MORELIA, Mich., 19 de marzo de 2026.- En medio del debate por el impacto del Plan B en el Congreso de Michoacán, el líder del sindicato del Poder Legislativo, Rogelio Andrade, advirtió que el ajuste presupuestal no sólo es inviable en los términos planteados por diputados, sino que podría convertirse en un problema político para Morena a nivel nacional.

“A nivel nacional es un tema que le podría implosionar políticamente, ya que la mayoría de los estados están gobernados por Morena y por ende casi también la mayoría de los congresos de los estados”, señaló, al cuestionar “por qué aferrarse a afectar al Poder Legislativo”.

En entrevista, el dirigente sindical fue tajante al rechazar la viabilidad de operar con una reducción drástica de personal. “No, es imposible”, respondió al ser cuestionado sobre si el Congreso podría funcionar con 400 trabajadores. Argumentó que la estructura actual responde a obligaciones legales acumuladas en los últimos años.

“Se han ido generando oficinas y compromisos a través de los distintos ordenamientos… la creación de nuevas figuras en el propio Poder Legislativo que hacen imposible que esto pase”, explicó.

Incluso advirtió que un recorte de esa magnitud implicaría modificar marcos normativos de alcance nacional. “Tendrían que reformar la Ley de los Trabajadores del Servicio del Gobierno del Estado, tendrían que reformar la Ley General de Archivos”, señaló, al defender la permanencia de áreas como archivo y biblioteca.

“La Ley General de Archivos obliga a todas las entidades públicas a tener en orden sus archivos… hay sanciones a quien no lo haga”, enfatizó.

En contraste, planteó que el ajuste debería enfocarse en las estructuras de apoyo político. “¿En dónde estaría bien el recorte? En los asesores”, sostuvo.

Recordó que anteriormente los legisladores pagaban a sus asesores con recursos propios, pero ese esquema cambió. “En la legislatura de Jesús Reina… se introdujo el pago de tres asesores por diputado más los asesores de fracción, ahí fue donde creció enormemente el Poder Legislativo”, explicó.

El crecimiento, dijo, no se ha detenido. “Cada que hay un cambio de legislatura, pues se pelean que sean seis, que sean cinco”, añadió.

Incluso exhibió el tamaño de las estructuras paralelas que han construido algunos legisladores. “Él mismo habló de que tiene 25 trabajadores, cinco por municipio… imagínense los colaboradores que traen los diputados”, dijo.

A esto se suma una práctica recurrente: “se van los diputados y meten ahí por lo menos uno por diputado”, lo que representa en promedio “40” nuevos trabajadores por legislatura.

Frente a la narrativa de que la carga financiera está en la base sindicalizada, el dirigente la rechazó de manera frontal. “La nómina del personal sindicalizado no representa más de 250 millones de pesos, incluyendo los indirectos”, detalló.

Incluso estimó que, sumando trabajadores de base no sindicalizados, el monto rondaría “300 millones” anuales.

“El problema de las finanzas del Poder Legislativo no es el personal de base, es el personal que traen los propios diputados, que son yo creo que más de 300”, sostuvo.

El contraste salarial también fue expuesto. Mientras trabajadores de intendencia perciben “10 mil pesos mensuales” y niveles básicos rondan los “18 mil pesos”, los diputados cuentan con recursos mucho mayores. “Un diputado… tiene más de 500 mil pesos por diputado, más los coordinadores que tienen una partida adicional”, afirmó.

“Los puros diputados se llevan más de lo que perciben los trabajadores de base y sindicalizados”, remató.

Sobre el tamaño del sindicato, precisó que agrupa a “407” trabajadores dentro del Congreso. Además, reveló que hay al menos “150 trabajadores en espera de ser aceptados” para su basificación, algunos con hasta cinco años de antigüedad.

En cuanto a jubilaciones, indicó que el promedio es de “10 por año”, lo que no representa una vía significativa de reducción de la nómina.

El dirigente también cuestionó el viraje discursivo desde la presidencia del Congreso. “Hace unos días felicitábamos a los trabajadores con antigüedades… hasta de 45 años”, recordó, en referencia al reconocimiento reciente a personal sindicalizado.

Por ello, consideró incongruente que ahora se plantee reducir la nómina como solución. “Yo creo que aquí viene la incongruencia”, sostuvo.

En el fondo, el señalamiento se inserta en el mismo debate que ya atraviesa al Congreso de Michoacán: un recorte de hasta 420 millones de pesos, derivado del Plan B, que ha abierto tensiones incluso dentro de la 4T.

Mientras desde Morena se insiste en respetar derechos laborales y desde el PT se advierte que podrían eliminarse hasta 300 plazas, el sindicato fija su postura: el ajuste no debe recaer en la base trabajadora, sino en las estructuras políticas que, asegura, han inflado la nómina en los últimos años.

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