--Mando militar mantiene Ceresos como hoteles
--Enfría Bonilla los pleitos en Consejo del PAN
--¿Por quién irá la FGR en el caso INE-Taddei?
--A los mexicanos les preocupa el empleo
Más allá del gran foco rojo general evidenciado con cinco de los nueve reclusorios de Chihuahua reprobados, algunos datos de la mayor gravedad aparecen en el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria, presentado hace unas semanas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),
Entre esas cinco cárceles con mala calificación están los dos más grandes del estado: el de Juárez (3), que no es el peor del estado, y el de Aquiles Serdán (1), pegadito a la capital, con resultado menor al fronterizo.
El diagnóstico desmonta la estrategia, llena de publicidad y vacía de acciones, de la Secretaría de Seguridad Pública, que mantiene al frente del sistema penitenciario estatal a un militar, Ricardo Fernández Acosta, señalado en una ficha del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como socio de un lavadólares del Cártel de Sinaloa.
De ese calibre el señalamiento, pese al cual se mantiene como subsecretario a cargo de los penales desde el año 2023, cuando fue la trágica fuga masiva de reos en la frontera.
Detrás de ese 5.70 que obtuvo el penal juarense y de ese 5.06 de la prisión de Aquiles, hay deficiencias que tienen que ver con la integridad de las personas privadas de la libertad, las condiciones de gobernabilidad, la reinserción social y la atención a grupos con necesidades específicas.
Es decir, fuera de los constantes operativos dizque sorpresivos para revisar los penales, diseñados más bien para no encontrar nada, están reprobados los renglones que deberían determinar si una prisión cumple con su propósito o simplemente funciona como un lugar para mantener encerradas a las personas casi por voluntad propia, porque son los internos los que mandan en las prisiones.
De muestra ahí está el último operativo en el Cereso fronterizo, el enésimo del año. La intervención alcanzó más de 200 celdas con 816 revisadas, para resultar con aseguramientos de puntas y lanzas hechizas, pero también juegos de mesa, mobiliario y cables que seguramente ingresaron desde el cielo, ni modo que pasaran por los porosos accesos al penal.
La sobrepoblación -a la luz del autogobierno de las prisiones que otra vez resulta exhibido, dado que los funcionarios dejan ese vacío que ocupan los reclusos- es un problema menor, pero a la vez es causa de un sinfín de señalamientos.
El diagnóstico nacional deja claro que Chihuahua enfrenta un problema más amplio. Incluso, la llamada Peni Vieja de la capital fue señalada por la presencia de personas privadas de la libertad en funciones de autoridad, un indicador particularmente delicado sobre las condiciones de gobernabilidad.
Por eso la inseguridad y la violencia no está encerrada ni contenida en los muros de los penales, usados casi como hoteles por la delincuencia.
Tras el diagnóstico de la CNDH, el relevo formal de Gilberto Loya -hoy fiscal provisional-, Luis Ángel Aguirre, anunció cambios en la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, derivados de las vacantes que se generarían con la reorganización institucional.
Aunque se esperaba una reestructuración en el sistema penitenciario, hasta la fecha, nada.
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La gobernadora Maru Campos optó por no acudir a la sesión del Consejo Estatal del PAN, realizada el sábado pasado en la capital, lo que le restó presión al encuentro y le dejó todo el escenario a quien se alista para su relevo, Marco Bonilla, virtual candidato a gobernador.
La sospecha y temor de los grupos panistas, incluso de los alineados al Palacio de Gobierno, era que, con el pretexto de aprobar las alianzas, los consejeros oficialistas pedirían que el PAN ejerciera una designación directa, un dedazo, en la candidatura por la capital, a favor de quien se vendía como el delfín de Maru, el priísta Santiago de la Peña, cada vez más hundido en sus propias intrigas y las circunstancias.
Al final no hubo tal. Bonilla metió en su bolsa el apoyo del grupo oficialista estatal, el de su propio grupo y el del bloque opositor jaureguista, y sacó junto con la dirigente estatal, Daniela Álvarez, el acuerdo para buscar alianzas, elaborar la plataforma electoral, impedir cualquier "dedazo" en la capital (aunque en la frontera sí habrá designación directa) y hasta emitir un posicionamiento formal a favor del exfiscal estatal, César Jáuregui Moreno, y en contra del régimen morenista que lo tiene recluido en Almoloya.
Desde luego, dicen los panistas que Álvarez y Bonilla no se fueron del todo por la libre. Recibieron permiso y bendición de su jefa desde los días previos a la sesión, en la que se esperaban ánimos caldeados, reclamos y mentadas, pero al final se quedaron con las ganas los que querían ese escenario.
