Dignidad sin condiciones: discapacidad, derechos humanos y capitalismo
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¿Cómo garantizar una dignidad incondicional cuando el acceso a los recursos y el reconocimiento social están atravesados por la propiedad, el ingreso y la productividad?
Una persona tiene derecho a decidir dónde vivir, pero no cuenta con recursos para pagar la asistencia que necesita. Otra consigue un empleo, aunque la jornada le exige un ritmo que compromete su salud; una más puede ingresar a la universidad, pero el transporte inaccesible le impide llegar. En estas situaciones, reconocer derechos es un avance indispensable; sin embargo, la distancia entre tenerlos y ejercerlos obliga a preguntarnos qué condiciones hacen posible su cumplimiento.
El modelo de derechos humanos de la discapacidad ofrece un punto de partida fundamental, afirmando que las personas con discapacidad son titulares de derechos y que su dignidad no depende de sus características físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales. Desde esta perspectiva, las respuestas a la discapacidad deben orientarse por la igualdad, la autonomía y la participación, en lugar de reducirse a la asistencia o a la corrección de los cuerpos.
Esta propuesta contiene una promesa profundamente transformadora. No obstante, su aplicación en una sociedad capitalista enfrenta una tensión: ¿cómo garantizar una dignidad incondicional cuando el acceso a los recursos y el reconocimiento social están atravesados por la propiedad, el ingreso y la productividad?
Una de las contradicciones nace cuando la inclusión se justifica por su utilidad económica. Pensemos en una campaña hipotética que invite a contratar personas con discapacidad porque son productivas y generan beneficios para las empresas. El argumento puede abrir oportunidades laborales, pero también introduce una condición problemática: parece necesario demostrar rentabilidad para merecer un lugar.
¿Qué sucede entonces con quienes requieren apoyos intensos, no pueden mantener una jornada convencional o no participan en el trabajo remunerado? Si la defensa de su inclusión descansa en cuánto pueden producir, permanece intacta la jerarquía que atribuye mayor valor a determinadas capacidades. Desde un enfoque de derechos, acceder a una vida digna no puede convertirse en la recompensa por resultar económicamente útil.
Esto no implica restar importancia al empleo. Contar con trabajo accesible, remuneración suficiente y condiciones justas puede ampliar las posibilidades de decisión. La dificultad surge cuando el empleo se presenta como solución universal y se deja sin respuesta cómo garantizar el bienestar de quienes no pueden acceder a él. Una política de inclusión necesita contemplar también el derecho a descansar, recibir apoyos y vivir sin tener que probar constantemente la propia productividad.
Actualmente, se suele confundir inclusión con adaptación a estructuras existentes. Permitir el ingreso a una escuela o a un empleo representa un avance, pero no garantiza que sus tiempos, espacios y exigencias sean accesibles. Si únicamente pueden permanecer quienes se aproximan al rendimiento esperado, la puerta se abre de manera selectiva.
La crítica propuesta aquí apunta a una aplicación del modelo que incorpora personas sin revisar suficientemente las reglas que producen su exclusión. Una institución puede adoptar el lenguaje de los derechos y, al mismo tiempo, conservar criterios que penalizan la necesidad de pausas, los distintos modos de comunicación o los ritmos diversos de aprendizaje.
Sería impreciso afirmar que el modelo de derechos humanos exige estas contradicciones. Sus principios también permiten denunciarlas. De hecho, el propio Comité señala que hacer efectiva la vida independiente requiere cambios estructurales. La cuestión es hasta dónde se desarrolla ese potencial cuando su aplicación se concentra en reformas legales o en incorporar a las personas al mercado.
Tomar en serio el modelo exige discutir presupuestos, servicios públicos, organización del trabajo y distribución de los apoyos. También requiere que las personas con discapacidad participen en esas decisiones. La dignidad pierde fuerza como principio incondicional cuando su ejercicio depende de comprar asistencia, soportar exigencias inaccesibles o demostrar utilidad económica. Una sociedad comprometida con los derechos debe garantizar un lugar a todas las personas, incluso cuando su presencia no produzca ganancias.
La autora es auxiliar de investigación en el Centro de Educación para los Derechos Humanos de la Academia IDH
Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH
