El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue posibles delitos relacionados con el manejo de recursos públicos y la asignación de contratos a empresas proveedoras de organismos electorales. Entre las personas que, de acuerdo con fuentes legislativas, estarían involucradas se encuentran la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala y el contratista José Alfredo Hernández Casillas.

La denuncia se suma a seis acciones penales que el Órgano Interno de Control (OIC) del INE presentó ante la FGR contra funcionarios y exfuncionarios del organismo, así como empresas, por la probable comisión de delitos como uso ilícito de atribuciones y facultades, cohecho y tráfico de influencias.

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Los señalamientos incluyen contratos relacionados con la elección judicial de 2025 y la producción de la credencial para votar, además de adjudicaciones realizadas durante años recientes a compañías vinculadas entre sí.

INE PRESENTA DENUNCIA ANTE LA FGR POR MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS

A través de un comunicado oficial, el instituto confirmó que presentó formalmente una denuncia para que la FGR investigue posibles conductas constitutivas de delito y determine, en su caso, las responsabilidades correspondientes.

El organismo electoral sostuvo que la decisión responde a su obligación de garantizar la legalidad, transparencia y correcta administración de los recursos públicos, sin importar las personas involucradas o los periodos de gestión.

“El INE subraya que esta determinación responde exclusivamente a su obligación institucional de salvaguardar la legalidad, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, sin distinción de personas, cargos, responsabilidades o periodos de gestión”, indicó.

Asimismo, afirmó mantener una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que pudiera comprometer los recursos destinados al cumplimiento de sus funciones constitucionales.

OIC PRESENTA SEIS DENUNCIAS PENALES CONTRA FUNCIONARIOS Y EMPRESAS

Por otra parte, el titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó este viernes a la Cámara de Diputados que la instancia presentó seis denuncias penales ante la FGR contra personas servidoras y exservidoras públicas del organismo electoral, así como contra empresas.

La información fue notificada mediante un escrito dirigido a los presidentes de las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción, Javier Herrera Borunda, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo (PT), respectivamente.

En el documento, Carvente detalló que las denuncias corresponden a hechos que podrían constituir los delitos de:

- Uso ilícito de atribuciones y facultades.

- Uso de documento falso.

- Tráfico de influencias.

- Ejercicio ilícito del servicio público.

- Cohecho.

- Otros delitos que determine la autoridad competente.

De acuerdo con fuentes legislativas, entre las personas relacionadas con estas investigaciones estarían Guadalupe Taddei Zavala y el contratista José Alfredo Hernández Casillas.

Además de las denuncias penales, el titular del OIC informó que se emplazó a ocho personas servidoras y exservidoras públicas, así como a una empresa, para comparecer a audiencias iniciales dentro de procedimientos de responsabilidad administrativa por presuntas faltas graves.

El funcionario explicó que los expedientes serán remitidos, cuando corresponda, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, instancia que deberá determinar las responsabilidades dentro de sus atribuciones.

También señaló que el Órgano Interno de Control continuará presentando denuncias ante las autoridades competentes si identifica hechos que pudieran constituir delitos.

EMPRESAS VINCULADAS RECIBIERON CONTRATOS POR 2 MIL 461 MILLONES DE PESOS

El caso tiene como antecedente la comparecencia de Víctor Hugo Carvente ante la Cámara de Diputados, realizada el pasado 30 de octubre, cuando informó sobre presuntas irregularidades en la contratación de servicios por parte de organismos electorales.

Durante esa sesión, señaló que cinco empresas vinculadas entre sí recibieron contratos por un monto de 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025, principalmente de organismos públicos locales electorales (OPLE).

Según lo expuesto por el titular del OIC, las compañías habrían simulado competencia y tenían entre sus vínculos a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, además de otras personas que presuntamente formarían parte de una red empresarial.

Entre los contratos bajo revisión se encuentran adjudicaciones relacionadas con la producción de la credencial para votar y los servicios vinculados con la elección judicial de 2025.

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Los señalamientos también involucran a Guadalupe Taddei por sus presuntos vínculos personales con los empresarios y posibles beneficios otorgados mediante contratos públicos.

El caso derivó recientemente en la renuncia de Taddei, de acuerdo con la información proporcionada, mientras la FGR deberá determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales en las operaciones señaladas.