El paquete de acuerdos, así como un aparente cambio de juego dictado por Palacio en la contienda interna del PAN por la candidatura de Chihuahua, acabó por desactivar los reclamos.
Así, el gran acuerdo para construir alianzas rumbo a 2027 no se quedó en la capital. Su eco llegó directo a Juárez, donde gobierna Morena y donde los azules saben que no basta con su propia estructura. El llamado que hizo Bonilla fue explícito: sumar a organizaciones sociales, empresariales, religiosas, civiles y a las fuerzas políticas que quieran mantener a Chihuahua en la ruta de la seguridad y el desarrollo.
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Por otra parte, la aprobación de la alianza del PAN con el PRI, aunque el acuerdo diga que es abierto a todas las fuerzas políticas, no resultó en sorpresa alguna. Era muy esperado el acuerdo panista para darle luz verde a su dirigencia para firmar el acta de matrimonio con el tricolor después de tantos años de noviazgo.
Por el lado panista, Jordy Herrera y Gabriel Díaz Negrete, súper asesores de Maru y ajonjolís de cualquier mole, ya tenían bien planchada la coalición con los priistas Alejandro Domínguez y Fernando Martínez.
Básicamente, hasta donde sabemos, habrán de respetarse las posiciones que ya tiene cada partido y hasta podrían adjudicarse más candidaturas para el PRI acá en la frontera, si le entra al reto de tratar de hacerle frente a la temida ola morenista.
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Para esta semana habrá de reactivarse, si se le puede decir así, el escándalo de presuntas irregularidades y contratos en el Instituto Nacional Electoral (INE) relacionado con Guadalupe Taddei, cuando comiencen las pesquisas oficiales tras la denuncia formalizada ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Los nombres clave que han surgido de la advertencia de la nueva consejera presidenta, Blanca Cruz García, apuntan a su antecesora y a los empresarios proveedores hermanos, José Alfredo Hernández Casillas y Raymundo Francisco Hernández Casillas, como primeros objetivos.
Pero por el listado de renuncias y ceses del INE a raíz de la salida de Taddei Zavala, desde luego que las baterías también apuntan a Lourdes Piña Soria del Valle, conocida como “Lulú”, señalada como la “superasesora” de la expresidenta; y su hija Itzel Sandino Piña Soria, vinculada a la empresa Promotora de Noticias Exactas, la cual recibió contratos públicos bajo cuestionamientos de simulación y plazos cortos.
En los listados que han trascendido figuran también Sergio Uzeta Murcio, el famoso excoordinador de Comunicación Social; Gilberto Solís Mendívil y hasta Lorenzo Córdova, expresidente del INE, cuyo nombre ha sido mencionado en el debate político al señalarse que las redes de contratos y opacidad abarcan tanto administraciones pasadas como la actual.
A los posibles objetivos de investigaciones federales habrán de sumarse otra decena de nombres de exfuncionarios vinculados a Taddei, además de uno de sus hijos.
Pero será de lo más relevante conocer a dónde, al paso de algunas semanas, que no deben ser muchas, apuntará la FGR para ejecutar alguna captura o cuando menos solicitar órdenes de aprehensión, porque la indudable afinidad morenista de Taddei volvería la investigación muy cuestionable si no es ella el primer objetivo de la FGR.
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La preocupación por el empleo sigue pesando sobre la confianza de los consumidores mexicanos. De acuerdo con el Inegi, en octubre el indicador que mide las expectativas de los hogares sobre la situación del empleo en el país durante los próximos 12 meses se ubicó en 44.8 puntos.
Aunque registró una ligera mejoría mensual de 0.2 puntos, respecto a octubre del año pasado presenta un retroceso de 2.6 puntos.
El dato es relevante porque refleja que, aun cuando las familias pueden tener expectativas moderadamente mejores sobre su propia situación económica, la percepción sobre el panorama laboral nacional se ha deteriorado.
De hecho, la expectativa sobre la economía del país para los próximos 12 meses también cayó 2.1 puntos a tasa anual, para ubicarse en 44.3. Es decir, el ánimo de los hogares muestra señales de cautela frente al futuro económico.
El mensaje de fondo es que la incertidumbre laboral puede estar frenando la confianza y las decisiones de consumo. Cuando las familias perciben un entorno de empleo menos favorable, tienden a ser más cuidadosas con sus gastos y compromisos.
Hay que precisar que este indicador no mide los empleos creados o perdidos, sino las expectativas de los consumidores; sin embargo, sí ofrece una señal de cómo están viendo los hogares el futuro del mercado laboral.
