España no puede instalarse otra vez en una sala de espera. Después de que el Congreso haya rechazado los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno, Pedro Sánchez tiene ante sí una decisión que trasciende su propia continuidad en La Moncloa: debe determinar cuanto antes si considera que todavía existen condiciones políticas para gobernar o si entiende agotada la legislatura y convoca elecciones. Las dos alternativas son plenamente democráticas. Lo que resulta difícilmente sostenible es prolongar durante semanas la incertidumbre mientras uno de los mayores problemas sociales del país continúa sin respuesta.
El pleno extraordinario de este viernes ofreció una imagen suficientemente reveladora del momento político. PP, Vox y Junts rechazaron los dos reales decretos ley sobre vivienda y dejaron sin efecto un paquete de medidas que el Ejecutivo había presentado como respuesta urgente a la creciente presión social. Pedro Sánchez tomó inesperadamente la palabra antes de las votaciones e hizo un último llamamiento a los diputados para que respaldaran las normas. Advirtió a PP y Junts de que serían juzgados “antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan”. El resultado no cambió.
Aquello sonó inevitablemente a campaña electoral. También la reacción posterior de Alberto Núñez Feijóo, reclamando al presidente que disuelva las Cortes y convoque a los ciudadanos, contribuyó a trasladar el debate desde la vivienda hacia la duración de la legislatura. España terminó así una jornada que había comenzado discutiendo alquileres, desahucios y fondos de inversión preguntándose cuándo serán las próximas elecciones generales. Es precisamente esa incertidumbre la que conviene resolver.
Gobernar no consiste únicamente en resistir, sino en reunir mayorías para actuar. Elecciones o negociación: cualquiera de las dos opciones exige una decisión rápida
La derrota parlamentaria tiene consecuencias inmediatas. Decaen medidas relacionadas con la protección frente a determinados desahucios, las prórrogas de contratos de alquiler, beneficios fiscales y limitaciones sobre algunas operaciones inmobiliarias. Podrá discutirse –y debe discutirse– si aquellas disposiciones estaban bien diseñadas, si algunas podían contraer la oferta de alquiler o si cargaban sobre propietarios particulares responsabilidades que corresponden al Estado. Pero, después de la votación, las medidas no entrarán en vigor y el problema que pretendían afrontar permanece.
Eso es lo verdaderamente importante. España no atraviesa una crisis parlamentaria sobre la vivienda porque los partidos hayan descubierto súbitamente el problema. La atraviesa porque durante demasiado tiempo la política no ha conseguido articular una respuesta suficiente a una realidad que afecta especialmente a jóvenes y familias de rentas medias y bajas. Los precios de compra y alquiler han avanzado mucho más deprisa que la capacidad económica de una parte importante de la población, mientras la oferta resulta insuficiente en numerosos mercados urbanos y turísticos.
El desahucio de Maricarmen Abascal convirtió esa situación estructural en un símbolo. La indignación posterior obligó a reaccionar con una rapidez desconocida durante meses. Las movilizaciones continuaron este viernes ante el Congreso y sus reproches no se dirigieron exclusivamente contra un partido: también alcanzaron al Gobierno y a las distintas formaciones incapaces de alcanzar un acuerdo. Esa transversalidad debería servir de advertencia. La sociedad puede comprender las discrepancias ideológicas; resulta mucho más difícil que comprenda la parálisis.
Los decretos eran discutibles y podían mejorarse. El propio hecho de que Junts presentara a última hora un texto alternativo demuestra que existía margen para seguir negociando. La política de vivienda necesita precisamente esa negociación porque cualquier solución seria tendrá que conciliar intereses que pueden entrar en conflicto: proteger al inquilino vulnerable sin expulsar viviendas del mercado, ofrecer seguridad jurídica al pequeño propietario sin tolerar abusos, incrementar la vivienda pública y asequible y, simultáneamente, movilizar inversión privada y construir mucha más vivienda allí donde la demanda lo exige. Pero la derrota de los decretos ha abierto ahora una cuestión anterior a todas esas: saber si existe una mayoría parlamentaria capaz de negociar esas respuestas. Sánchez tiene que contestarla.
La primera posibilidad es convocar elecciones anticipadas. Sería una salida constitucional y políticamente comprensible si el presidente concluye que la mayoría que hizo posible su investidura ha dejado de funcionar de manera suficiente para desarrollar un programa de gobierno. No basta con permanecer en La Moncloa. Un Ejecutivo necesita aprobar leyes, elaborar presupuestos, afrontar reformas y ofrecer respuestas a problemas que no pueden quedar suspendidos hasta que termine formalmente una legislatura.
Las elecciones permitirían a los ciudadanos pronunciarse sobre una situación política que ha cambiado considerablemente desde los anteriores comicios. Los partidos tendrían que explicar qué política de vivienda proponen, cómo pretenden financiarla, qué harán para incrementar la oferta, hasta dónde llegará la protección de los inquilinos y qué garantías ofrecerán a los propietarios. También tendrían que aclarar qué mayorías aspiran a construir después de las urnas.
