El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) prepara el inicio de las deliberaciones formales para fijar el incremento salarial correspondiente al próximo año.
Por parte del sector patronal, representantes de organismos empresariales como Coparmex han planteado acotar el ajuste a un solo dígito, en un rango entre 9% y 9.9%, o limitarlo al nivel de la inflación observada más un punto porcentual, con el propósito de mitigar los costos laborales directos y preservar los registros del empleo formal.
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En contraparte, las organizaciones sindicales, entre ellas la Confederación de Trabajadores de México, han señalado que buscarán incrementos orientados al concepto de salario digno, mientras que la Confederación Revolucionaria de Obreros (CROC) planteó un alza del 12%.
Desde la perspectiva gubernamental en la Conasami, se considera que el comportamiento del empleo y del Producto Interno Bruto permite un ajuste superior al 10%, enfocado en alcanzar la meta de 2.5 canastas básicas urbanas hacia 2030 sin generar pérdidas de plazas de trabajo.
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El procedimiento se desarrollará conforme a los plazos legales establecidos en la normatividad laboral. Durante la última semana de noviembre, entre los días 23 y 27, el Consejo de Representantes abrirá la sesión permanente, mecanismo estatutario que permite a los consejeros reunirse en cualquier momento para deliberar.
El 30 de noviembre concluirá el plazo legal para la recepción formal de propuestas técnicas de sindicatos, cámaras patronales y organizaciones de la sociedad civil. A partir del 1 de diciembre, el Consejo quedará formalmente facultado para votar y emitir la resolución correspondiente que entrará en vigor el primer día del año siguiente.
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Durante la novena sesión ordinaria del Consejo de Representantes, la Dirección Técnica presentó un informe sobre el costo que representó para las empresas llevar a los trabajadores que ganaban por debajo del mínimo hacia el nuevo umbral.
En la Zona del Salario Mínimo General, este ajuste requirió un 1.8% de masa salarial adicional de la nómina registrada en el Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte demandó un 0.7% adicional de dicha nómina.
Asimismo, la sesión abordó las disparidades en la estructura laboral entre regiones: mientras que los 45 municipios de la frontera norte concentran a 2.3 millones de trabajadores formales asegurados, con un 90% adscrito al régimen ordinario del Seguro Social, en entidades del sur como Oaxaca, Guerrero y Chiapas predomina la adscripción al IMSS Bienestar y una reducida base industrial.
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Asimismo, los integrantes del Consejo abordaron los efectos que esta fijación genera en las negociaciones colectivas previas al cierre de año, José Luis Carazo Preciado, representante del sector obrero y el representante patronal Ernesto Alberto González coincidieron en que diversas empresas y sindicatos adelantan revisiones contractuales a octubre y noviembre para intentar anticipar el incremento sin el Monto Independiente de Recuperación.
Carazo advirtió que si se pacta por debajo de la resolución final del Consejo, las empresas se ven obligadas en enero a realizar un segundo ajuste legal, lo que deriva en un doble costo operativo y administrativo para los centros de trabajo. La inquietud en las empresas se refleja en las organizaciones sindicales, donde se reciben diariamente decenas de llamadas consultando el nivel en el que quedará fijado el salario para el siguiente ejercicio.
Como base técnica de la discusión que definirá el rumbo hacia la meta sexenal de 2.5 canastas básicas, la Dirección Técnica reportó que en la Zona General el salario mínimo cubre 1.93 veces la Línea de Pobreza por Ingresos Urbana, fijada en 163.50 pesos diarios, mientras que en la frontera norte la cobertura alcanza 2.7 veces dicho indicador.
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