A lo largo de casi 12 años como gobernador, Greg Abbott transformó a Texas en un modelo nacional de aplicación de leyes de inmigración a nivel estatal; invirtió miles de millones de dólares para desplegar soldados de la Guardia Nacional, detener a migrantes y construir barreras fronterizas, poniendo a prueba, en repetidas ocasiones, los límites de la autoridad estatal.
Sin embargo, el día de las elecciones, los votantes desplazaron a Abbott y eligieron a dos demócratas que han criticado sus políticas migratorias: Gina Hinojosa, la primera persona de origen mexicano elegida gobernadora de Texas, y Nathan Johnson, el primer demócrata elegido fiscal general desde 1994.
Johnson sucederá al fiscal general Ken Paxton, cuya oficina defendió las políticas migratorias del gobernador ante los tribunales federales.
Las históricas victorias demócratas en todo el país, incluido Texas, representaron un rechazo a las políticas económicas de la administración Trump y a su dura política migratoria, la cual ha derivado en incidentes en los que agentes federales han causado la muerte tanto de ciudadanos estadounidenses como de inmigrantes.
En Houston, donde un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mató a tiros a Lorenzo Salgado Araujo en julio, la gente colocó sus pegatinas de “Yo voté” (“I voted”) en el memorial dedicado a Salgado.
Los demócratas también recuperaron el apoyo de los votantes en los condados fronterizos —particularmente en el Valle del Río Grande—, quienes apenas dos años antes se habían inclinado hacia Trump cuando este basó su campaña en la deportación masiva de delincuentes. Antes de las elecciones, empresarios señalaron que las detenciones y deportaciones de personas indocumentadas dejaron a algunas empresas de construcción sin suficiente mano de obra.
Los resultados electorales brindan a los demócratas la oportunidad de replantear el enfoque de Texas respecto a la aplicación de las leyes de inmigración tras años de liderazgo republicano. No obstante, Hinojosa y Johnson heredarán un sistema consolidado mediante inversiones multimillonarias, leyes estatales, acuerdos con el gobierno federal y fallos judiciales que podrían limitar la rapidez con la que pueden cambiar el rumbo. “Obviamente, un nuevo gobernador estatal no puede reescribir las leyes de inmigración, pero Texas puede marcar la diferencia en cuanto a las decisiones que toma sobre cómo utiliza sus recursos estatales”, señaló Kristin Etter, directora de políticas y servicios legales del Texas Immigration Law Council, una organización sin fines de lucro de ámbito estatal que aboga por los derechos de los inmigrantes.
Tanto Hinojosa como Johnson han criticado el enfoque de Abbott respecto a la inmigración. Sin embargo, durante la campaña electoral, no se comprometieron a desmantelar por completo el marco migratorio que el gobernador y Paxton han construido a lo largo de la última década.
En marzo de 2021, Abbott anunció la “Operación Lone Star”, describiéndola como una colaboración entre agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas y miembros de la Guardia Nacional para combatir el tráfico de personas y de drogas hacia Texas. Para esta misión, se desplegaron aeronaves, embarcaciones y personal adicional. Según Abbott, esta medida era necesaria porque la administración Biden estaba implementando lo que él calificó como políticas de “fronteras abiertas”.
Más adelante, esa misma primavera, emitió —y posteriormente renovó— declaraciones de desastre que le permitieron movilizar recursos e imponer sanciones penales más severas a los inmigrantes que cruzaban la frontera hacia las zonas declaradas en situación de desastre. Finalmente, Abbott emitió una orden ejecutiva en la que afirmaba que el estado estaba siendo invadido y que el gobierno federal no lo estaba defendiendo; en ella, ordenó a los agentes estatales y a los miembros de la Guardia Nacional que detuvieran a los migrantes que cruzaran el río Bravo y los llevaran de vuelta a los puertos de entrada para que regresaran a México.
Hasta la fecha, la “Operación Lone Star” le ha implicado a Texas 11 mil millones de dólares.
Más tarde, en el verano de 2021, Abbott anunció que el estado financiaría y erigiría sus propias barreras a lo largo de la frontera entre Texas y México. A principios de este año, la Comisión de Instalaciones de Texas (Texas Facilities Commission) —la agencia estatal encargada del proyecto de construcción— dio por concluida la misión tras la instalación de aproximadamente 82.2 millas de barreras. La Legislatura estatal asignó 3,100 millones de dólares al proyecto como parte de los costos de la “Operación Lone Star”.
