El reconocimiento de que determinados trabajos pueden deteriorar la salud hasta hacer insostenible prolongar la vida laboral no se ha traducido todavía en una solución para miles de empleados en España. Más de dos años después de que el Gobierno de Pedro Sánchez acordara con sindicatos y patronales un procedimiento para facilitar la jubilación anticipada en las profesiones más penosas, la Seguridad Social continúa sin resolver ninguna de las solicitudes presentadas. La demora deja en el aire una medida que afecta a sectores con elevados índices de accidentes, enfermedades profesionales y mortalidad, y amenaza con convertirse en otra promesa pendiente del Ejecutivo.
La situación resulta especialmente llamativa porque el mecanismo se diseñó precisamente para evitar que los trabajadores tengan que esperar hasta la edad ordinaria de jubilación cuando las condiciones de su actividad representan un riesgo para su integridad física. Sin embargo, la construcción, el transporte por carretera, la hostelería y los servicios de atención domiciliaria siguen esperando una respuesta administrativa.
Las reclamaciones acumuladas afectan potencialmente a unos dos millones de trabajadores. Aunque no todos acabarán beneficiándose de la medida, la falta de resoluciones impide conocer qué profesiones cumplen realmente los requisitos y cuándo podrían comenzar a aplicarse los coeficientes reductores de la edad de jubilación.
El retraso también pone de manifiesto las dificultades del diálogo social para convertir los acuerdos en mejoras concretas. El pacto firmado por el Gobierno, CC OO, UGT, CEOE y Cepyme en septiembre de 2024 fue uno de los pocos grandes consensos alcanzados durante la legislatura. Dos años después, su aplicación sigue sin ofrecer resultados para los colectivos que más necesitan esta protección.
La Seguridad Social, dirigida por el departamento de Elma Saiz, no ha aclarado los motivos de la paralización ni ha concretado si pretende resolver los expedientes antes de las próximas elecciones. Los sindicatos, por su parte, denuncian el incumplimiento de los plazos y advierten de que podrían recuperar las movilizaciones si el Ejecutivo no reactiva el procedimiento.
La construcción y el transporte esperan una respuesta que no llega
Los primeros sectores en reclamar la jubilación anticipada fueron precisamente dos de los que presentan mayores problemas de siniestralidad: la construcción y el transporte por carretera.
En julio de 2025, CC OO y UGT solicitaron estudiar la aplicación de coeficientes reductores en la construcción, una actividad que registró 164 muertes laborales durante ese año. La petición pretendía abrir la puerta a que cerca de un millón de trabajadores pudieran retirarse antes, aunque las centrales sindicales reconocen ahora que el número de beneficiarios podría ser considerablemente inferior.
El transporte por carretera fue el siguiente en incorporarse al procedimiento. En este caso, las organizaciones sindicales consiguieron el respaldo de las principales patronales, entre ellas CETM, dedicada al transporte de mercancías, y Confebus, que representa al transporte de viajeros. La solicitud afecta a unos 570.000 empleados.
Pese a esa coincidencia entre representantes empresariales y trabajadores, el expediente tampoco ha llegado a una resolución. El Gobierno disponía de seis meses para completar el procedimiento, pero ha transcurrido más de un año desde que se registraron las primeras solicitudes.
Cristina Estévez, secretaria ejecutiva confederal de UGT y responsable de las políticas de Seguridad Social, considera que los plazos pactados se han incumplido de manera evidente. Según explica a El País, el Ministerio ha aludido a la falta de personal para justificar parte de la demora, aunque los sindicatos consideran que esa explicación ya no resulta suficiente.
El malestar también alcanza a la representación empresarial. Carmelo González, presidente de la patronal del transporte de mercancías, ha reconocido que comprende las protestas sindicales y recuerda que su organización respaldó la petición. El dirigente empresarial teme que una eventual huelga añada más dificultades a un sector que ya soporta importantes incrementos de costes.
Un procedimiento que permite sortear el rechazo empresarial
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es que las patronales no tienen capacidad para bloquear por sí solas todas las solicitudes.
El procedimiento establece que las organizaciones empresariales y sindicales representativas pueden pedir a la Seguridad Social que examine las condiciones de una actividad. Sin embargo, si las patronales no respaldan la iniciativa, el Gobierno también puede poner en marcha el estudio a petición de los sindicatos cuando existan indicadores suficientes de siniestralidad e incapacidad laboral.
