A pesar de la evidencia —bochornosa en la elección de 2024— sobre la necesidad que tiene la minoría mayoritaria de contar con una coalición de partidos aliados, muchos observadores, afines o distantes del régimen, asumen que el mejor camino para Morena es competir de manera independiente en las elecciones intermedias. Parecen ignorar que, incluso en su mejor resultado histórico, Morena no alcanzó la mayoría en la Cámara de Diputados: 41 % de los votos apenas se tradujo en 49 % de los escaños. Morena necesita al PVEM y al PT, sobre todo porque el partido gobernante suele disminuir su porcentaje de votos en las elecciones intermedias.
En condiciones normales —que difícilmente se presentarán si prospera la intención de hacer de la consulta de ratificación de mandato concurrente a la elección— Morena obtendría poco más de 35 % de los votos, es decir, alrededor de 43 % de la Cámara. En ese escenario, no podría aprobar el presupuesto sin negociar. Pero el problema no se limita al ámbito legislativo; también se extiende a las elecciones locales. No es fácil que Morena mantenga su hegemonía territorial. En 2021 perdió terreno en la elección de diputados, pero compensó con triunfos en elecciones locales, en buena medida por la debacle del PRI. Ahora, difícilmente podría arrebatar a la oposición alguno de los estados en disputa. Chihuahua y Nuevo León podrían ser, pero no cuentan con candidatos claramente competitivos ni libres de sospecha, un factor que hoy sí pesa. Además, Michoacán y Campeche gobernados por Morena perfilan alternancia.
Las elecciones intermedias, además de locales son esencialmente territoriales. El cambio en la fecha de la consulta de ratificación de mandato busca alterar esa condición, convertirla en un proceso de carácter nacional y mediático. Esa es la apuesta: que los niveles de aprobación presidencial influyan favorablemente en las intenciones de voto de Morena. Sin embargo, podría ocurrir lo contrario: que los malos gobiernos locales y municipales, sumados a las dificultades en el horizonte terminen afectando a la presidenta Sheinbaum.
El PT y el PVEM necesitan la coalición. Para el primero es una cuestión de sobrevivencia, salvo que optara por postular a aspirantes competitivos rechazados por Morena, con el riesgo de que sean candidatos vinculados al crimen. Una estrategia así —poco probable— podría generar votos en elecciones de gobernador en Zacatecas, Guerrero o Michoacán, así como en comicios municipales en el Estado de México y otras zonas densamente pobladas donde Morena tiene fuerte presencia.
Ninguno de estos partidos desea romper con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Todos se necesitan. Sin embargo, los puristas del régimen no parecen advertir el valor del acuerdo tripartidista. Parten de una supuesta superioridad moral y minimizan que la corrupción está presente en Morena, así como gobernadores y alcaldes coludidos con el crimen organizado.
La vulnerabilidad del país frente a las presiones del gobierno de Donald Trump se agrava por la complicidad entre actores políticos y organizaciones criminales. Este problema se evidencia, entre otros fenómenos, en el contrabando de combustible, que no ha disminuido y donde convergen prácticas de corrupción de servidores públicos, participación de cuerpos de seguridad, intereses empresariales en transporte y comercialización, y redes del crimen organizado. En síntesis, desde su origen, el contrabando de combustible vincula al crimen organizado con el financiamiento ilegal de campañas, en una dinámica que involucra a las estructuras de poder.
Es también falsa la supuesta fortaleza electoral de Morena, así como el respaldo abrumador que reflejan algunas encuestas hacia la presidenta. De ser cierto esto último, la elección sería trámite y la mayoría legislativa se obtendría sin dificultad a través de triunfos distritales. Sin embargo, un análisis de los distritos metropolitanos y de las grandes ciudades muestra territorios de alta competencia y alternancia. Sin el PVEM y el PT, Morena sería vulnerable en más de 150 distritos.
El PVEM, más que ningún otro partido, parece tener claridad sobre esta realidad y ha adoptado una postura firme frente a la presión presidencial. Logró lo más importante en este segundo asalto, excluir los temas electorales en consultas populares y así cerrar la puerta a reformas constitucionales contrarias a sus intereses y, de paso, a los de la pluralidad política.
Por su parte, sorprende la seguridad del dirigente del PAN, Jorge Romero Herrera, al minimizar los efectos que podría tener la concurrencia de la consulta de ratificación de mandato con la elección, aunque se pretenda dar la impresión de fuerza o seguridad. Es indispensable que la principal oposición recupere su mística ciudadana; de muy poco sirven las baladronadas.
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