La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha puesto en marcha una reforma de la disciplina escolar que pretende recuperar la autoridad de profesores y directores, establecer reglas más estrictas de convivencia y responder a los episodios de violencia registrados en los centros educativos. Sin embargo, el decreto supremo firmado el 7 de noviembre en el colegio emblemático Alfonso Ugarte, en Lima, ha generado polémica por incorporar restricciones sobre la apariencia de los estudiantes que van mucho más allá de la prevención del acoso y las agresiones.
Las nuevas normas escolares de Perú contemplan desde amonestaciones verbales hasta suspensiones, matrícula condicional y expulsiones. También regulan el uso de teléfonos móviles, la presentación personal y las responsabilidades de las familias. El debate se concentra en una cuestión fundamental: hasta dónde puede llegar la autoridad de los colegios para imponer disciplina sin convertir la apariencia o la identidad personal de los alumnos en un problema educativo.
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la regulación de la imagen de los estudiantes. En los colegios públicos se prohíben el maquillaje, el cabello teñido, los piercings, los tatuajes y determinados accesorios, entre ellos pendientes, anillos, cadenas y pulseras. También se establecen limitaciones sobre la vestimenta, como la prohibición de llevar faldas por encima de la rodilla.
Las disposiciones incluyen exigencias diferenciadas por sexo: las alumnas deberán llevar el cabello "ordenado", mientras que los alumnos varones tendrán que llevarlo corto y acudir afeitados. Las reglas generales de higiene y presentación personal, incluido el pelo recortado para los estudiantes varones, también alcanzan a los centros privados, que deberán incorporar sus propias disposiciones en los reglamentos internos.
Esta diferenciación es precisamente uno de los puntos que ha provocado críticas por parte de figuras como la exviceministra de Educación Ana Andrade Pacora (quien ejerció bajo el mandato del expresidente Martín Vizcarra entre 2018 y 2020), quien considera equivocadas las restricciones relacionadas con la apariencia y las ha calificado de sexistas. Su objeción apunta a que imponer criterios distintos a chicos y chicas puede trasladar al ámbito escolar normas sociales sobre el aspecto físico que no guardan una relación directa con el aprendizaje ni con la prevención de la violencia.
La senadora progresista Ruth Luque (de Ahora Nación) también ha cuestionado que el Gobierno vincule la disciplina con la apariencia personal. Su crítica plantea otra dificultad: si el objetivo es mejorar la convivencia, resulta discutible que el cumplimiento de determinadas reglas estéticas tenga un peso comparable al de las conductas que perjudican directamente a otros estudiantes.
De las faltas leves a la expulsión: cómo funcionará el régimen disciplinario
El decreto clasifica las infracciones en tres categorías: leves, graves y muy graves. La respuesta dependerá de la naturaleza de la conducta y de su gravedad. Los profesores podrán recurrir a amonestaciones verbales, mientras que los casos de mayor entidad deberán comunicarse a la dirección del centro para que se adopten las medidas correspondientes.
Las sanciones pueden incluir suspensión temporal, matrícula condicional y expulsión. Entre las conductas consideradas muy graves figuran el acoso escolar, la violencia sexual, la discriminación, las amenazas, la extorsión y la posesión de armas. El uso no autorizado de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos para actividades ajenas a las educativas también queda sujeto a restricciones y puede constituir una falta grave.
Aunque la expulsión es una de las medidas que más atención ha recibido, la normativa establece que las autoridades deberán garantizar que el estudiante pueda continuar su formación en otro centro, con el propósito de que una sanción disciplinaria no se traduzca en la interrupción definitiva de su escolarización. Asimismo, el texto prohíbe expresamente los castigos físicos, humillantes y cualquier trato degradante; se trata de una distinción relevante, ya que el Gobierno pretende reforzar la autoridad de los docentes, pero bajo la premisa de que dicha autoridad no puede utilizarse para justificar agresiones o prácticas vejatorias contra los alumnos.
La aplicación de estas medidas exigirá criterios claros, procedimientos proporcionados y garantías para los estudiantes. No es lo mismo una infracción puntual que una conducta reiterada de acoso, del mismo modo que el uso ocasional de un teléfono no equivale a emplearlo para amenazar, grabar o difundir imágenes de otro menor.
