Una llave que apenas gotea, cubetas a medio llenar y recibos impagables sobre la mesa. En Veracruz, una empresa prometió mejorar el servicio de agua hace más de una década. Hoy, sus cobros millonarios están bajo cuestionamiento.
Se trata del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS), que atribuye a más de 82 mil cuentas presuntos adeudos por 2 mil 660 millones de pesos. Sin embargo, las autoridades municipales aseguran que no existen documentos suficientes para justificar su cobro.
Para entender cómo se llegó hasta aquí, hay que regresar a 2015. Ese año comenzó el proceso para entregar la operación del agua a una empresa con participación privada, bajo la promesa de modernizar las instalaciones y mejorar el suministro.
Once años después, una auditoría estatal encontró 52 observaciones relacionadas con la operación de Grupo MAS. Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya había documentado problemas de supervisión que afectan los derechos relacionados con el agua y la protección ambiental.
¿Por qué una empresa administra el agua en Veracruz?
Antes de la llegada de Grupo MAS, el servicio estaba a cargo del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SAS), un organismo público que atendía a Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo, tres municipios de la zona metropolitana del puerto.
Sin embargo, el SAS acumuló problemas financieros. Un informe de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), con cifras a abril de 2016, documentó un déficit acumulado cercano a 647 millones de pesos.
Ante esa situación, las autoridades buscaron una solución mediante la participación privada. La propuesta contemplaba invertir en infraestructura, reparar tuberías, reducir fugas, mejorar el suministro y fortalecer el tratamiento de aguas residuales.
Así, en junio de 2015, el consorcio integrado por Odebrecht Ambiental e InterAgbar de México ganó la licitación. Un mes después se constituyó Grupo MAS, una empresa en la que los inversionistas privados tendrían la participación mayoritaria, junto con entidades públicas.
La concesión se otorgó por 30 años para Veracruz y Medellín de Bravo. Esto permitió a Grupo MAS operar el servicio y cobrar las tarifas, mientras las autoridades conservaron la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de sus compromisos.
Para esa vigilancia, en 2017 comenzó a funcionar el Instituto Metropolitano del Agua (IMA). Posteriormente, en 2021, empresas de la española Acciona adquirieron las acciones de Grupo Ambiental ProVeracruz, la sociedad que participaba como inversionista privado en Grupo MAS.
Los 2,660 millones de pesos que Grupo MAS busca cobrar
La controversia por los adeudos tomó fuerza en 2026, cuando Grupo MAS pidió al IMA que interviniera para recuperar pagos que consideraba pendientes. Sin embargo, las autoridades municipales cuestionaron si esos cobros estaban debidamente justificados.
Según un comunicado del Ayuntamiento de Veracruz del 30 de junio, la empresa entregó el 13 de mayo una memoria USB con un archivo de Excel que contenía una lista de cuentas consideradas morosas.
El problema, según el Ayuntamiento, es que esa lista no incluía documentos suficientes para comprobar el origen de las deudas, las cantidades reclamadas y si todavía podían cobrarse legalmente.
Por esa razón, el 15 de junio el IMA rechazó iniciar los cobros. Ocho días después, Grupo MAS planteó descontar esos recursos del dinero que debía entregar al organismo supervisor, según informó el gobierno municipal.
En total, la empresa reclama 2 mil 660 millones de pesos correspondientes a unas 82 mil 364 cuentas. De esa cantidad, más de 656 millones aparecen registrados como consumos no facturados, aunque sigue pendiente esclarecer cómo fueron calculados.
Además, el Ayuntamiento cuestionó la antigüedad de algunas deudas y los recargos aplicados. También señaló que ciertos cobros podrían haber prescrito, es decir, que el plazo legal para exigir su pago ya habría vencido.
Sobre el precio del servicio, Grupo MAS aseguró en mayo de 2026 que no puede aumentar las tarifas por decisión propia y que cualquier ajuste requiere acuerdos con los municipios. Esa declaración se refería a las tarifas, no a los adeudos que ahora están bajo cuestionamiento.
La magnitud del dinero involucrado también aparece en otros registros. Durante una sesión de Cabildo Abierto del 9 de junio, el IMA informó que Grupo MAS había cobrado más de 11 mil millones de pesos desde el inicio de la concesión.
La controversia llegó a la Fiscalía General del Estado de Veracruz el 19 de octubre, cuando el Ayuntamiento anunció una denuncia contra Grupo MAS por posibles delitos de administración fraudulenta y fraude en grado de tentativa.