Pero convocar elecciones no es la única respuesta democrática posible ni una derrota obligatoria del parlamentarismo. Sánchez puede concluir legítimamente que todavía dispone de margen para gobernar. La Constitución no exige a un Ejecutivo adelantar las elecciones cada vez que pierde una votación importante, y la fragmentación del Congreso hace inevitable que las mayorías cambien según los asuntos. Si esa es su decisión, deberá asumir las consecuencias.
Continuar la legislatura no puede significar simplemente esperar a que transcurran los meses. Exigiría presentar un horizonte político reconocible: qué leyes pretende aprobar el Gobierno, con quién piensa negociarlas, qué hará con los Presupuestos y, sobre todo, cómo volverá a afrontar inmediatamente la crisis de la vivienda.
En ese escenario, negociar otra vez con Junts no debería considerarse ni una humillación ni una anomalía. El parlamentarismo consiste precisamente en buscar mayorías. Junts sostiene que los decretos podían reducir la oferta y perjudicar al pequeño propietario; el Gobierno considera que sus medidas eran imprescindibles para proteger a las personas vulnerables. Ambas posiciones pueden confrontarse mediante datos, enmiendas y negociación. Si existe una zona de acuerdo que permita proteger a quienes pueden perder su casa y, simultáneamente, preservar la seguridad jurídica y estimular la oferta, la obligación de los partidos es buscarla.
Lo mismo cabe exigir al PP. Ser alternativa de Gobierno no consiste únicamente en esperar que fracase quien gobierna. La vivienda constituye un problema demasiado grave para limitar la respuesta a votar contra las iniciativas del Ejecutivo. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos, muchos gobernados por los populares, disponen además de competencias esenciales sobre suelo, urbanismo y vivienda. Si el PP considera equivocada la política gubernamental, debe presentar una alternativa suficientemente detallada para que pueda ser evaluada y debatida.
La cuestión de fondo es que España necesita volver a distinguir entre estabilidad y mera supervivencia. Un Gobierno puede encontrarse en minoría y ser estable si consigue construir acuerdos variables para sacar adelante sus políticas. Y puede permanecer formalmente en el poder mientras la legislatura se encuentra políticamente agotada si pierde de manera sistemática la capacidad de transformar sus propuestas en decisiones. La caída de los decretos de vivienda no demuestra por sí sola que Sánchez haya perdido definitivamente esa capacidad. Sí obliga a comprobar inmediatamente si todavía la conserva.
La vivienda no admite una política construida mediante sobresaltos legislativos cada pocos meses. La incertidumbre tiene costes
Hay además otro elemento que aconseja acelerar la decisión: la incertidumbre tiene costes. Los ciudadanos necesitan saber qué reglas regirán los alquileres; los propietarios necesitan conocer las condiciones bajo las que pueden ofrecer una vivienda; las empresas necesitan estabilidad normativa para invertir; las administraciones autonómicas y municipales necesitan coordinar políticas que requieren años para producir resultados. La vivienda no admite una política construida mediante sobresaltos legislativos cada pocos meses.
España necesita una estrategia que sobreviva incluso a los cambios de Gobierno. Construir más vivienda asequible, agilizar suelo y licencias, rehabilitar inmuebles, movilizar viviendas vacías, garantizar alquileres, proteger situaciones de vulnerabilidad y proporcionar seguridad jurídica son políticas cuyos resultados no caben dentro de un ciclo electoral. Precisamente por eso deberían formar parte de un acuerdo más amplio que la mayoría coyuntural necesaria para aprobar un decreto.
La jornada del viernes ha dejado una fotografía inquietante, pero también una oportunidad. El fracaso de los decretos puede conducir a otra fase de bloqueo o convertirse en el momento en que los partidos comprendan que la crisis habitacional ha alcanzado una dimensión que obliga a abandonar determinadas trincheras.
La responsabilidad principal corresponde ahora al presidente del Gobierno porque solo él puede despejar la primera incógnita. Las informaciones conocidas este viernes señalan que Sánchez está evaluando el escenario de un adelanto electoral, sin que hasta el momento exista una convocatoria anunciada. No debería prolongarse mucho más esa situación. Si considera terminada la legislatura, debe convocar las elecciones y permitir que los ciudadanos decidan. Si considera que todavía puede gobernar, debe decirlo también y demostrarlo negociando desde el lunes una nueva respuesta a la vivienda y explicando con qué programa, qué prioridades y qué apoyos pretende recorrer el tiempo restante. Ambas decisiones son legítimas. Ambas comportan riesgos. Ambas pueden defenderse democráticamente. Lo que España necesita ahora es una de ellas. @mundiario
