La presidenta del IEEQ, Grisel Muñiz, respaldó al Comité de Adquisiciones del órgano electoral ante las revisiones que realiza la ASF
La presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Grisel Muñiz Rodríguez, respaldó a las personas que integraron y conforman en la actualidad el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del órgano electoral local.
Recalcó que, en dicho Comité, no se toman decisiones de manera unipersonal para el otorgamiento de contratos; indicó que se trata de un procedimiento público que se hace frente a las empresas, en el que no interviene la presidencia ni las consejerías. Agregó que la presidencia del Consejo General no tiene “injerencia” sobre el comité.
“Los que han integrado el comité antes, los que se integraron con su servidora, tienen todo mi respaldo. Ninguna acción la toma una sola persona”, apuntó.
Aseveró que el instituto está abierto a las revisiones, pero subrayó que no se cometió corrupción en el proceso de emisión de contratos; no obstante, dijo que eso lo determinarán las autoridades correspondientes, en el marco de la investigación que inició la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el posible caso de corrupción y conflicto de intereses relacionado con Cajas Graf y Litho Formas, empresas que recibieron contratos por parte del IEEQ en 2021 y, esta última, también en 2024, con cero pesos a su favor, de acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Especificó que, en 2024, el IEEQ optó por “el mejor costo” en el proceso de licitación pública para materiales y documentación electoral, lo que derivó en el reintegro de 4.5 millones de pesos a las arcas gubernamentales.
“Se revisaron los contratos con todo lo que amerita también, por supuesto, fue revisado el comité y no recibimos ninguna observación, ninguna recomendación”.
Confirmó que el IEEQ está revisando su archivo histórico para proporcionar la información a la ASF, autoridad que comunicó que, como parte de sus investigaciones por el posible caso de corrupción y conflicto de intereses relacionado con ambas empresas, revisará 25 años las contrataciones hechas por el Instituto Nacional Electoral (INE), el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y los organismos electorales estatales.
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