La Reforma Electoral planteada por la Presidenta Claudia Sheinbaum que recientemente fue desechada por el PRI, PAN, MC más los votos del PT y Partido Verde dejó claro que el sistema de partidos en nuestro país sigue negándose a transformarse como lo pide la mayoría del pueblo de México.

Lo que parecería una negativa y podría significar el primer gran impase del sexenio, mostró a la ciudadanía de cuerpo entero a quienes no quieren que se cumpla la máxima de que “¡no puede haber gobierno rico con pueblo pobre!”, pero como era de esperarse, la primera mandataria ya tenía listo un Plan B para hacer cumplir su compromiso con los mexicanos que en las urnas votaron por la profundización del proyecto llamado cuarta transformación.

Si bien el proyecto original planteaba que de manera integral se disminuyera el gasto en 15 mil millones de pesos para orientarlos directamente a las necesidades más sentidas de la población, el PRI, PAN y MC defendieron su patente partidista de privilegios con argumentos simplones y más descalificaciones que verdadero debate.

La propuesta alternativa plantea recuperar 4 mil millones de manera directa con cambios que parecerían una fórmula sencilla que se ha venido exigiendo desde hace tiempo, adelgazar la burocracia, misma que, por ejemplo cuesta al pueblo de Monterrey  por cada regidor alrededor de 79 mil pesos mensuales solo por sus remuneraciones sin contar gastos del personal y recursos para operación y no obstante su cabildo se conforma de  28 regidores sumando, reitero únicamente en remuneraciones al representante popular, 26.5 millones de pesos al año, más de los $5.6 millones para tecnologías limpias y $7.4 millones para mitigación del cambio climático que erogaron en 2025.

Considerando otros gastos de burocracia excesiva, los congresos estatales despilfarran cantidades ingentes que en proporción, por número de habitantes y presupuesto asignado, ya que cada diputado cuesta al pueblo: en Baja California 34.8 millones; Jalisco 26.7 millones; Chihuahua 24.3 millones o Querétaro 17.3 millones de pesos.

Es por eso que se plantea que el presupuesto para los poderes legislativos no puedan superar el 0.7 por ciento del presupuesto estatal, una propuesta que la oposición no ha tardado de vituperar con el falso debate de quitar recursos, pero nada más alejado de la verdad ya que se plantea que este dinero se redirija a inversión en infraestructura, misma de la que adolecen las y los ciudadanos desde hace décadas en sus colonias, municipios y estados.

Ahora bien, uno de los aspectos más significativos de la reforma tiene que ver con que el pueblo tome en sus manos las decisiones, hemos sido aleccionados de que la política es cuestión de los políticos y, por ende, buscan obtener beneficios particulares y aprovecharse de la posición que el pueblo les encarga; que las y los mexicanos puedan evaluar el trabajo de sus autoridades y decidir si se quedan o se van, esto debe ser el principio rector de “mandar obedeciendo” con la posibilidad de que su permanencia dependa de un trabajo integro, honesto y dedicado que pueda ser evaluado en un referéndum, como también que las decisiones que impactan en lo más inmediato sean pasadas a la aprobación del pueblo a través de una consulta popular y no tomadas en acuerdo y cochupo.

En los próximos días se discutirá en el Congreso de la Unión la iniciativa y, por supuesto, por la importancia todo México estará al pendiente de ver como resuelven las y los legisladores, sabedores del compromiso que se adquiere al rendir protesta, retumba fuerte la parte que nos convoca y nos advierte: "Y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande"

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