Esta posibilidad fue una de las cuestiones más difíciles de negociar durante el acuerdo de 2024, según Carlos Bravo, responsable de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO.
La medida pretende evitar que los intereses económicos de las empresas prevalezcan sobre la protección de la salud de los empleados. No obstante, Bravo considera que algunas patronales sectoriales siguen interpretando la jubilación anticipada principalmente como un incremento de costes, en lugar de como una herramienta de prevención y protección laboral.
El sistema contempla, además, una compensación económica para las cuentas públicas. La concesión de coeficientes reductores implica una cotización adicional destinada a equilibrar el coste de que determinados profesionales puedan jubilarse antes. La edad mínima de acceso puede situarse en los 52 años, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.
Las profesiones feminizadas también reclaman retirarse antes
La paralización no afecta exclusivamente a los empleos tradicionalmente asociados al esfuerzo físico o al riesgo de accidentes graves. Durante los últimos meses, distintas organizaciones han ampliado las reclamaciones a actividades con importantes exigencias físicas y elevados niveles de incapacidad laboral. Entre ellas figuran las camareras de piso, las trabajadoras de ayuda a domicilio y el personal de asistencia en tierra de los aeropuertos.
UGT presentó en julio una solicitud para que unos 150.000 trabajadores de limpieza hotelera puedan acceder a la jubilación anticipada. La iniciativa también ha evidenciado diferencias entre las organizaciones sindicales, ya que CC OO cuestionó que su homóloga se adelantase sin mantener la coordinación habitual entre ambas centrales.
En octubre, CC OO y UGT reclamaron el reconocimiento de este derecho para unas 161.000 trabajadoras de ayuda a domicilio. A principios de noviembre hicieron lo mismo para aproximadamente 14.000 empleados del handling aeroportuario, encargados de tareas como la gestión de equipajes y otras operaciones en tierra.
A estas peticiones se suma la de los taxistas. La asociación UPTA, vinculada a UGT, ha impulsado la solicitud para un colectivo que podría reunir a unos 50.000 trabajadores. La patronal Antaxi también estudia presentar su propia iniciativa, aunque espera conocer primero el resultado del expediente del transporte de viajeros.
La incorporación de estas profesiones amplía el debate sobre qué se considera un trabajo penoso. Las lesiones musculares, los movimientos repetitivos, las jornadas exigentes y el desgaste acumulado también pueden limitar la capacidad de continuar trabajando hasta la edad ordinaria de retiro.
La Seguridad Social mantiene la cautela ante el coste de las pensiones
El Gobierno defiende un enfoque restrictivo para conceder los coeficientes reductores. No basta con que una profesión presente condiciones difíciles: también debe demostrarse que la penosidad y los riesgos no pueden corregirse suficientemente mediante medidas preventivas.
Esta exigencia explica parte de la complejidad de los expedientes, especialmente en la construcción, donde la Seguridad Social ha solicitado información adicional a las empresas sobre las tareas que desempeñan sus trabajadores. Las compañías deben aportar esos datos antes de marzo de 2027 para facilitar la evaluación de las actividades concretas que podrían justificar el adelanto del retiro.
El contexto económico tampoco es menor. La Seguridad Social afronta un incremento del gasto en pensiones, tanto por la jubilación de la generación del baby boom como por la revalorización de las prestaciones y el aumento de las pensiones medias. Aunque el mecanismo contempla cotizaciones adicionales para compensar el anticipo, su aplicación exige evaluar cuidadosamente el impacto de cada colectivo.
El problema es que la prudencia administrativa puede terminar convirtiéndose en una demora indefinida. Mientras se acumulan las solicitudes, los trabajadores continúan expuestos a unas condiciones laborales que precisamente justificaron la creación de este procedimiento.
Para CC OO y UGT, la paciencia tiene un límite. Cristina Estévez ha advertido de que habrá movilizaciones si la situación no cambia, mientras Carlos Bravo considera que no existen razones suficientes para mantener paralizados los expedientes.
El resultado es una paradoja difícil de ignorar: España dispone de un procedimiento para proteger a quienes desarrollan los trabajos más penosos, pero quienes podrían beneficiarse de él siguen esperando que la Administración dé el primer paso. @mundiario
