Ambientalistas y los diputados Claudia Díaz y Eric Silva, presentaron de manera formal una iniciativa para regular los Data Center en Querétaro. En estos cambios reconoce en la ley este tipo de industria, se exigen estudios de impacto ambiental, así como la generación de un padrón.
Integrantes del colectivo Voceras de la Madre Tierra, señalaron que al solicitar información a las autoridades de los tres noveles de gobierno se encontraron con vacíos legales e información que no es verificable, como puntualizó Teresa Roldán Soria.
Por ello, el legislador remarcó que también será exigible que haya consultas públicas tempranas, para que la gente de las comunidades esté informada sobre la instalación de estas empresas y sus impactos.
Para combatir la falta de transparencia, se solicita un inventario, en donde se informe los recursos naturales que utilizan, y un reporte anual verificable por la autoridad, para que no haya opacidad.
“Entonces, esta ley viene a darle una obligatoriedad al tema de lo que viene siendo la transparencia de los recursos. Otra cosa también se tiene que llevar a cabo un reporte anual, tiene que haber un reporte obligatorio. En este caso, ahorita la ley vigente lo maneja como un tema voluntario, en donde si la empresa quiere, voluntariamente puede mostrar su cédula de operación anual, pero no a esa fuerza, es decir, lo puede hacer o no lo puede hacer”.
Señalaron, que en recorridos por las comunidades en donde se han instalado estos centros de datos, no se ha constatado la generación de empleos, pero si se observan problemas de tandeo y desabasto de agua.
Lorenia Trueba Almada, agregó que ante la falta de información se presentó un amparo, pero alertó que el vacío legal ha permitido que se autorice, de manera discrecional a nivel federal y local, su llegada, sin que cuenten con manifestaciones de impacto ambiental, al clasificarlos como empresas de servicios y no como industrias.
“Salir a decir que el próximo año, las industrias van a manifestar cuál es su consumo del agua, eso no resuelve el problema. Eso no resuelve el problema, porque siguen funcionando y autorizándose en un vacío legal, siguen autorizándose y funcionando en una ausencia total de transparencia, y siguen funcionando y autorizándose sin la participación ciudadana de las comunidades y la población que puede ser afectada”, finalizó.
