La organización Human Rights First pidió a la comunidad estadounidense firmar una carta pública para solicitar al Congreso que ponga fin a las deportaciones crueles e ilegales a terceros países.
A través del Diagnostico 2025 sobre las condiciones de las estancias y estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señalo que durante su visita a la estancia provisional tipo “B” de Janos, ubicada aproximadamente 212 kilómetros de Ciudad Juárez encontraron a personas extranjeras que fueron deportadas a México por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) después de haber vivido hasta más de 30 años en Estados Unidos o de permanecer en un Centro de Reinserción Social del vecino país.
Mientras el Gobierno mexicano no ha informado cuantas personas de origen extranjero han recibido enviadas al país durante la segunda administración de Donald Trump, de acuerdo con la Human Rights First desde enero de 2025, la administración ha sacado a más de 25 mil personas de su país, en muchos casos para enviarlos a terceros países.
“La administración Trump está desterrando a nuestros vecinos, amigos y miembros de la comunidad inmigrantes a lugares que jamás han pisado, donde no tienen vínculos significativos y donde podrían enfrentar abusos, detención, maltrato o regresar a los mismos peligros de los que huyeron. La administración está sometiendo a refugiados y personas que han vivido en el país durante décadas, incluyendo a quienes gozan de protección contra la persecución o la tortura, a esta cruel política”, denunció.
Dijo que a pesar de que se les ha concedido protección en Estados Unidos, el Gobierno está incumpliendo su promesa de mantener a estas personas a salvo y las está deportando a terceros países con poco o ningún aviso.
Elude Estados Unidos garantías procesales
También señaló que en muchos casos, estas personas han sido enviadas a la fuerza a terceros países con escaso o ningún aviso y sin una oportunidad justa para impugnar su expulsión o expresar sus temores de sufrir daños en el país de destino.
“Estados Unidos elude estas garantías procesales alegando basarse en ‘garantías diplomáticas’ generales ofrecidas por países extranjeros, según las cuales ninguna persona deportada a dichos países será perseguida ni torturada. Sin embargo, Human Rights First ha documentado cómo estas garantías se violan sistemáticamente y guardan poca relación con la realidad que enfrentan quienes son trasladados por la fuerza”, agrega el documento que será enviado al Congreso.
Colombiana en República Democrática del Congo
La carta narra el caso de una sobreviviente colombiana de tortura que obtuvo protección contra la deportación, y finalmente fue puesta en libertad por un tribunal federal tras un año y medio de detención, por lo que compartió que se sintió “la persona más feliz del mundo al salir de ese lugar”; sin embargo, fue detenida nuevamente al mes siguiente.
Mientras asistía a una cita con el ISAP (Programa de Supervisión Intensiva de Comparecencia, que el ICE utiliza para monitorear a algunos inmigrantes que no están detenidos), un empleado le indicó que caminara hasta la oficina del ICE cercana para que le quitaran el monitor electrónico. Pero, al llegar, fue detenida e informada de que sería enviada a otro país.
Ella dijo: “Entré en pánico porque había estado detenida durante un año y medio... Les expliqué que tenía protección. Les rogué que no me hicieran esto”. Poco después, el ICE la envió por la fuerza a la República Democrática del Congo.
“Esta administración está utilizando su política de expulsión de personas procedentes de terceros países para infundir un miedo generalizado en nuestras comunidades, presionando a las personas detenidas para que renuncien a sus protecciones legales y socavando los compromisos de larga data de Estados Unidos para salvaguardar a las personas que huyen de la persecución”, denunció Human Rights First.
Para mayor información puede consultar la carta a través del enlace digital: hrf.news/TCD-TakeAction.