Hinojosa, quien no respondió a las preguntas de The Texas Tribune ni abordó cuestiones políticas durante una conferencia de prensa celebrada el jueves, ha declarado anteriormente que revisaría la eficacia de la “Operación Lone Star”.
“La Operación Lone Star solo debería existir para hacernos más seguros”, afirmó en una entrevista con KRGV-TV el mes pasado. “Lo que ha ocurrido es que hemos gastado miles de millones de dólares en este estado; miles de millones de dólares para detener a inmigrantes y para realizar labores policiales dirigidas a los inmigrantes. Eso no era un plan para mantenernos seguros. Necesitamos una revisión de la Operación Lone Star”.
También ha calificado la Operación Lone Star como “teatro político”.
“La seguridad pública no debería ser una maniobra política”, señaló. “Invertiré el dinero que sea necesario para mantener a nuestra comunidad a salvo”.
Los fondos destinados a la Operación Lone Star no son permanentes. El año pasado, la Legislatura —controlada por el Partido Republicano— aprobó cerca de 3,400 millones de dólares para la seguridad fronteriza dentro del presupuesto estatal vigente. Cualquier financiamiento para continuar con la operación durante el próximo ciclo presupuestario bienal, que comienza en otoño, tendría que ser renovado por los legisladores en la próxima sesión.
Cuando la Legislatura retome sus sesiones en enero, la Cámara de Representantes estará bajo el control de los demócratas; muchos de ellos, al igual que Hinojosa, han condenado —y votado en contra de— el gasto estatal en seguridad fronteriza.
Hinojosa criticó a Abbott por permitir que la policía estatal colabore con los agentes de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EU para localizar, arrestar y deportar a residentes indocumentados en Texas. Asimismo, ha manifestado que apoya la existencia de una frontera segura con México.
“Necesitamos fronteras seguras, sin duda; pero atacar a miembros de nuestra comunidad que son trabajadores y llevan mucho tiempo aquí no nos hace más seguros”, declaró a CNN el 8 de septiembre.
Demandas sobre inmigración
Johnson ha expresado opiniones similares, al tiempo que ha arremetido contra las políticas migratorias de Abbott. En sus declaraciones de campaña, afirma que apoya una lucha enérgica contra el contrabando de drogas, la trata de personas y “todas las formas de actividades delictivas transfronterizas”; añade, además, que los habitantes de Texas “deberían rechazar políticas y tácticas que dañan nuestro sentido de la decencia y fracturan a nuestras comunidades”.
“No deberíamos desviar recursos vitales de la seguridad pública para obtener rédito político. El fiscal general tiene un papel que desempeñar en todo esto: colaborar con las autoridades federales cuando sea apropiado, y bloquear las acciones federales cuando estas excedan los límites”. Etter señaló que una medida práctica que Hinojosa podría adoptar es dejar de renovar la proclamación de Abbott sobre la “crisis de seguridad fronteriza”, la cual ha ampliado considerablemente sus facultades sin pasar por la legislatura estatal.
Abbott ha renovado dicha proclamación en 69 ocasiones desde que la emitió por primera vez en 2021. Esto le ha permitido justificar el despliegue de miembros de la Guardia Nacional y agentes estatales en diversos puntos de la frontera entre Texas y México, con el fin de detener a personas que cruzan el río Bravo, en el marco de la “Operación Estrella Solitaria” (Operation Lone Star).
Johnson no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico por The Texas Tribune. En su calidad de máximo responsable jurídico del estado, Johnson deberá decidir si continúa con las batallas legales impulsadas por Paxton o si modifica la postura del estado.
La oficina de Paxton contribuyó a definir la política migratoria a nivel nacional mediante la presentación de demandas contra programas federales, como la “Acción Diferida para los Llegados en la Infancia” (DACA, por sus siglas en inglés) —un programa de la era Obama que ofrece protección temporal contra la deportación a ciertos inmigrantes sin antecedentes penales—.
Bajo la gestión de Paxton, la oficina del fiscal general también defendió medidas estatales de aplicación de la ley, como el Proyecto de Ley del Senado 4 (Senate Bill 4), que faculta a la policía para detener a personas sospechosas de haber cruzado ilegalmente la frontera entre Texas y México.
