto, más limitado de lo que podría sugerir una lectura superficial. Zapatero se libra de que se incorpore un nuevo delito de malversación a su situación procesal, pero eso no supone el archivo de las actuaciones ni el cierre de las investigaciones que todavía le afectan.
La decisión también deja sobre la mesa una cuestión de fondo: no todos los comportamientos cuestionables de un cargo público pueden convertirse en delitos si la legislación vigente en el momento de los hechos no los contemplaba como tales. En este caso, el juez ha establecido que las posibles responsabilidades éticas o políticas derivadas de la conservación de las joyas no bastan, por sí solas, para sostener una acusación por malversación. @mundiario
