• AVER exige evitar restricciones a la inversión en la nueva Ley de Rentas CDMX.
• Se prioriza ampliar oferta habitacional para facilitar acceso al arrendamiento.
• Carlos Valladares destaca agilizar permisos (3-6 años) y dar certeza jurídica.
Carlos Valladares, director general de la organización, planteó que una política de vivienda orientada a ofrecer rentas accesibles debe acompañarse de medidas que faciliten la construcción, agilicen los permisos y otorguen certeza jurídica a los inversionistas. Desde su perspectiva, establecer nuevas restricciones al mercado podría reducir las alternativas habitacionales disponibles en la capital.
El directivo destacó que los tiempos para obtener permisos de construcción representan un obstáculo para desarrollar nuevos proyectos, pues pueden extenderse entre tres y seis años.
“Creo que deberíamos de agilizar definitivamente los permisos, pueden tardar de tres a seis años. Evidentemente, garantizar la certeza jurídica y claro que, fortaleciendo la infraestructura, permitiendo mayor densidad y altura en zonas con servicios y transporte. Esto contribuiría a ampliar opciones de vivienda en renta y de compra a distintos niveles”, comentó.
La postura de AVER ocurre en medio de la discusión sobre la iniciativa de Ley de Rentas, cuyo análisis, de acuerdo con la información proporcionada por la asociación, fue aplazado hasta el 28 de noviembre.
Este periodo representa una oportunidad para establecer mesas de diálogo entre autoridades, organizaciones sociales y representantes del sector inmobiliario, con el propósito de alcanzar acuerdos sobre las disposiciones de la propuesta.
El reto de ampliar la oferta
Valladares expuso que la Ciudad de México enfrenta un déficit habitacional de alrededor de 700,000 viviendas, aunque indicó que las cifras oficiales alcanzan las 800,000 unidades.
El directivo también describió un cambio en la distribución geográfica de los desarrolladores y constructores. De acuerdo con sus estimaciones, hace aproximadamente una década 80% de estos inversionistas se concentraba en la Ciudad de México y 20% operaba fuera de la capital. Actualmente, afirmó, esa proporción se invirtió.
Para AVER, las condiciones regulatorias y administrativas del mercado deben considerar la importancia de generar incentivos para el desarrollo de nuevos proyectos, así como evitar disposiciones que puedan reducir el inventario inmobiliario disponible.
La asociación considera que la discusión legislativa debe tomar en cuenta las posibles consecuencias económicas y sociales de las nuevas reglas, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo, particularmente por sus efectos en la inversión y la disponibilidad de vivienda en renta.
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