La iniciativa llega después de un episodio que conmocionó a Perú. El 15 de septiembre se conoció una denuncia de presunta violencia sexual contra un estudiante de 16 años por parte de varios compañeros en el colegio Liceo Naval Almirante Guise, entonces administrado por la Marina de Guerra. Un juzgado de Lima ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes investigados.
Tras la denuncia, el Gobierno dispuso la reorganización del centro y su traslado temporal a la administración del Ministerio de Educación, un caso que reabrió el debate sobre los mecanismos de prevención, supervisión y respuesta ante el acoso y la violencia sexual en las escuelas. En este contexto, la presidenta Fujimori ha presentado las nuevas normas de disciplina como parte de una estrategia para recuperar el orden y evitar que situaciones de esa naturaleza se repitan; sin embargo, la reforma ha generado controversia debido a que combina medidas directamente relacionadas con la seguridad —como las sanciones por amenazas, agresiones o extorsión— con otras que regulan estrictamente el cabello, el maquillaje o el uso de accesorios.
Esa mezcla explica buena parte de la controversia. Combatir el acoso requiere protocolos de denuncia, protección de las víctimas, investigación de los hechos y acompañamiento psicológico. Las reglas sobre la apariencia, en cambio, responden a una concepción más tradicional de la disciplina escolar. El decreto reúne varios enfoques bajo una misma política, aunque sus objetivos y su eficacia no son necesariamente equivalentes.
La autoridad docente y los límites de una disciplina más rígida
Durante la firma del decreto en el colegio Alfonso Ugarte, Fujimori defendió que "el orden regrese a las aulas" y sostuvo que los niños deben aprender desde pequeños a respetar las normas y los límites sociales. El ministro de Educación, José Antonio Chang, respaldó la reforma y afirmó que en los últimos años se habían confundido los conceptos de disciplina y convivencia democrática.
El Gobierno asegura que el documento fue sometido a una etapa de prepublicación en la que recibió más de 6.000 recomendaciones de directores, docentes, familias y estudiantes; aportaciones que, según la presidenta, permitieron incorporar cambios sobre la presentación personal, las responsabilidades familiares y los criterios para aplicar sanciones. Por otro lado, diversos especialistas citados por medios peruanos como El Comercio advierten de que endurecer los castigos no garantiza por sí solo una reducción de la violencia. A su juicio, si bien regular los dispositivos digitales puede tener un fundamento pedagógico debido a que las interrupciones afectan a la concentración, resulta indispensable distinguir entre un uso indebido ocasional y la utilización de un teléfono móvil para acosar o vulnerar la intimidad de otra persona.
También se advierte que el miedo suele producir una obediencia inmediata sin generar cambios duraderos en el comportamiento. Por este motivo, se considera indispensable acompañar las medidas disciplinarias con intervención familiar, apoyo psicológico y un debido seguimiento educativo. Este planteamiento traslada el foco del debate hacia la eficacia real de la reforma: si bien sancionar puede ser necesario, esto no sustituye las acciones de prevención ni la atención directa a las causas subyacentes de la violencia.
La reforma disciplinaria forma parte de un paquete más amplio de anuncios educativos. Fujimori confirmó el regreso de la escala de calificación vigesimal, con notas de cero a veinte acompañadas de comentarios de los profesores. La presidenta sostiene que este sistema permitirá a alumnos y familias comprender mejor el rendimiento académico.
Asimismo, la presidenta anunció la implementación de una hora diaria de lectura, complementada con actividades para la casa y durante las vacaciones con el fin de que cada estudiante lea al menos un libro al mes. En materia de infraestructura, el plan del Gobierno contempla una intervención de gran escala orientada a la reconstrucción de 2.000 colegios y la modernización de otros 3.000, además de la instalación de internet satelital en todas las instituciones educativas del país. Se trata de compromisos de gran alcance cuyo éxito definitivo dependerá de la financiación, los plazos de ejecución y la capacidad administrativa para convertirlos en resultados concretos. @mundiario
