La Fiscalía Europea ha abierto una nueva investigación para esclarecer si pudo cometerse fraude o malversación en los contratos adjudicados por Adif para renovar los sistemas de seguridad, señalización y comunicaciones de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. La actuación llega después de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, que han dejado un balance conjunto de 115 fallecidos, y pone el foco en el destino y la ejecución de fondos europeos destinados precisamente a mejorar la protección de la infraestructura.
El Ministerio Público considera que el asunto requiere máxima prioridad. Tras analizar durante el fin de semana la documentación disponible, acordó formalmente el inicio de las nuevas diligencias y movilizó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los agentes acudieron a las sedes de Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y el Tribunal de Cuentas para reclamar documentación relacionada con las inversiones y los mecanismos de supervisión.
La Fiscalía ha optado por requerimientos presenciales en lugar de limitarse a solicitar información por los cauces ordinarios. Uno de los documentos requeridos al Tribunal de Cuentas es el informe de fiscalización aprobado en diciembre del pasado año sobre los procedimientos de gestión y control implantados por Adif y Adif-Alta Velocidad para ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La investigación pretende reconstruir cómo se adjudicaron los contratos, qué actuaciones se llevaron a cabo, si las obras se ejecutaron conforme a las condiciones previstas y si los sistemas instalados llegaron a funcionar con las garantías exigidas. Por ahora, la apertura de diligencias no acredita que se haya producido irregularidad alguna ni establece una relación causal entre los contratos investigados y los accidentes.
La elección de la UCO tampoco es casual. Esta unidad de la Guardia Civil ya participa en las investigaciones de los siniestros ferroviarios y cuenta con experiencia en el análisis de documentación contractual y económica. La Fiscalía Europea trabaja en paralelo con los juzgados que instruyen las causas de Adamuz y Urda, con el propósito de coordinar las actuaciones y evitar duplicidades.
La nueva investigación tiene un objeto distinto al de las diligencias judiciales centradas en las causas inmediatas de los accidentes. En el caso de Urda, el juzgado de Orgaz examina las circunstancias del choque y por qué no se detectó que uno de los trenes se encontraba detenido en la vía. La Fiscalía Europea, en cambio, busca determinar si los contratos destinados a renovar y reforzar los sistemas de seguridad y comunicaciones se gestionaron y ejecutaron correctamente.
Tres contratos por 136,4 millones de euros
El núcleo de las pesquisas se encuentra en las adjudicaciones realizadas en 2021 por el consejo de administración de Adif Alta Velocidad para renovar la línea Madrid-Sevilla, la primera infraestructura de alta velocidad que entró en servicio en España. Los tres contratos sumaban 136,4 millones de euros, procedentes de los fondos europeos Next Generation.
Las actuaciones contemplaban la modernización de los sistemas de protección, señalización, detección y comunicaciones. Entre los objetivos figuraba la implantación del sistema europeo ERTMS, concebido para supervisar la circulación y contribuir a evitar situaciones de riesgo, así como la extensión del ASFA Digital, que permite transmitir información de señalización y activar el frenado automático cuando resulta necesario.
El contrato de mayor cuantía, adjudicado por 93,8 millones de euros a Thales España GRP, incluía la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de renovación de las instalaciones de seguridad. El plazo total previsto era de 52 meses y abarcaba desde el diseño de las actuaciones hasta las pruebas y la puesta en servicio de los nuevos equipos. El proyecto contemplaba, entre otros trabajos, la modernización de los sistemas de protección de tren, las instalaciones de señalización, los detectores de caída de objetos y las telecomunicaciones fijas. También incluía actuaciones sobre el sistema LZB, utilizado en la línea Madrid-Sevilla, y la instalación de nuevos dispositivos auxiliares de vigilancia.
La renovación debía permitir que los detectores de caída de objetos se integrasen con los Sistemas Complementarios de Vigilancia y Seguridad (SCVS), de modo que pudieran comunicar posibles incidencias. Otro de los contratos bajo examen se refería a los sistemas de detección de trenes, incluidos los circuitos de vía, su integración en los enclavamientos, las herramientas de ayuda al mantenimiento y la instalación de nuevo cableado y equipamiento. La Fiscalía quiere comprobar si esas actuaciones se correspondieron con lo contratado y si los fondos europeos se destinaron efectivamente a los fines previstos.
Adamuz ya había activado las pesquisas europeas
La intervención sobre los contratos de Adif no comienza con el accidente de Urda. La Fiscalía Europea ya había actuado de oficio tras el siniestro de Adamuz, ocurrido el 18 de enero y en el que murieron 46 personas. Entonces, junto a la UCO, puso el foco en los contratos de mantenimiento y en la ejecución de las inversiones financiadas con recursos comunitarios.
El accidente de Urda, registrado el 28 de octubre y con 69 víctimas mortales, ha llevado ahora a ampliar el escrutinio sobre los sistemas de seguridad y comunicaciones de la línea Madrid-Sevilla. La coincidencia de dos tragedias ferroviarias en una misma infraestructura en menos de un año ha elevado la preocupación sobre el estado de las instalaciones y la eficacia de las inversiones realizadas.
En esa misma dirección se pronunció el comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, quien calificó de “muy preocupante” que se hayan producido dos accidentes ferroviarios en la misma línea en un periodo inferior a un año. Sus palabras han añadido presión sobre las autoridades españolas para aclarar tanto las causas de los siniestros como el funcionamiento de los mecanismos de seguridad. @mundiario
