La política española ha vuelto a demostrar que, incluso después de una tragedia, la batalla por el relato puede convertirse en un terreno de confrontación. La reaparición de Alberto Núñez Feijóo en Valladolid no ha sido un simple acto de precampaña. El presidente del Partido Popular ha aprovechado el escenario para cuestionar la respuesta del PSOE al accidente ferroviario de Urda y, especialmente, la manera en que los socialistas han interpretado la dimisión de Óscar Puente.
Su referencia a una supuesta canonización del exministro contiene algo más que una burla. Feijóo pretende cuestionar la transformación de una salida del Gobierno en un gesto de dignidad política. A su juicio, abandonar el cargo no equivale a asumir todas las responsabilidades ni permite dar por concluido el examen de lo sucedido.
Cuando Feijóo afirma que el PSOE está a punto de canonizar a Óscar Puente, utiliza una expresión deliberadamente provocadora. La canonización es el reconocimiento solemne de una figura considerada ejemplar. Trasladada al terreno político, la metáfora sugiere que el socialismo estaría presentando al exministro como alguien que merece reconocimiento por su comportamiento, en lugar de someter su gestión a un análisis crítico.
La cuestión de fondo es relevante: ¿puede una dimisión considerarse suficiente respuesta ante una tragedia con 69 víctimas mortales? Para el líder popular, la respuesta es negativa. Considera que la responsabilidad institucional exige explicaciones, transparencia y, si existen indicios de irregularidades, consecuencias que vayan más allá de abandonar un despacho.
Sin embargo, conviene distinguir entre responsabilidad política y responsabilidad penal. La primera puede derivarse de una gestión deficiente, mientras que la segunda necesita pruebas y decisiones judiciales. Confundir ambos planos puede alimentar la confrontación, pero tampoco debería servir para evitar que se investiguen posibles fallos.
Feijóo vincula la crisis ferroviaria con la corrupción en Transportes
El presidente del PP ha ido más allá de la actuación de Puente y ha situado el accidente dentro de una crisis de credibilidad que, según su diagnóstico, afecta al Ministerio de Transportes. Ha relacionado los problemas de infraestructuras con las investigaciones de la UCO sobre el caso Koldo y ha anunciado que, si llega a La Moncloa, impulsará una auditoría de las cuentas del Gobierno.
Su advertencia más contundente apunta a la posibilidad de que recursos destinados a garantizar la seguridad ferroviaria hubieran terminado beneficiando al PSOE o a personas vinculadas a sus dirigentes. Se trata de una acusación política de enorme gravedad que deberá contrastarse con pruebas: no puede darse por acreditada por el simple hecho de que existan investigaciones sobre presuntas irregularidades.
El debate, no obstante, tiene una dimensión que trasciende a los partidos. La seguridad del transporte público exige controles rigurosos, inversiones verificables y mecanismos que permitan conocer dónde termina cada euro destinado al mantenimiento de las infraestructuras.
Inmigración, inseguridad y una campaña que busca desgastar al PSOE
Feijóo también ha aprovechado el acto para recuperar otros asuntos que el PP considera prioritarios: la inmigración, la inseguridad y las dificultades económicas de los jóvenes. Con referencias al denominado «Gobierno de las orgías», ha endurecido su discurso para disputar a Vox parte de su espacio electoral.
La estrategia revela que los populares quieren convertir la campaña en un examen global de la gestión de Sánchez, utilizando el accidente ferroviario como uno de sus principales argumentos.
Pero existe un riesgo: que la tragedia termine reducida a un instrumento de confrontación partidista. La ciudadanía necesita saber qué ocurrió, qué falló y quién debe responder, no únicamente escuchar acusaciones cruzadas.
La verdadera prueba para Feijóo y Sánchez será demostrar que sus exigencias de transparencia se traducen en actuaciones concretas. Porque ni una dimisión convierte automáticamente a un político en ejemplo de dignidad ni una acusación política demuestra por sí sola culpabilidad. Entre ambas posiciones está lo verdaderamente importante: esclarecer los hechos y garantizar que una tragedia semejante no vuelva a repetirse. @mundiario
