Cinco internos del Anexo de la Cárcel del Condado de El Paso enfrentan nuevos cargos criminales por su presunta participación en una golpiza contra otro recluso, quien terminó hospitalizado con una fractura en la órbita de un ojo y lesiones que requerirán una intervención quirúrgica.
La investigación de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso apunta a que la agresión pudo estar relacionada con mecanismos internos de disciplina de Chuco Tango, una pandilla callejera y penitenciaria cuyos integrantes confirmados se encontraban alojados en el bloque donde ocurrió el ataque.
Los acusados fueron identificados como Leroy Anaya, de 39 años; Santiago Carrillo, de 31; David Mendoza Jr., de 27; Gabriel Manuel Ontiveros, de 30, y Juan Rene Hernandez, de 30. Los cinco enfrentan cargos adicionales por participación en actividades delictivas organizadas (Engaging in Organized Criminal Activity), un delito grave estatal de tercer grado, conocido en Texas como state jail felony.
De acuerdo con la información difundida por el Sheriff Oscar Ugarte, los agentes acudieron el 25 de octubre al Anexo de la Cárcel del Condado, ubicado en el 12501 de Montana Avenue, para investigar una agresión contra un interno.
Durante la investigación, los detectives revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del área de población general. En ellas observaron a cinco reclusos ingresar a una celda, mientras uno de ellos obstruía visualmente la entrada para impedir que los oficiales de detención pudieran observar lo que sucedía en el interior.
La investigación, apoyada por agentes de Inteligencia de Pandillas asignados al centro penitenciario, permitió identificar a los presuntos participantes.
Según una denuncia policial citada en un reporte publicado por El Diario, uno de los internos habría permanecido como vigilante para alertar sobre la presencia de otras personas, mientras los demás ingresaban al área donde se encontraba la víctima. El documento también señala que los involucrados comenzaron a quitarse los uniformes penitenciarios antes de la agresión.
El reporte apunta a que este tipo de golpizas puede utilizarse dentro de Chuco Tango como una forma de castigo por problemas o conflictos que sus integrantes hayan tenido fuera de prisión. La práctica consiste en imponer una especie de disciplina interna mediante agresiones físicas.
La víctima, entrevistada por los investigadores en un hospital local, aseguró que sus lesiones fueron resultado de una pelea «uno contra uno». También se negó a identificar a su supuesto agresor y manifestó que no deseaba presentar cargos criminales.
Sin embargo, los agentes documentaron múltiples hematomas y lesiones en el rostro, la cabeza y los ojos del interno. La gravedad de las heridas obligó a mantenerlo hospitalizado para recibir atención especializada. Un médico determinó que presentaba una fractura en la órbita ocular y que necesitaría cirugía.
Pese a que el afectado no quiso proceder penalmente, los investigadores continuaron con las indagatorias a partir de las pruebas obtenidas y los testimonios del personal penitenciario.
El 3 de noviembre consiguieron órdenes de arresto contra los cinco señalados por su presunta participación en actividades delictivas organizadas.
Entre ellos figura Gabriel Manuel Ontiveros, quien enfrenta además un proceso por homicidio relacionado con la muerte a tiros de Eduardo Contreras, ocurrida a principios de este año. De acuerdo con la información publicada por El Diario, Ontiveros está acusado de dispararle y matarlo presuntamente por un episodio de celos, y tiene programado un juicio con jurado para marzo próximo.
Vigilancia y seguridad en el penal
En su comunicado, la Oficina del Sheriff explicó que el bloque donde ocurrió el incidente forma parte de un módulo de población general con capacidad máxima para 144 internos, distribuido en seis secciones de celdas.
Cada sección puede albergar hasta 24 reclusos, distribuidos en cuatro habitaciones con seis personas cada una.
La dependencia señaló que estos módulos cuentan con tres oficiales de detención: uno asignado a la estación de vigilancia y dos al área de las celdas. Esto representa una proporción de un oficial por cada 48 internos cuando se alcanza la capacidad máxima, conforme a los estándares de la Comisión de Texas para Normas de Cárceles (TCJS).
Además, los oficiales realizan inspecciones de seguridad y bienestar cada hora.
«La seguridad de cada persona bajo nuestra custodia es nuestra responsabilidad», declaró el sheriff Oscar Ugarte. Añadió que la violencia dentro de las instalaciones penitenciarias no será tolerada y que su oficina investigará estos incidentes para presentar cargos contra quienes considere responsables con base en las pruebas disponibles.
