La revisión del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) arrancó el lunes en Washington a la sombra de las amenazas de Trump de cancelar el tratado.
El equipo negociador de México ha manifestado que su posición decidida es intentar que el tratado se mantenga. Buenas razones para hacerlo son evitar altos aranceles estadounidenses y una baja en inversiones extranjeras directas que lesionarían regiones del país y sectores de la economía mexicana.
Pero también hay buenas razones para revisar y ponderar tanto las condiciones que la administración Trump querrá imponer para firmar, como los beneficios de la renovación de un tratado que, si bien ha dado certidumbre jurídica a los inversionistas extranjeros en México y acceso al mercado estadounidense, no ha sido un factor detonante del desarrollo de nuestro país.
No lo ha sido, principalmente, porque la política económica del gobierno mexicano asumió durante cuarenta años que fuera la implacable lógica del mercado la que determinara la composición de la planta industrial e impulsara su dinamismo.
El gobierno de Salinas de Gortari aceptó el TLC como instrumento del «Consenso de Washington» de 1982. Ese marco prescribía el abandono de interferencias políticas en el «libre funcionamiento» del mercado, lo que llevó a que durante décadas México careciera de una política industrial, entre otras, y de determinación empresarial para crecer y mejorar.
En consecuencia, nuestra economía perdió dinamismo en su crecimiento; la planta manufacturera no evolucionó tecnológicamente de manera significativa, ni ganó en productividad y competitividad mercantil, ni en generación de empleos, mejores salarios o bienestar de la población.
En lugar de coadyuvar al desarrollo del complejo industrial mexicano, Salinas optó por el Programa de Industrialización Fronteriza que fomentó el crecimiento de la industria maquiladora.
Las maquiladoras y ensambladoras son un modelo de negocio libre de impuestos al importar los componentes para ensamblarlos y tener un producto de consumo final que va al mercado internacional.
Las maquiladoras, en su mayoría extranjeras, fueron quedando a cargo de cubrir el mercado externo en lugar de que lo hiciera la planta productiva nacional; en 2021 fueron responsables del 67% de las exportaciones «mexicanas» de manufacturas.
El dato de la historia del tratado que mejor explica los magros resultados es que, del total de exportaciones que se hacen desde México, apenas llevan un 40% de contenido nacional, menos que en 1993, cuando el valor agregado por la planta industrial y los trabajadores mexicanos era de un 58.8%.
Es decir, aunque el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente desde 1994, prometía una integración comercial y productiva de México con Canadá y Estados Unidos que potenciara nuestras ventajas comparativas y las de la región en la economía globalizada, no ocurrió así.
De haber ocurrido la integración de esa forma, el crecimiento de las tres economías habría sido semejante; sin embargo, las de Canadá y Estados Unidos han crecido mucho más rápidamente que la nuestra.
Marte R. Gómez ha calculado que la economía mexicana equivalía en 1993 (antes del TLC) al 91.57% de la canadiense y en 2024 ya sólo representaba el 82.66%; ante la de EU, la diferencia es relativamente mayor, al haberse empequeñecido del 7.73% a una equivalencia de 6.35% en el mismo lapso.
La revisión en proceso del T-MEC tendría que equilibrar las asimetrías entre México y sus socios; por el contrario, conlleva exigencias de la Casa Blanca en diversos planos que van más allá de los intercambios mercantiles, que, de aceptarlas, limitarían el potencial de nuestro país para crecer y desarrollarse.
Lo determinante para Estados Unidos, además de asegurar cambios que mejoren su balanza comercial con nuestro país y Canadá, es su rivalidad con China, sus animadversiones migratorias y lo que considere que amenaza su seguridad nacional; para dejar esto último en claro, ofrece una versión distorsionada de la Doctrina Monroe.
Además de lo propio del T-MEC, EU pretende que México y Canadá se alineen geopolíticamente y minimicen tratos con China; que controlen migraciones y narcotráfico para su seguridad interna y, en nuestro caso, que en nuestra legislación se elimine toda restricción y regulaciones a los negocios de las empresas estadounidenses, que tengan acceso irrestricto al mayor de nuestros mercados, que es el de inversiones públicas, y disponibilidad garantizada de recursos naturales críticos.
Para desarmar la resistencia que México pudiera oponer a medidas que le perjudicaran, Washington tiene un amplio menú de opciones en nuestras vulnerabilidades energética, alimentaria, financiera, como las tiene en materia de remesas y turística, que dañarían la situación social y económica de amplias regiones del país.
No obstante, hay que tener claro que en la revisión del T-MEC México no se juega únicamente el acceso al mercado de Estados Unidos, sino mucho más: se juega su modelo de desarrollo económico para las próximas décadas.
La disyuntiva es entre un modelo basado en el sector exportador como el que ha regido durante las últimas décadas, o uno que persiga el fortalecimiento de las capacidades productivas internas y de la demanda de mercados internos.
Se trata de que uno sea el modelo prevalente, sin que implique la exclusión del otro.