Ante las publicaciones recientes sobre su participación en procedimientos relacionados con servicios al sector público, Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V., fijó su postura institucional y sostuvo que ninguna autoridad administrativa, fiscal o judicial ha determinado responsabilidad alguna en contra de la empresa.
La compañía señaló que algunos de los señalamientos difundidos se relacionan con procedimientos administrativos y recursos legales que, desde su perspectiva, deben distinguirse de una resolución definitiva. En ese sentido, afirmó que la existencia de una denuncia o inconformidad en trámite no constituye por sí misma una determinación de responsabilidad.
La postura de la empresa, fechada el 5 de noviembre, aborda seis aspectos: la situación de los procedimientos legales, una inconformidad presentada por un competidor en una licitación pública, su condición regulatoria, las observaciones de auditoría relacionadas con recursos públicos, los procesos de contratación gubernamental y la trazabilidad de sus operaciones.
Broxel sostiene que no existe una resolución de responsabilidad en su contra
Uno de los principales puntos planteados por la compañía es que, hasta la fecha de su posicionamiento, ninguna autoridad administrativa, fiscal o judicial había resuelto responsabilidad en su contra.
Broxel argumentó que los procedimientos y recursos que se encuentran en trámite deben presentarse como tales, sin atribuirles el carácter de resoluciones definitivas. La empresa también hizo referencia a la presunción de inocencia y a su reconocimiento en el ámbito administrativo sancionador.
Este señalamiento cobra relevancia en la cobertura de asuntos relacionados con contrataciones públicas y servicios financieros, donde es necesario diferenciar entre una inconformidad, una investigación, un procedimiento administrativo y una resolución emitida por la autoridad competente.
La compañía sostuvo que los hechos deben analizarse conforme a las etapas y determinaciones de cada procedimiento, y manifestó que atenderá los asuntos correspondientes ante las instancias legales.
La inconformidad de una licitación, otro de los puntos señalados
Respecto de un procedimiento ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Broxel explicó que se trata de una inconformidad promovida por una empresa que no obtuvo el resultado esperado en una licitación pública federal.
La firma considera que este recurso constituye un medio de defensa previsto en la legislación para los participantes de los procesos de contratación y no representa, por sí mismo, una falta atribuible a la empresa.
Broxel afirmó que participó con apego a las bases de la licitación y que presentará los elementos correspondientes ante la autoridad competente para acreditar su actuación.
El caso coloca nuevamente sobre la mesa la importancia de distinguir entre las controversias que pueden surgir durante una licitación y las responsabilidades que, en su caso, sean determinadas por las instancias facultadas para resolverlas.
Su condición como institución financiera supervisada
En materia regulatoria, Servicios Broxel afirmó que opera como Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), autorizada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México.
La empresa también precisó que las resoluciones emitidas por la CNBV en 2020 y 2022 estuvieron relacionadas con plazos de entrega de reportes regulatorios, asuntos que, según su postura, fueron atendidos y se encuentran concluidos.
Asimismo, sostuvo que ninguna autoridad ha determinado que haya participado en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La supervisión de las instituciones financieras y el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias son elementos centrales para el funcionamiento del sistema de pagos electrónicos. En este contexto, la compañía considera importante que la información sobre su situación regulatoria se presente con precisión y que los antecedentes administrativos se distingan de otros señalamientos.
Auditorías y responsabilidades sobre el ejercicio del gasto público
Otro de los temas abordados por Broxel son las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) relacionadas con la revisión de la Cuenta Pública, incluida la correspondiente a Liconsa 2020.
La empresa sostuvo que las observaciones de la ASF se formulan a los entes públicos responsables de ejercer y comprobar los recursos presupuestales. En su calidad de prestador de servicios, afirmó haber entregado en tiempo y forma la documentación que le fue requerida.
A partir de esta distinción, Broxel señaló que las observaciones dirigidas a una entidad pública no deben atribuirse automáticamente a sus proveedores.
El tema resulta relevante para la cobertura de contratos gubernamentales, debido a que la prestación de un servicio, la ejecución del presupuesto y la comprobación del gasto involucran responsabilidades distintas. La revisión de cada caso requiere identificar a qué entidad se dirige una observación y cuál es el alcance de la documentación solicitada.
La contratación pública corresponde a las dependencias
En relación con los mecanismos de contratación gubernamental, Broxel recordó que la decisión de utilizar una licitación pública, una invitación restringida o una adjudicación directa corresponde a la dependencia convocante, conforme al marco legal aplicable.
La empresa indicó que participa en estos procesos y presta servicios con base en su capacidad técnica, solvencia operativa y precio. También señaló que trabaja con gobiernos de los tres órdenes y con empresas privadas, bajo los mismos estándares de servicio.
Este punto establece una diferencia entre las facultades de las instituciones públicas para definir sus procedimientos de contratación y la participación de las empresas que compiten por ofrecer bienes o servicios.
La compañía añadió que es ajena a cualquier actividad política o electoral.
Trazabilidad: cada transacción queda registrada y es auditable
Uno de los argumentos centrales de la postura institucional se refiere al registro de las operaciones financieras. Broxel afirmó que su infraestructura tecnológica y de pagos opera bajo regulación y contratos, y que cada dispersión y transacción queda registrada y puede ser auditada.
La empresa aseguró que esta información está disponible para las autoridades y destacó la trazabilidad como un elemento para documentar el recorrido de los recursos y las operaciones realizadas a través de sus plataformas.
En los servicios de dispersión y pagos, el registro de las transacciones permite contar con información sobre los movimientos procesados. No obstante, Broxel precisó que la responsabilidad sobre el destino, la justificación y la comprobación de los recursos corresponde a quien los emite y ejerce.
Esta distinción adquiere importancia en los contratos relacionados con recursos públicos, donde intervienen tanto los proveedores tecnológicos como las dependencias responsables de administrar y comprobar el presupuesto.
Broxel ejerce su derecho de réplica
Al cierre de su posicionamiento, la empresa señaló que respeta la libertad de expresión, pero consideró que la cobertura de los asuntos relacionados con su operación debe sustentarse en información verificable y distinguir entre señalamientos y hechos documentados.
También informó que ha ejercido el derecho de réplica conforme a la legislación mexicana en la materia y que se reserva las acciones civiles y legales que considere procedentes ante la difusión de información que estime falsa y perjudicial para su reputación.
La postura de Servicios Broxel coloca el énfasis en tres elementos: su condición como institución financiera supervisada, la diferenciación entre procedimientos en trámite y resoluciones de autoridad, y la capacidad de rastrear y auditar las operaciones que procesa.
La evolución de los procedimientos mencionados y las determinaciones que, en su caso, emitan las autoridades serán relevantes para conocer el alcance de las controversias. Mientras tanto, la empresa sostiene que cuenta con documentación para respaldar su actuación y que defenderá su posición ante las instancias correspondientes.