De acuerdo con el comunicado oficial de la denuncia, también se pidió investigar pagos por 176.7 millones de pesos a empresas vinculadas con Acciona durante 2024 y 2025.
Por ahora, no está demostrado que todos los adeudos puedan cobrarse ni que las operaciones denunciadas constituyan delitos. Esas cuestiones deberán aclararse mediante la revisión de documentos y las investigaciones correspondientes.
¿Qué pasó con las mejoras prometidas?
Los cobros no son el único asunto bajo revisión. También está el cumplimiento de las mejoras que Grupo MAS prometió cuando asumió el servicio, desde reparar instalaciones hasta modernizar la infraestructura.
En septiembre de 2026, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) entregó al Congreso local una auditoría que registró 52 observaciones sin resolver: 45 sobre instalaciones y obras, tres financieras y cuatro legales.
Durante las inspecciones, los auditores encontraron equipos deteriorados, instalaciones que necesitaban mantenimiento y obras con documentación incompleta. También comprobaron que algunas plantas seguían funcionando, por lo que los hallazgos no significan que todo el sistema estuviera fuera de servicio.
Por su parte, Grupo MAS ha defendido el mantenimiento de su infraestructura. En una tarjeta informativa publicada por XEU el 12 de septiembre, aseguró que únicamente 22 hundimientos pendientes eran de su responsabilidad, frente a los cerca de 300 casos señalados por el Ayuntamiento.
La empresa también afirmó haber invertido en maquinaria, materiales y personal para mejorar la atención de los reportes. Sin embargo, ese posicionamiento no incluye cantidades que permitan comparar dichas inversiones con todos los compromisos originales de la concesión.
La revisión del ORFIS incluyó el dinero que pagan los usuarios. Los auditores señalaron que no pudieron seguir por completo el recorrido de esos recursos entre los dos fideicomisos utilizados por Grupo MAS, mecanismos financieros destinados a administrar la recaudación.
Durante la auditoría, la empresa sostuvo que ambos fideicomisos funcionaban conjuntamente y presentó documentación para explicar los movimientos. No obstante, el ORFIS consideró insuficientes las pruebas sobre el recorrido y destino final de los recursos, sin que ello demostrara un desvío de dinero.
Además, Grupo MAS no acreditó suficientemente los certificados anuales que debían respaldar el cumplimiento de las obligaciones sanitarias del agua durante 2022, 2023, 2024 y 2025.
La compañía presentó documentos relacionados con certificaciones de 2026 y argumentó que el IMA tenía responsabilidades en su tramitación. Sin embargo, el ORFIS consideró que no comprobaban el cumplimiento de los años anteriores.
La falta de esos documentos tampoco demuestra, por sí sola, que el agua distribuida estuviera contaminada.
El derecho al agua también está involucrado
Los problemas de supervisión no aparecieron por primera vez en la auditoría. En mayo de 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya había documentado deficiencias en la vigilancia del agua y el saneamiento en la zona metropolitana de Veracruz.
En su Recomendación 119/2024, la CNDH acreditó violaciones a los derechos al agua potable, al saneamiento, a un medio ambiente sano y al acceso a información ambiental.
La investigación también encontró contaminación por descargas de aguas residuales y afectaciones a ecosistemas, incluidos arrecifes. El documento recogió información de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sobre 753 quejas contra el operador durante 2021.
La recomendación estuvo dirigida a autoridades federales, estatales y municipales. También incluyó a Boca del Río, donde opera otra empresa. La CNDH señaló que entregar el servicio a particulares no elimina la obligación de las autoridades de garantizar el derecho al agua.
¿Qué sigue para los usuarios?
Por ahora, Grupo MAS continúa operando el servicio en Veracruz y Medellín de Bravo. Mientras tanto, las autoridades deben dar seguimiento a las 52 observaciones del ORFIS y a la denuncia presentada ante la Fiscalía estatal.
Aunque la empresa ha defendido públicamente aspectos de su operación y respondió a las observaciones de auditoría, sus declaraciones anteriores no constituyen una respuesta específica a la denuncia penal presentada en octubre.
En cuanto a los 2 mil 660 millones de pesos, todavía debe determinarse qué adeudos están debidamente comprobados y cuáles pueden cobrarse legalmente a los usuarios.
Once años después de la promesa de mejorar el servicio, la concesión sigue vigente. Las decisiones sobre la auditoría y la denuncia deberán establecer las responsabilidades correspondientes, mientras continúa sin resolverse la controversia por los cobros atribuidos a miles de cuentas.
