La investigación por presuntas irregularidades en las contrataciones de organismos electorales abrió una nueva etapa. Por primera vez, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) trabaja directamente con informantes que aportaron documentos, videos y conversaciones privadas para obtener una posible reducción de sanciones.
El organismo fiscalizador informó este lunes 9 de noviembre que la colaboración ha permitido conocer cómo habrían operado, durante varios años, distintas prácticas destinadas a favorecer a determinadas empresas en procedimientos de contratación pública.
De acuerdo con el comunicado difundido en su cuenta oficial, los testimonios han aportado indicios sobre la participación de empresarios y posibles vínculos con personas servidoras públicas en decisiones relacionadas con la selección de proveedores.
La investigación forma parte de las indagatorias sobre contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), en medio de los cuestionamientos sobre el manejo de recursos destinados a las elecciones.
¿Qué revelaron los informantes a la ASF?
Entre los materiales recabados destacan documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios y conversaciones de WhatsApp, además de nombres y alias de personas presuntamente involucradas.
La ASF señaló que estos elementos han permitido reconstruir parcialmente la manera en que habrían ocurrido distintas irregularidades en la adquisición de bienes y servicios para organismos electorales.
Uno de los hallazgos señalados por la institución consiste en la posible intervención de beneficiarios finales de empresas en la selección de proveedores y la definición de requisitos técnicos de contratación.
Los beneficiarios finales son las personas que, en última instancia, poseen, controlan o reciben los beneficios de una empresa, incluso cuando no aparecen directamente como sus representantes.
Su posible intervención resulta relevante porque los requisitos técnicos de una contratación deben responder a las necesidades de la institución, no diseñarse para beneficiar anticipadamente a un proveedor.
Por ejemplo, establecer condiciones que solamente pueda cumplir una compañía podría limitar la competencia y favorecer su contratación. Sin embargo, corresponde a la investigación determinar si estas prácticas ocurrieron y quiénes participaron.
Hasta ahora, la ASF no ha identificado públicamente a los informantes ni ha precisado qué contratos específicos están respaldados por los materiales que recibió.
¿Cómo funciona la reducción de sanciones?
La colaboración se desarrolla mediante el Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, sustentado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El artículo 88 permite que una persona involucrada en faltas administrativas graves o faltas de particulares confiese su responsabilidad para solicitar una reducción de sanciones.
A su vez, el artículo 89 establece que, bajo determinados requisitos, el beneficio puede representar una disminución de entre 50% y 70% del monto de las sanciones impuestas.
Para acceder a esa reducción, la persona debe cumplir condiciones como aportar pruebas suficientes, colaborar plenamente con las autoridades y acreditar la veracidad de su confesión.
La legislación también contempla beneficios menores para quienes aporten información posteriormente o confiesen una vez iniciado el procedimiento administrativo.
Esto significa que colaborar con la ASF no garantiza automáticamente una reducción de sanciones ni elimina las posibles responsabilidades de quienes participaron en los hechos investigados.
Por ahora, el organismo únicamente ha confirmado que existen personas interesadas en acogerse al programa, sin precisar cuántas han solicitado formalmente el beneficio ni si alguna petición ya fue autorizada.
Investigación alcanza contratos de varios años
El anuncio representa un nuevo avance en las investigaciones que la ASF mantiene sobre las contrataciones realizadas por autoridades electorales.
El 4 de noviembre, la Auditoría había anunciado una revisión histórica de las adquisiciones efectuadas entre 2000 y 2025 por el antiguo Instituto Federal Electoral (IFE), el INE y los organismos electorales locales.
La revisión busca identificar patrones de concentración de proveedores, posibles prácticas ilegales y relaciones entre empresas y funcionarios públicos.
Previamente, el 30 de octubre, el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó ante la Cámara de Diputados que dos grupos empresariales acumularon operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos con distintas entidades públicas entre 2014 y 2026.
De esa cantidad, 3 mil 790.3 millones correspondieron a operaciones con organismos electorales locales. Estos montos representan operaciones identificadas por la ASF, no recursos cuyo desvío se haya comprobado.
Las investigaciones también ocurren después de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, en medio de señalamientos públicos por posibles conflictos de interés y contrataciones irregulares.
No obstante, el nuevo comunicado no atribuye directamente responsabilidades a la exfuncionaria ni establece que los informantes hayan presentado pruebas en su contra.
¿Qué sigue en la investigación?
La ASF informó que continuará las diligencias para identificar a otras personas posiblemente involucradas, seguir el destino de los recursos públicos y promover las acciones legales que correspondan.
Todavía está pendiente conocer qué contratos fueron examinados, qué empresas aparecen en las evidencias y si los testimonios permitirán establecer responsabilidades administrativas o posibles delitos.
También deberá determinarse si la información proporcionada por los informantes coincide con los registros de contratación, los movimientos financieros y otros documentos oficiales.
El siguiente paso será establecer si los indicios reunidos pueden convertirse en pruebas suficientes para iniciar procedimientos y, eventualmente, imponer sanciones a los responsables.
3 datos destacados:
- La ASF recibió testimonios, videos, documentos y conversaciones de WhatsApp.
- La ley permite reducir determinadas sanciones entre 50% y 70% bajo condiciones específicas.
- Las investigaciones incluyen contratos de autoridades electorales y relaciones con grupos empresariales.
