El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación, México, fue reconocido por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas con el Premio Sentencias: Acceso a la Justicia de Personas Migrantes o Sujetas de Protección Internacional por el amparo en revisión 686/2025, resuelto el 19 de febrero de 2026.
Como resolución al amparo promovido por la Clínica de Derechos Humanos del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM (PUDH-UNAM) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), el Tribunal resolvió que la exigencia del estatus migratorio por parte de las empresas de autotransporte de pasajeros y turismo en México constituye un acto de discriminación por nacionalidad.
Derecho al libre tránsito
Este año, el premio Sentencias reconoció las decisiones judiciales de Ecuador, Colombia y México que contribuyen a la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas, desplazadas internamente y sujetas de protección internacional en las Américas. México ganó una mención especial.
El fallo reconocido “protege el derecho al libre tránsito y pone freno a las políticas discriminatorias que han obstaculizado la movilidad segura para las personas migrantes en México”, debido a que declara inconstitucional la política del Instituto Nacional de Migración (INM), implementada mediante diversos oficios emitidos entre 2019 y 2021, que instruía a las empresas a verificar el estatus migratorio de las personas usuarias y negarles el servicio para viajar si no acreditan su estancia migratoria regular en el país, informó la Imumi.
El Tribunal determinó que estas medidas vulneran el derecho al libre tránsito, establecido en el artículo 11 de la Constitución mexicana, de la población migrante y mexicana.
El fallo aclara que las empresas de transporte no tienen facultades, conforme a la Ley de Migración, para actuar como agentes migratorios al revisar el estatus migratorio de las personas extranjeras en el país. Al tiempo que transportar a una persona migrante dentro del país, mediante un servicio comercial regular, no constituye un delito de tráfico de personas.
Ponen en riesgo la vida, dignidad e integridad física
De acuerdo con el análisis jurídico, estas políticas restrictivas resultan contraproducentes y peligrosas, ya que incentivan el mercado negro de tráfico de personas migrantes y ponen en riesgo la vida, dignidad e integridad física de las personas en movilidad en el país.
Como parte de los lineamientos obligatorios de cumplimiento, la sentencia exige al INM crear y difundir una estrategia de acción donde se establezca expresamente que las personas pueden adquirir boletos de autobús en cualquier taquilla y central de autobuses sin tener que identificarse ni comprobar su situación migratoria y debe difundir la estrategia por los canales apropiados para que llegue a las personas migrantes, empleando mensajes bajo una perspectiva de género, infancia y etaria.
Además, señaló que el INM también debe diseñar e implementar un programa de visitas de verificación en las centrales de autobuses para constatar que las personas usuarias puedan adquirir boletos sin identificarse y que no sean detenidas durante sus traslados y llegada a sus destinos.