Paxton presentó más de 20 demandas relacionadas con la inmigración contra el gobierno federal, socavando las políticas de las administraciones de Obama y Biden destinadas a permitir que los inmigrantes aplazaran temporalmente su deportación o ingresaran al país de manera legal. Según sus críticos, el éxito inicial de Paxton se debió a que presentó estratégicamente estas demandas ante tribunales donde los jueces habían sido nombrados por el presidente Trump.
“Texas ha encabezado las principales demandas que buscan eliminar las protecciones para los inmigrantes en todo el país”, afirmó Kathleen Martinez, abogada de inmigración con despacho en Dallas. “Creo que si Texas deja de presentar y liderar estas demandas federales absurdas, eso ayudará a proteger nuestros programas a escala federal”.
César Cuauhtémoc García Hernández, abogado de inmigración del Valle del Río Bravo y profesor de Derecho en la Universidad Estatal de Ohio, señaló que la elección de Johnson como fiscal general por parte de los votantes de Texas es un hecho tan relevante como la elección de Hinojosa.
“Ken Paxton ha estado a la vanguardia, trabajando codo a codo con líderes republicanos de otros estados —y, más recientemente, con la administración Trump— para convertir a Texas en el modelo de políticas migratorias severas”, afirmó.
Muchas de las decisiones judiciales no representaron victorias claras para Paxton, señaló. En abril de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito —que cuenta con una mayoría conservadora reforzada por el presidente Trump durante su primer mandato— dictaminó que Texas puede aplicar una ley, conocida como SB 4, la cual permite a la policía detener a personas sospechosas de haber cruzado el río Bravo.
La ley establece que un juez puede ordenar la deportación de personas si son declaradas culpables conforme a la normativa estatal sobre entrada ilegal. No obstante, el tribunal de apelaciones no determinó que la ley fuera constitucional; simplemente indicó que Texas puede aplicarla mientras el caso sigue bajo litigio.
“Las victorias que ha obtenido Texas le han permitido, en esencia, trazar su propio rumbo —utilizando fondos de los contribuyentes estatales— para adoptar un enfoque más agresivo”, afirmó García Hernández. “Pero decir que Texas tiene permiso para trazar su propio rumbo es muy distinto a decir que está obligado a adoptar ese enfoque. Por tanto, la próxima generación de líderes estatales tendrá la oportunidad de replantear cómo utilizan los contribuyentes de Texas sus recursos financieros”.
Detenciones en el marco de la “Operation Lone Star”
Amrutha Jindal, quien supervisa la designación de defensa legal para personas sin recursos detenidas bajo la “Operation Lone Star” (Operación Estrella Solitaria) en su calidad de directora de “Lone Star Defenders”, prevé que Hinojosa reduzca el alcance de dicha operación; sin embargo, advirtió que los efectos de la iniciativa se dejarán sentir durante años.
Jindal indicó que su organización ha representado a cerca de 20,000 personas detenidas bajo cargos de invasión de propiedad privada, tráfico de personas y, en algunos casos, entrada ilegal, como parte de la “Operation Lone Star”. Actualmente, señaló, hay alrededor de 1,000 casos pendientes en los tribunales penales estatales.
“El programa podría desaparecer de nombre, pero no en la práctica, en lo que respecta a los casos que siguen su curso”, explicó Jindal.
Según los defensores de los derechos, los resultados electorales constituyen un referéndum no solo sobre las políticas migratorias de Trump, sino también sobre el trato que Texas dispensa a los inmigrantes.
“Los votantes a lo largo de la frontera y en todo el estado enviaron un mensaje contundente a los líderes de Texas: ya basta; saquen al ICE de nuestras comunidades”, declaró Osvaldo Grimaldo, estratega de políticas sobre la frontera y los derechos de los inmigrantes en la ACLU de Texas. Edna Yang, codirectora ejecutiva de American Gateways —una organización con sede en Austin que defiende los derechos de los inmigrantes—, señaló que interpreta los resultados electorales en Texas como una reacción ante el enojo de la gente tras “ser testigo de la crueldad hacia los inmigrantes que ha tenido lugar durante los últimos dos años, aproximadamente”.
Yang añadió que, independientemente de los resultados, su intención es seguir centrando la atención en los inmigrantes que se han visto afectados por las políticas migratorias estatales y federales. Espera que, con un nuevo liderazgo, quienes formulan las políticas puedan adoptar un enfoque menos punitivo y más humano hacia los inmigrantes.
“Todavía hay personas detenidas, familias separadas y solicitantes de asilo que necesitan representación legal, a quienes se les está negando el acceso al debido proceso”, afirmó Yang.
