El Paso.- A más de un año de que Xavier Guadalupe Hernández, de 30 años, muriera bajo custodia de la policía de El Paso (EPPD) durante una crisis de salud mental, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), organizaciones comunitarias y la familia de Hernández exigieron justicia y transparencia en una conferencia de prensa realizada este jueves 1 de octubre frente a la Corte del Condado de El Paso, ubicado en el 500 de la avenida San Antonio Este.
El capítulo Distrito IV de LULAC convocó al evento, denominado "Justicia para Xavier: llamado a la acción", al que se sumaron El Paso's Recovery Alliance, la rama local de la NAACP y Angélica "Angie" Luján, madre de Hernández, acompañada de familiares.
Un caso que llegará a un gran jurado
De acuerdo con LULAC y la familia de Hernández, la Oficina del Fiscal de Distrito del condado de El Paso, encabezada por James Montoya, les informó que presentará ante un gran jurado las dos investigaciones ya concluidas sobre el caso: la realizada por los Rangers de Texas y la investigación interna de la propia EPPD. El gran jurado será el encargado de determinar si existe responsabilidad penal en lo que las autoridades ya clasificaron como un homicidio.
Durante la conferencia de prensa se leyó en voz alta un comunicado atribuido a Montoya, en el que el fiscal de distrito señaló que, aunque su oficina no puede comentar sobre un caso en curso, sí recibió las investigaciones de la policía de El Paso y de los Rangers de Texas, y ha seguido trabajando en el caso desde entonces. Montoya añadió que es política de su oficina presentar todas las muertes bajo custodia y los incidentes con participación de oficiales ante un gran jurado de residentes de El Paso, para su revisión y determinación de una posible responsabilidad penal, y que este caso no sería la excepción.
"¿Dónde estuvo el intento de desescalar?"
Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, Luján se dirigió al público para recordar a su hijo. "Xavier tenía 30 años, era amado y tenía una familia que esperaba que volviera a casa. En cambio, al final de ese encuentro con la policía, Xavier estaba muerto", dijo. "Eso es algo que no puedo dejar de preguntarme: ¿dónde estuvo el intento de desescalar? ¿Dónde estuvo la compasión por alguien que atravesaba una crisis de salud mental? ¿Dónde estuvo el esfuerzo por traer a mi hijo a casa sano y salvo? Y hoy, más de un año después, sigo aquí parada haciéndome las mismas preguntas".
Lupe Torres, vicepresidenta nacional de LULAC para la región suroeste, detalló las tres exigencias de la organización: rendición de cuentas, con transparencia total, revisión independiente y consecuencias para cualquier oficial que haya usado fuerza ilegal o que haya presenciado a un compañero violar los derechos de alguien sin intervenir; una reforma de políticas que trate las crisis de salud mental como un problema de salud pública y no como un campo de batalla, con capacitación y recursos enfocados en la desescalada y la atención médica, además de límites estrictos al uso de la restricción boca abajo y la presión en el cuello, con la obligación inmediata de reposicionar a la persona y brindarle auxilio; y, por último, dignidad, "porque Xavier Guadalupe Hernández era un ser humano y su vida tenía valor", dijo Torres.
Lo que ocurrió la noche del 13 de julio de 2025
Hernández murió el 13 de julio de 2025 tras un encuentro con oficiales de la EPPD en el paso elevado de Yarbrough, sobre la autopista interestatal 10. La policía respondió esa noche a reportes de un peatón sobre la vialidad. Según la versión policial, Hernández se tornó "combativo y poco cooperativo" durante la interacción. Los oficiales usaron una pistola paralizante, que resultó "ineficaz".
En un video de cámara corporal divulgado por la propia EPPD, se observa a los oficiales sujetando a Hernández contra el suelo y esposándolo. Más adelante en la grabación, un oficial dice que Hernández no está respirando y comienza a hacerle reanimación cardiopulmonar (RCP).
La Oficina del Médico Forense del condado de El Paso clasificó la muerte de Hernández como homicidio, y determinó que la causa fue asfixia por compresión torácica durante su sometimiento y restricción por parte de las autoridades. El reporte también señaló la toxicidad por cocaína como un factor contribuyente. Una clasificación de homicidio es una determinación médica y, por sí sola, no establece responsabilidad penal.
A principios de este año, la familia de Hernández presentó una demanda contra el Departamento de Policía de El Paso y varios de sus oficiales. "Luego usaron este caos que ellos mismos crearon como una excusa ilegítima para emplear cada vez más fuerza, hasta que finalmente lo mataron, y todos sabemos que ICE está haciendo exactamente lo mismo en todo este país", dijo Robert Meléndez, abogado de la familia, durante una conferencia de prensa realizada el 26 de enero.
LULAC subrayó que no busca prejuzgar una culpabilidad penal o civil, sino que pide a las agencias responsables de revisar el caso que concluyan su trabajo y divulguen los resultados en la medida en que la ley lo permita.
